De espaldas a una Europa en crisis

Los europeos no tienen interés por Europa. Entre ellos, los españoles se han convertido en uno de los mayores euroescépticos. Aquí, sólo el 27% de los ciudadanos manifiesta que votará en las elecciones que van a celebrarse entre el 4 y el 7 del próximo mes. Son datos del eurobarómetro que acaba de hacer público el Parlamento europeo. Más aún, el 75% de los españoles nos saben ni cuándo están llamados a las urnas.

 El proyecto de Europa ha ido perdiendo interés paulatinamente entre los 27 países que componen la UE. Quizás, los nuevos adscritos contemplan el euro como un paraguas que les protegerá en la crisis que les afecta más que a otros territorios. A pesar de que tampoco están masivamente decididos a ir votar, algunos observadores estiman que sí lo harán condicionando la composición ideológica de la Eurocámara. Lo cierto es que las instituciones comunitarias nadan entre el descrédito popular que se han ganado a pulso: han dado muestras de un invalidante anquilosamiento. Adolecen también de los males de las políticas locales, elevados a la potencia de una inmensa extensión de más de cuatro millones de kilómetros cuadrados donde habitan casi 500 millones de personas. Y de una difícil amalgama: diferentes lenguas, historia, desarrollo, educación y un lema común, más deseable que real: unidos en la diversidad. El Partido Popular Europeo es el mayoritario en la Cámara, seguido del socialista.

España ingresó en la que sería la Europa de los 15 en 1986 de la mano de Felipe González. Franco lo había intentado con ahínco para homologar su régimen, pero Europa precisó ver consolidada la democracia con la alternancia de poder. Y, probablemente, con la credibilidad de un presidente brillante que sabía estar en el mundo. Llegaron entonces las carreteras, las autopistas, los fondos comunitarios que costeaban nuestra expansión, y, sobre todo, la apertura de horizontes.

Pero, en el 2009 de la crisis globalizada, los ciudadanos prefieren mirar a su ombligo -he dedicado todo un libro a ello-, y no informarse o no querer enterarse de que la UE es una realidad que toma decisiones que afectan a nuestra vida.

Tenemos una moneda común: el euro. Las políticas económicas se dictan desde Bruselas. Ya no podemos devaluar la peseta, como hicimos con profusión durante la transición para aquilatar nuestro presupuesto, aunque fuera a costa de perder hasta un 20 y un 40% del valor de nuestro dinero personal. Si ahora el Estado sobrepasa las inversiones -el gasto en una palabra- para solucionar la crisis interna, Bruselas reprende y no lo tolera. Los tipos de interés de nuestros créditos los fijan fuera. El Banco Central Europeo dirige su cuantía, fijando los tipos de interés. A partir de ellos, la Federación Bancaria Europea establece lo que conocemos como “Euribor”, que influye decisivamente en nuestras hipotecas.

  Y aún no hemos ahuyentado por completo la directiva europea que permitiría la jornada laboral de 65 horas semanales. Bruselas dicta también políticas de inmigración.

Marta Cartabia, profesora de Derecho Constitucional en la Universidad de Milán-Bicocca, lo resumía en una entrevista: “La mayoría de las leyes nacionales -señala la profesora Cartabia- son ya ejecuciones de normativas europeas, en muchos casos los jueces nacionales aplican directamente el Derecho europeo y cada vez más el Parlamento Europeo se pronuncia sobre asuntos sociales. Europa, de una forma u otra, sienta principios que después pesan -y mucho- a la hora de decidir si se reconocen las parejas de hecho, se aprueba la eutanasia o se mantienen los crucifijos en los colegios”.

“No es la Europa que soñaban los padres fundadores”, añade Cartabia, es una Europa técnica que, sin embargo, no se limita a cuestiones técnicas, puesto que interviene en terrenos reservados a la vida de las personas”.

Hoy mismo, salen a la calle los ganaderos españoles a protestar por su asfixia con sólidos argumentos: “El tejido ganadero español se ha atrofiado desde 1993, cuando la Unión Europea impuso el sistema de cuotas que ha limitado la producción española a seis millones de toneladas anuales de lácteos.Aquel año había 173.000 explotaciones en España, y ahora hay 24.000”. Igual sucede con el aceite y numerosos productos agrícolas.

     Un somero y aleatorio paseo por recientes actuaciones de Bruselas nos presenta, para bien y para mal, este panorama:

  • simplificar los trámites necesarios para que las pymes accedan a la financiación comunitaria. Entre las novedades destaca que las entidades con ayudas inferiores a 25.000 euros tendrán que aportar menos documentación y que se reduzca la exigencia de avales bancarios
  • acelerar la autorización de medicamentos contra enfermedades mortales.
  •  elevar las ayudas a la exportación de pollos
  • suprimir los aranceles a la exportación de cereales
  • mantener seis meses más la veda de la anchoa
  •  aprobar el P2P, reforzar la seguridad y la protección de las libertades fundamentales en Internet y rechazar que los gobiernos corten el acceso a Internet como una forma de imponer sanciones.
  •  extender las normas comunitarias de protección de datos a las redes privadas de comunicación en Internet.
  • eliminar progresivamente las bombillas incandescentes.
  • criticar la aplicación errónea en todos los países de la UE de la directiva que regula el derecho de los ciudadanos europeos y de los miembros de sus familias a circular y residir libremente en los Estados miembros y exigir castigos para los países infractores
  •  autorizar la comercialización de una vacuna intradérmica para la prevención de la gripe estacional de adultos y mayores de 65 años que, de forma pionera, presenta un sistema menos invasivo que las de aplicación intramuscular al administrarse con una micro-inyección intradérmica de manera sencilla, segura y fiable (esto hoy mismo).
  • … o condenar el urbanismo español.

     ¿Podemos así eludir el compromiso de votar en las elecciones europeas? ¿Y pensar en políticas locales? ¿Y no elegir a los candidatos de los que  estemos seguros van a defender nuestros intereses en Europa y construir un espacio común y mejor para todos?

     Van a cobrar en breve 9.000 euros al mes  -actualmente 7.000-, más dietas,  por trabajar de lunes a jueves. Viajes pagados en clase business. Colaboradores personales auto asignados -sin prohibir taxativamente el parentesco directo-, cuyo sueldo pagamos los contribuyentes europeos. Jubilación a los 63 años con pensión oficial asegurada, con sólo 3 años de trabajo.

     La UE, el Parlamento europeo sobre todo, palidece quizás porque se suele enviar allí a viejas glorias, a compromisos por una razón o por otra para becarlos con una jugosa regalía. Y lo que Europa necesita es savia nueva, jóvenes, políticos combativos. Y sobre todo una sociedad comprometida que precisa informarse adecuadamente y saber lo que vota.

    Desde Europa en Suma queremos impulsar una Europa de ciudadanos que se conozcan y que trabaje unida. A los españoles nos hace mucha falta.

Bruselas condena el urbanismo español

El pleno del Parlamento europeo ha aprobado una nueva condena al urbanismo español, por amplia mayoría. En muy duros términos, reclama ya medidas coactivas: congelar los fondos estructurales y de cohesión a España hasta que no se solucione el problema. Autoridades de todos los ámbitos han quedado en entredicho en Europa, y, además,  la “lenta y laxa” justicia de nuestro país. La resolución reclama una indemnización adecuada para las víctimas de los “abusos urbanísticos” y considera “alarmante” la falta de confianza de los denunciantes en el sistema judicial español. Es la tercera vez que Bruselas condena el urbanismo español. Algunos datos de porqué.

Esta vez la ponente ha sido la diputada danesa de los Verdes Margrete AUKEN,  quién habla de prácticas de “urbanización masiva” en España y de la “conducta especulativa” de algunas autoridades locales y miembros del sector de la construcción.  Y urge al Gobierno de España y los de las comunidades autónomas implicadas, a que lleven a cabo una “profunda revisión de toda la legislación que afecta a los derechos de los propietarios particulares de bienes como resultado de una urbanización masiva, con objeto de poner fin a los abusos de los derechos y las obligaciones recogidos en varios tratados internacionales”.

Además, el Parlamento europeo critica la “avaricia” y la “conducta especulativa” de algunas autoridades locales y miembros del sector de la construcción, “que han conseguido sacar beneficios masivos de estas actividades”. Según el informe, las islas y las zonas costeras mediterráneas de España han sufrido una “destrucción masiva en la última década, puesto que el cemento y el hormigón han saturado esas regiones”.

Los diputados recuerdan que “la Comisión está facultada a suspender la provisión de fondos estructurales a un Estado miembro o una región implicada, y a estipular correcciones en relación con los proyectos receptores de fondos que posteriormente considere que no han cumplido plenamente con la normativa exigida”. Además, el informe señala que “el Parlamento, como autoridad presupuestaria, también puede decidir colocar en la reserva los fondos destinados a políticas de cohesión para convencer a un Estado miembro de que ponga fin a graves vulneraciones de la normativa y los principios que está obligado a respetar”.

La ponente denuncia que “todas las administraciones -central, autonómica y locales- son responsables de haber puesto en marcha un modelo de desarrollo insostenible, que ha tenido gravísimas consecuencias, por supuesto medioambientales y, además, sociales y económicas”.

 El informe contaba con la oposición de socialistas y ‘populares’ españoles -que querían suavizarlo-, pero no han logrado convencer al resto de eurodiputados de sus respectivos partidos de otras nacionalidades de que votaran en contra. 

La resolución indica que la falta de “claridad, precisión y seguridad jurídica” en la legislación vigente en España en lo que se refiere al derecho de propiedad y la falta de una aplicación adecuada y coherente de la legislación medioambiental son las causas de muchos de los abusos urbanísticos. Todo ello, sumado a la “laxitud” en los procedimientos judiciales, “ha generado una forma de corrupción endémica“.

El informe critica además que las autoridades judiciales españolas “no están debidamente preparadas” para tratar los casos de abusos urbanísticos, que los tramitan con demasiada lentitud y que “las sentencias dictadas en muchos de estos casos no pueden ejecutarse de forma que compensen a las víctimas de tales abusos”. “Ello ha reforzado la impresión, compartida por muchos ciudadanos de la UE de nacionalidad no española, acerca de la falta de actuación y parcialidad de la Justicia española“.

Para hacer frente a estos problemas, la Eurocámara pide -entre otras cosas- a las autoridades españolas que “se deroguen todas las figuras legales que favorecen la especulación, tales como el agente urbanizador”.

   Será raro que esta noticia -que nos saca los colores en Europa y que los políticos españoles quieren obviar- encabece algún informativo. En la entrada anterior hay algunas pistas de porqué. Quizás porque es… una noticia.

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