Visto el increíble éxito de crítica, medios, equidistancia y público, de la Ley Sinde, los distintos ministerios del gobierno, se encuentran reunidos para elaborar nuevas normas legales siguiendo el mismo brillante modelo.

    Bibiana Aído, apura las horas -con una gran ronda de cafés- en el Ministerio de Igualdad, para crear de inmediato una Comisión. Todos los acusados de maltrato a la mujer, dispondrán de 4 días desde la formulación de la denuncia, para presentar alegaciones. Si no les da tiempo –que no les dará-, o se da cualquier otra circunstancia de las tantas que se producen en España en cuestión de Justicia y gobernanza, el maltratador será encarcelado y quedará a la espera de juicio durante el tiempo habitual (años).

   De igual modo, todos los acusados de machismo, serán encerrados y apartados de la vida social, hasta que se vea la causa. Media España en chirona.

   Pérez Rubalcaba y Caamaño no duermen esta noche, ni dormirán en unas cuantas. Cuatro días después de que alguien sea sospecho de corrupcíon ¡A la cárcel! Ladrones de todo pelaje, violadores, pederastas, narcotraficantes ¡todos entre rejas a los 4 días de ser mentados! Aquí entran políticos y jueces arbitrarios y prevaricadores… todos apartados de sus cargos, y encerrados, hasta que demuestren si había motivo o no.

   Los periodistas que conspiran, manipulan, incluso los que no informan –porque atentan contra el derecho fundamental de la sociedad a la información- ¡a la trena!, o clausurados e inhabilitados.

   Y, sobre todo, quienes tengan aspecto de terrorista. La Comisión de Interior –en este caso- patrullará las calles para decidir, según su particular saber y entender, quienes tienen mala pinta y merecen ser considerados culpables, a la espera de que demuestren su inocencia. En España, como en China habrá que demostrar la inocencia, nada de que la justicia pruebe su culpabilidad.

  Quienes atentan contra el medio ambiente… ¡ahí está Elena Espinosa formando su Comisión cediendo horas al sueño!

  Celestino Corbacho medita su Comisión, que sea presentable, digna, homologable, para paralizar a todos aquellos empresarios que están destruyendo empleo y no creándolo. A los Bancos que no facilitan créditos. Se halla reunido con la Ministra de Economía. Ambos toman decisiones conjuntas, en unión de la Vicepresidenta. La primera, inhabilitar a las dos vicepresidentas, y al tercer vicepresidente porque ni sabe que Comisión formaría. Y también a los ministros que no están formando su Comisión y su ley, salvo a José Blanco que para eso lo aprueba el PP. En cuanto llegue el PP al gobierno, por cierto, se autoinhabilitarán ellos solos.

   Enterado de las intenciones de sus colegas, Manuel Chaves ha corrido al Ministerio/vicepresidencia de política territorial y afina varias comisiones: para descartar de la escena pública a vascos y catalanes (cediendo a las presiones del Partido Popular) y a todos los causantes de las disfunciones que jalonan este país. Todos a la calle, o, mejor, a esperar encerrados un juicio que llegará cuando toque.

   Beatriz Corredor, tiene ya lista su Comisión para sacar fuera del mapa a los que obstruyen el acceso a una vivienda digna infringiendo el derecho que nos otorga la Constitución.

   Ángel Gabilondo, afila sus medios para poder apartar a quienes obstruyen la educación en España que tantos pesares nos cuesta. No ve la hora de lograrlo, y Sinde ha marcado el camino. Con Zapatero al mando del buque, con esa cincuentena de brillantes autores afamados en tres cuartos de mundo, remando. Secretamente se propone deportar a Sinde, porque cultura y educación están muy unidas.

  Trinidad Jiménez, mujer sensata,  sabe que, pese a lo que parezca, le ha tocado la papeleta más difícil: ha de inhabilitar –por supuesto con su  Comisión- a todos los ciegos que pilotan nuestros destinos, a todos los –entre ellos- enfermos de soberbia y autocracia.

   Queridos míos, sin Internet desde luego, pero nos vamos a quedar solos. Solos y juntos. Usaremos señales de humo para comunicarnos que eso no es aún motivo de sanción –entra en el acervo cultural de nuestros gobernantes-. Es duro aceptar una ley como la Sinde/Zapatero/Autores de la SGAE, pero ¿y lo bien que va a marchar este país con todo lo que sobra para que funcione?

  Actualización 9/1/2010:

   Malas noticias para la Ley Sinde. Nicolás García Rivas, catedrático de derecho penal, publica en El Correo, un interesante análisis. Entresaco el nudo de la cuestión:

…»Sin embargo, el sistema explicado por el ministro parece ideado por un enemigo del Gobierno o, lo que es peor, por los asesores de las entidades gestoras de los derechos de autor.

En efecto, aunque Caamaño ha calificado reiteradamente la propiedad intelectual como derecho ‘fundamental’, lo cierto es que la descarga ilícita de contenidos protegidos afecta sólo a derechos ‘patrimoniales’ de los creadores, que carecen por completo de esa categoría. Por muchas vueltas que le dé el Gobierno, el cierre de una página ‘web’ es una medida restrictiva de derechos individuales que debe adoptarse con los criterios previstos en nuestra legislación para este tipo de asuntos.

Sin embargo, para sorpresa de cualquier jurista, el Gobierno ha decidido aplicar a estos casos el procedimiento de tutela de los derechos fundamentales, que nuestra legislación arbitra a los ciudadanos cuando un órgano administrativo lesiona sus derechos. En una pirueta jurídica de escaso recorrido (el Tribunal Constitucional lo derogará, a buen seguro), el Ejecutivo da la vuelta a la cuestión y sostiene que el propietario de los derechos de autor debe ser tutelado por el órgano judicial ante la conculcación de sus derechos (‘fundamentales’) por un particular.

La Constitución no lo permite. Por el contrario, el derecho a la libertad de expresión del propietario de la página ‘web’ sí podría protegerse mediante ese procedimiento ante una intromisión ilegítima de la Administración (por ejemplo, la Comisión de Propiedad Intelectual). Se trata, claramente, de un fraude de etiquetas».

  Los reunidos en los ministerios, aunque no suelen leer estas cosas, han sido avisados. Tras unos minutos de titubeo, han dicho al unísono (en cada sede por supuesto): «Nosotros afrontamos delitos, no defensa de intereses patrimoniales, nosotros queremos detener las disfunciones, que España marche. ¡Seguimos!-2 Y ahí continúan trabajando en sus Leyes y Comisiones.