Los días en que cayeron las caretas

Últimas horas antes de la batalla –que así la contemplan muchos-. El Rey Felipe VI, nos dicen, “ha despejado su agenda para seguir la crisis desde Zarzuela”. Gran despliegue de medios atentos a los detalles en lucha por las audiencias. En este partido se juega mucho. En esta democracia, más. Despliegue policial, restricciones en el espacio aéreo, desmesura sin fin. La escalada de tensión sigue, ahora con la querella de la Generalitat contra el Fiscal General del Estado y se prevé seguirá

Las posiciones están claras, más claras que nunca. En los últimos días han caído múltiples caretas. Y ya es un resultado nada desdeñable de la ficha que se mueve en Catalunya. En un tablero que se quiere inamovible aunque sea remachando con clavos cada esquina y cada figura. Contranatura. Eppur si muove (y sin embargo se mueve) dicen que dijo Galileo Galiei ante la Santa Inquisición después de que le hicieran retractarse de que la Tierra y los planetas giran alrededor del sol y no al revés.

 El fotomatón se encuentra a pleno rendimiento. Se han retratado hasta quienes están de habitual al margen de todo compromiso. Fuera de ironías, muchas personas se han visto impelidas a significarse. Por lo que entiendan que se juegan. Políticos profesionales también. Albert Rivera, Inés Arrimadas, Ciudadanos y todos sus líderes, se han empleado a fondo en recoger apoyos a Rajoy, sin el menor disimulo. Algunos destacados miembros del PSOE, también.  Susana Díaz, desde Andalucía, no ha desperdiciado la ocasión de demostrar cuan cerca está del PP. Y lo feliz que le haría un gobierno de concentración como a varios de sus colegas.  La galería de ilustres del pasado se ha prodigado en declaraciones a juego, en la gama de 23F a Paz franquista.

El propio PP ha actualizado su foto, con su actitud represora y el striptease integral de su vídeo Hispanofobia. Un agrupamiento de declaraciones para fomentar el odio y el enfrentamiento con selección y omisión premeditadas. Sí, los independentistas también han ido a cara descubierta. Y los medios, en plan descarnado. Pura militancia en muchos casos. Entrar en algunos de ellos es como una inyección de adrenalina y violencia.

Todo un poderoso bloque que no entiende triunfo sin humillación. Los ciudadanos se han apuntado de igual modo, arengados por ellos o por propia iniciativa. Y así puedes encontrarte a viejos luchadores por los derechos y libertades dispuestos a infligir un severo castigo a Catalunya. No sé sabe si en todo o por partes.

Las noticias sobre incautaciones de material democrático, como urnas o papeletas, utilizan el mismo lenguaje que para los alijos de drogas. Se ha detenido a políticos, se ha llamado a testificar a casi 900 alcaldes, se podría llevar al calabozo hasta al presidente de Catalunya, Carles Puigdemont. Multas millonarias y hasta 600.000 euros por estar en una mesa electoral. La fiscalía pide vigilar a los niños, trazar sus perfiles, por si van a manifestaciones. Fichas y seguimiento policial y judicial desde niños. Y mucha gente lo ve normal. El poco aprecio por la democracia, por los propios derechos y libertades, es otra de las grandes fotos reveladas estos días.

Porque no nos engañemos, mucha gente en España detesta a los catalanes, hasta por su acento. Del mismo modo que a mucha otra no le caen bien los andaluces. Ni los vascos. Y cuelgan distintos carteles a los demás. Atribuyen a todos los defectos que les desagradan de unos pocos, el tópico hecho categoría. Es lo que tiene la España una, grande y libre en la que se empeñan.

En los permanentes puntos oscuros del conflicto está la legalidad o ilegalidad de la consulta y, en su caso, la hipotética independencia. El magistrado y miembro de Jueces para la Democracia, Joaquim Bosch los resume aquí. Pero llama atención que quienes no han dejado de cambiar las leyes a su conveniencia desde el Estado hayan visto como problema insoluble introducir modificaciones para hacer esa consulta legal. Hablamos de los Constitucionalistas del 135 que, insistamos, metieron en nuestra Carta Magna la prioridad absoluta de los acreedores del Estado sobre las necesidades de los ciudadanos.

El PP se hizo con leyes que hoy le ayudan en su gestión: la ley Mordaza o la Reforma del Código Penal con su Pacto antiyihadista que permite castigar con penas elevadísimas a un cajón de sastre en el que caben hasta titiriteros, según en manos de quién caiga. Con consenso de PSOE y Ciudadanos. O el convertir al Tribunal Constitucional en un órgano sancionador que incluso le permite estar de guardia en fin de semana. Años en emitir sentencias y ahora trabaja en festivos. Y lo que más está llamando la atención en el exterior –por si nos sirve de algo- es la sin igual actuación de la Fiscalía.  Lean a José Precedo y decidan si es sostenible la permanencia de Maza en el cargo, y si puede estar en su mano manejar graves delitos como la sedición o la rebelión.

En el exterior, se empieza a contemplar con preocupación la desproporcionada actuación del gobierno del PP. Aunque también aquí se van retratando en opiniones diversas mandatarios extranjeros. Ni Trump en su foto con Rajoy se significó demasiado. El envío masivo de policía y Guardia Civil, los recortes de libertades, tienen importancia para algunos. Expertos de la ONU instan a España a respetar los Derechos Humanos.  Y son ya numerosas las voces que piden una solución negociada, el último por ahora, Tajani, el presidente del Parlamento Europeo. Un editorial de Financial Times, muy destacado en sus preámbulos sobre la ilegalidad de la consulta, pedía volver a los compromisos del Estatut que “pulió” el PSOE y contra el que luchó férreamente el PP. Siempre llegamos a la foto final: el PP. Pero no la misma: aquí le tienen defendiendo la consulta porque en aquellos días le venía mejor atacar al gobierno a Zapatero.

Los ciudadanos bien educados no dejan de pedir críticas “al otro” y hablan de bandos. Nunca los bandos tienen las fuerzas equilibradas, ni inician las hostilidades al mismo tiempo y con igual intensidad. Volvemos a equidistancias imposibles. Miles de páginas y voces dan la palabra y el abrazo al «bando» con más posibles y a lo que tapa del otro. La batalla de esos catalanes en la calle, de los estudiantes sin miedo, empieza a ser una lección. Dado el tratamiento aplicado a su voluntad de decidir.

Las caretas han caído. Y lo peor es que ha aflorado la España de las tinieblas. La que cuelga banderas de una sociedad a la que no defiende. Las despedidas las fuerzas de seguridad como si fueran a combatir en Afganistán, con discursos de jefes civiles y sus “A por ellos” de los espontáneos nos han hecho regresar a las catacumbas. La España que se arroga la representación de todos. Con esos ejemplares que apenas saben esbozar una idea coherente, ni siquiera expresarla. Dura España terrible, temible, aborrecible, irascible, insufrible, España inamovible, imposible, impasible, como escribió Alberti.

Demasiadas cortapisas para que el referéndum de Cataluña pueda celebrarse con garantías. Pero habrá que hablar después. Va a tener repercusiones incluso en la UE. Otros territorios quieren independizarse de sus países. Una Europa débil por sus errores, que se resquebraja en Brexit y desequilibrios, pretende aparentar que nada ocurre. Como aquí.

La foto final del domingo, 1 de Octubre, es decisiva. Todos los que han contribuido a elevar las tensiones al extremo, están tocados y deberían irse. El primero, Mariano Rajoy, por su intransigencia y siembra de conflictos. Por el ambiente bélico que ha creado. Es el principal culpable. De entrada no ocurrirá así, pero les va a pasar factura. Adelantan que hasta podrían sacar al Rey a tener su foto asimilando el 1-O con el 23F. Debería ser prudente.

Fuera las caretas, en los salones quedan retratos a lo Dorian Grey. La España de Rajoy y su larga corte, con Cataluña y en el mundo, podría plasmarse en la respuesta dada este viernes por el embajador español a un diputado finlandés, Mikko Kärnä, favorable al derecho a decidir en Catalunya: “Sí. Ok. Pero si un día Finlandia tiene problemas de seguridad y necesita la solidaridad de los socios de la UE, vaya a buscar la solidaridad a Cataluña”.  Un embajador.

Nada será igual. Se han dicho y hecho cosas terribles. Se han disparado miedos, ataques y crispaciones. Mucha visceralidad y escasa razón. Se han despertado ilusiones y reivindicado dignidades también. Se pueden ver más verdades y menos hipocresía. Las fotos están claras en el andén. Algunos de los protagonistas no saben que, pase lo que pase el domingo, ya han perdido el tren.

¿Se hará cumplir… la Ley?

Ante las manifestaciones convocadas para el aniversario del 15M el Gobierno del PP dice que «se hará cumplir la ley». No me aclaro, ¿qué ley? ¿la de limitación de horario en las manifestaciones? Con tanto cambio no me he enterado de su promulgación.

En todo caso, otra de rango superior,  la Constitución, dibuja otro marco:

Artículo 21.

1. Se reconoce el derecho de reunión pacífica y sin armas. El ejercicio de este derecho no necesitará autorización previa.

2. En los casos de reuniones en lugares de tránsito público y manifestaciones se dará comunicación previa a la autoridad, que solo podrá prohibirlas cuando existan razones fundadas de alteración del orden público, con peligro para personas o bienes.

Todos los ministerios reunidos para elaborar leyes Sinde

      Visto el increíble éxito de crítica, medios, equidistancia y público, de la Ley Sinde, los distintos ministerios del gobierno, se encuentran reunidos para elaborar nuevas normas legales siguiendo el mismo brillante modelo.

    Bibiana Aído, apura las horas -con una gran ronda de cafés- en el Ministerio de Igualdad, para crear de inmediato una Comisión. Todos los acusados de maltrato a la mujer, dispondrán de 4 días desde la formulación de la denuncia, para presentar alegaciones. Si no les da tiempo –que no les dará-, o se da cualquier otra circunstancia de las tantas que se producen en España en cuestión de Justicia y gobernanza, el maltratador será encarcelado y quedará a la espera de juicio durante el tiempo habitual (años).

   De igual modo, todos los acusados de machismo, serán encerrados y apartados de la vida social, hasta que se vea la causa. Media España en chirona.

   Pérez Rubalcaba y Caamaño no duermen esta noche, ni dormirán en unas cuantas. Cuatro días después de que alguien sea sospecho de corrupcíon ¡A la cárcel! Ladrones de todo pelaje, violadores, pederastas, narcotraficantes ¡todos entre rejas a los 4 días de ser mentados! Aquí entran políticos y jueces arbitrarios y prevaricadores… todos apartados de sus cargos, y encerrados, hasta que demuestren si había motivo o no.

   Los periodistas que conspiran, manipulan, incluso los que no informan –porque atentan contra el derecho fundamental de la sociedad a la información- ¡a la trena!, o clausurados e inhabilitados.

   Y, sobre todo, quienes tengan aspecto de terrorista. La Comisión de Interior –en este caso- patrullará las calles para decidir, según su particular saber y entender, quienes tienen mala pinta y merecen ser considerados culpables, a la espera de que demuestren su inocencia. En España, como en China habrá que demostrar la inocencia, nada de que la justicia pruebe su culpabilidad.

  Quienes atentan contra el medio ambiente… ¡ahí está Elena Espinosa formando su Comisión cediendo horas al sueño!

  Celestino Corbacho medita su Comisión, que sea presentable, digna, homologable, para paralizar a todos aquellos empresarios que están destruyendo empleo y no creándolo. A los Bancos que no facilitan créditos. Se halla reunido con la Ministra de Economía. Ambos toman decisiones conjuntas, en unión de la Vicepresidenta. La primera, inhabilitar a las dos vicepresidentas, y al tercer vicepresidente porque ni sabe que Comisión formaría. Y también a los ministros que no están formando su Comisión y su ley, salvo a José Blanco que para eso lo aprueba el PP. En cuanto llegue el PP al gobierno, por cierto, se autoinhabilitarán ellos solos.

   Enterado de las intenciones de sus colegas, Manuel Chaves ha corrido al Ministerio/vicepresidencia de política territorial y afina varias comisiones: para descartar de la escena pública a vascos y catalanes (cediendo a las presiones del Partido Popular) y a todos los causantes de las disfunciones que jalonan este país. Todos a la calle, o, mejor, a esperar encerrados un juicio que llegará cuando toque.

   Beatriz Corredor, tiene ya lista su Comisión para sacar fuera del mapa a los que obstruyen el acceso a una vivienda digna infringiendo el derecho que nos otorga la Constitución.

   Ángel Gabilondo, afila sus medios para poder apartar a quienes obstruyen la educación en España que tantos pesares nos cuesta. No ve la hora de lograrlo, y Sinde ha marcado el camino. Con Zapatero al mando del buque, con esa cincuentena de brillantes autores afamados en tres cuartos de mundo, remando. Secretamente se propone deportar a Sinde, porque cultura y educación están muy unidas.

  Trinidad Jiménez, mujer sensata,  sabe que, pese a lo que parezca, le ha tocado la papeleta más difícil: ha de inhabilitar –por supuesto con su  Comisión- a todos los ciegos que pilotan nuestros destinos, a todos los –entre ellos- enfermos de soberbia y autocracia.

   Queridos míos, sin Internet desde luego, pero nos vamos a quedar solos. Solos y juntos. Usaremos señales de humo para comunicarnos que eso no es aún motivo de sanción –entra en el acervo cultural de nuestros gobernantes-. Es duro aceptar una ley como la Sinde/Zapatero/Autores de la SGAE, pero ¿y lo bien que va a marchar este país con todo lo que sobra para que funcione?

  Actualización 9/1/2010:

   Malas noticias para la Ley Sinde. Nicolás García Rivas, catedrático de derecho penal, publica en El Correo, un interesante análisis. Entresaco el nudo de la cuestión:

…»Sin embargo, el sistema explicado por el ministro parece ideado por un enemigo del Gobierno o, lo que es peor, por los asesores de las entidades gestoras de los derechos de autor.

En efecto, aunque Caamaño ha calificado reiteradamente la propiedad intelectual como derecho ‘fundamental’, lo cierto es que la descarga ilícita de contenidos protegidos afecta sólo a derechos ‘patrimoniales’ de los creadores, que carecen por completo de esa categoría. Por muchas vueltas que le dé el Gobierno, el cierre de una página ‘web’ es una medida restrictiva de derechos individuales que debe adoptarse con los criterios previstos en nuestra legislación para este tipo de asuntos.

Sin embargo, para sorpresa de cualquier jurista, el Gobierno ha decidido aplicar a estos casos el procedimiento de tutela de los derechos fundamentales, que nuestra legislación arbitra a los ciudadanos cuando un órgano administrativo lesiona sus derechos. En una pirueta jurídica de escaso recorrido (el Tribunal Constitucional lo derogará, a buen seguro), el Ejecutivo da la vuelta a la cuestión y sostiene que el propietario de los derechos de autor debe ser tutelado por el órgano judicial ante la conculcación de sus derechos (‘fundamentales’) por un particular.

La Constitución no lo permite. Por el contrario, el derecho a la libertad de expresión del propietario de la página ‘web’ sí podría protegerse mediante ese procedimiento ante una intromisión ilegítima de la Administración (por ejemplo, la Comisión de Propiedad Intelectual). Se trata, claramente, de un fraude de etiquetas».

  Los reunidos en los ministerios, aunque no suelen leer estas cosas, han sido avisados. Tras unos minutos de titubeo, han dicho al unísono (en cada sede por supuesto): «Nosotros afrontamos delitos, no defensa de intereses patrimoniales, nosotros queremos detener las disfunciones, que España marche. ¡Seguimos!-2 Y ahí continúan trabajando en sus Leyes y Comisiones.

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