Los europeos no tienen interés por Europa. Entre ellos, los españoles se han convertido en uno de los mayores euroescépticos. Aquí, sólo el 27% de los ciudadanos manifiesta que votará en las elecciones que van a celebrarse entre el 4 y el 7 del próximo mes. Son datos del eurobarómetro que acaba de hacer público el Parlamento europeo. Más aún, el 75% de los españoles nos saben ni cuándo están llamados a las urnas.

 El proyecto de Europa ha ido perdiendo interés paulatinamente entre los 27 países que componen la UE. Quizás, los nuevos adscritos contemplan el euro como un paraguas que les protegerá en la crisis que les afecta más que a otros territorios. A pesar de que tampoco están masivamente decididos a ir votar, algunos observadores estiman que sí lo harán condicionando la composición ideológica de la Eurocámara. Lo cierto es que las instituciones comunitarias nadan entre el descrédito popular que se han ganado a pulso: han dado muestras de un invalidante anquilosamiento. Adolecen también de los males de las políticas locales, elevados a la potencia de una inmensa extensión de más de cuatro millones de kilómetros cuadrados donde habitan casi 500 millones de personas. Y de una difícil amalgama: diferentes lenguas, historia, desarrollo, educación y un lema común, más deseable que real: unidos en la diversidad. El Partido Popular Europeo es el mayoritario en la Cámara, seguido del socialista.

España ingresó en la que sería la Europa de los 15 en 1986 de la mano de Felipe González. Franco lo había intentado con ahínco para homologar su régimen, pero Europa precisó ver consolidada la democracia con la alternancia de poder. Y, probablemente, con la credibilidad de un presidente brillante que sabía estar en el mundo. Llegaron entonces las carreteras, las autopistas, los fondos comunitarios que costeaban nuestra expansión, y, sobre todo, la apertura de horizontes.

Pero, en el 2009 de la crisis globalizada, los ciudadanos prefieren mirar a su ombligo -he dedicado todo un libro a ello-, y no informarse o no querer enterarse de que la UE es una realidad que toma decisiones que afectan a nuestra vida.

Tenemos una moneda común: el euro. Las políticas económicas se dictan desde Bruselas. Ya no podemos devaluar la peseta, como hicimos con profusión durante la transición para aquilatar nuestro presupuesto, aunque fuera a costa de perder hasta un 20 y un 40% del valor de nuestro dinero personal. Si ahora el Estado sobrepasa las inversiones -el gasto en una palabra- para solucionar la crisis interna, Bruselas reprende y no lo tolera. Los tipos de interés de nuestros créditos los fijan fuera. El Banco Central Europeo dirige su cuantía, fijando los tipos de interés. A partir de ellos, la Federación Bancaria Europea establece lo que conocemos como «Euribor», que influye decisivamente en nuestras hipotecas.

  Y aún no hemos ahuyentado por completo la directiva europea que permitiría la jornada laboral de 65 horas semanales. Bruselas dicta también políticas de inmigración.

Marta Cartabia, profesora de Derecho Constitucional en la Universidad de Milán-Bicocca, lo resumía en una entrevista: «La mayoría de las leyes nacionales -señala la profesora Cartabia- son ya ejecuciones de normativas europeas, en muchos casos los jueces nacionales aplican directamente el Derecho europeo y cada vez más el Parlamento Europeo se pronuncia sobre asuntos sociales. Europa, de una forma u otra, sienta principios que después pesan -y mucho- a la hora de decidir si se reconocen las parejas de hecho, se aprueba la eutanasia o se mantienen los crucifijos en los colegios».

«No es la Europa que soñaban los padres fundadores», añade Cartabia, es una Europa técnica que, sin embargo, no se limita a cuestiones técnicas, puesto que interviene en terrenos reservados a la vida de las personas».

Hoy mismo, salen a la calle los ganaderos españoles a protestar por su asfixia con sólidos argumentos: «El tejido ganadero español se ha atrofiado desde 1993, cuando la Unión Europea impuso el sistema de cuotas que ha limitado la producción española a seis millones de toneladas anuales de lácteos.Aquel año había 173.000 explotaciones en España, y ahora hay 24.000». Igual sucede con el aceite y numerosos productos agrícolas.

     Un somero y aleatorio paseo por recientes actuaciones de Bruselas nos presenta, para bien y para mal, este panorama:

• simplificar los trámites necesarios para que las pymes accedan a la financiación comunitaria. Entre las novedades destaca que las entidades con ayudas inferiores a 25.000 euros tendrán que aportar menos documentación y que se reduzca la exigencia de avales bancarios
• acelerar la autorización de medicamentos contra enfermedades mortales.
•  elevar las ayudas a la exportación de pollos
• suprimir los aranceles a la exportación de cereales
• mantener seis meses más la veda de la anchoa
•  aprobar el P2P, reforzar la seguridad y la protección de las libertades fundamentales en Internet y rechazar que los gobiernos corten el acceso a Internet como una forma de imponer sanciones.
•  extender las normas comunitarias de protección de datos a las redes privadas de comunicación en Internet.
• eliminar progresivamente las bombillas incandescentes.
• criticar la aplicación errónea en todos los países de la UE de la directiva que regula el derecho de los ciudadanos europeos y de los miembros de sus familias a circular y residir libremente en los Estados miembros y exigir castigos para los países infractores
•  autorizar la comercialización de una vacuna intradérmica para la prevención de la gripe estacional de adultos y mayores de 65 años que, de forma pionera, presenta un sistema menos invasivo que las de aplicación intramuscular al administrarse con una micro-inyección intradérmica de manera sencilla, segura y fiable (esto hoy mismo).
• … o condenar el urbanismo español.

     ¿Podemos así eludir el compromiso de votar en las elecciones europeas? ¿Y pensar en políticas locales? ¿Y no elegir a los candidatos de los que  estemos seguros van a defender nuestros intereses en Europa y construir un espacio común y mejor para todos?

     Van a cobrar en breve 9.000 euros al mes  -actualmente 7.000-, más dietas,  por trabajar de lunes a jueves. Viajes pagados en clase business. Colaboradores personales auto asignados -sin prohibir taxativamente el parentesco directo-, cuyo sueldo pagamos los contribuyentes europeos. Jubilación a los 63 años con pensión oficial asegurada, con sólo 3 años de trabajo.

     La UE, el Parlamento europeo sobre todo, palidece quizás porque se suele enviar allí a viejas glorias, a compromisos por una razón o por otra para becarlos con una jugosa regalía. Y lo que Europa necesita es savia nueva, jóvenes, políticos combativos. Y sobre todo una sociedad comprometida que precisa informarse adecuadamente y saber lo que vota.

    Desde Europa en Suma queremos impulsar una Europa de ciudadanos que se conozcan y que trabaje unida. A los españoles nos hace mucha falta.