Corren días de escuchar hasta el hartazgo la impresionante recuperación económica que no ven, ni verán, los bolsillos de los españoles o el tedioso “y Vds., señoría, más”. De improductivos debates y del más atronador aburrimiento. De unos muchos más gramos más de desesperanza. Aliviada, quizás, por el impresionante hallazgo de un Mediterráneo mediático que, al parecer, nadie había visto hasta ahora y que desata pasiones dispersadoras. Es el lamentable estado de los problemas de la nación que, con toda probabilidad, no se abordan. Sobre todos hay uno que afecta a la base sobre la que se construye el resto, al Estado de Derecho: la justicia. ¿Qué está pasando con la Justicia española?
Ya apenas tiene repercusión que el Partido Popular, apoyado en su mayoría absoluta en el Parlamento, reforme las leyes para adaptarlas a sus deseos de gobierno. ¿Que es ilegal y contrario a los Derechos Humanos acotar a pelotazos de goma a inmigrantes que nadan en el agua y devolver en el acto a los que sobreviven apenas alcanzada tierra? Se cambia la ley. Se “modifica”. Y se convierte en ajustada a derecho la extradición sumaria que el tópico dulcificador –nada inocente- ha convertido en “devolución en caliente”.
El Código Penal de Gallardón –el paradójico ministro de Justicia- se está llenando de actuaciones que, con las que impulsa el Ministro del Interior, forman un mismo pack represor. ¿Que tiene Vd la ciudadanía menos conflictiva de la que quepa gozar y más sumisa a los tijeretazos que se le aplican pero teme que un día la paciencia colme el vaso y se desborde? Reforme leyes y estipule como delito hasta toser al lado de las fuerzas de seguridad de su gobierno. Fríalos a multas incluso por pasear frente a edificios emblemáticos de su poder. Recordemos, por ejemplo, que se pena hasta con 600.000 euros convocar una protesta ante el Congreso desde Twitter. Cómo serán que hasta el Consejo General del Poder Judicial considera inconstitucional la Ley de Seguridad Ciudadana.
¿Y los ahora “delincuentes solares? 60 millones de euros de multa por no declarar una placa para autoabastecerse de energía. El doble que por provocar una fuga radiactiva grave. Los intereses de las eléctricas, puede que de algunos de sus altos ejecutivos y consejeros de presente o futuro, aconsejaban diferentes “reformas” de apoyo.
Si legislar ad hoc ya es suficientemente llamativo, los trazos inusuales con los que escribe el derecho en España en la actualidad gritan sus alarmas. Hemos visto a fiscales que desimputan o sacan de la cárcel contraviniendo la decisión del juez. La persecución de jueces. Estamos llegando a tal inquietante punto el Consejo de Europa (no el Consejo Europeo de la UE que en estas menudencias democráticas no se mete) se ha visto obligado a intervenir y a cuestionar la independencia de la Fiscalía española y del órgano de los jueces CGPJ.
Y es que estamos asistiendo a secuencias que se saldan apenas con alguna crítica ciudadana e incluso chistes, cuando clama que debería ser la Fiscalía General del Estado quien actuara. Veamos lo sucedido desde que se descubre un enésimo caso de presunta corrupción de un miembro del PP: Francisco Granados, antiguo número 3 de Esperanza Aguirre en Madrid. Tiene, dice el diario El Mundo, una cuenta de millón y medio de euros en Suiza:
1) Aguirre exige explicaciones a Granados, algunos medios hablan de amenaza de expediente. 2) Granados responde, en 13TV, que si el PP le busca “le va a encontrar”, que se ha tragado el marrón del Tamayazo, Gürtel, Caja Madrid, espías, etc… 3) El PP descarta abrir expediente a Granados.
¿Cómo es posible que la Fiscalía mire para otro lado en un Estado de Derecho? Quizás porque ya lo ha hecho demasiadas veces sin que tuviera consecuencias.
Desde siempre he mantenido que el día en el que la sociedad española permitió la expulsión de la carrera judicial de Baltasar Garzón se abrió la puerta a consagrar la impunidad. El tiempo ha demostrado cuánta mugre había tras la trama Gürtel cuya investigación inició. Y las grandes casualidades que acompañaron su caso. Hasta la pérdida de su indulto por los despachos. No podía ser inocuo.
A ojos profanos pero ciudadanos – no olvidemos que la justicia emana del pueblo– tampoco cuadra colocar al frente de los tribunales que dirimen si las leyes reformas se ajustan a Derecho y a la Constitución a personas con fuertes vinculaciones a un partido. Concretamente al que promueve los cambios. No parece la mejor forma de salvaguardar el espíritu de las leyes.
El fin de la jurisdicción universal en España, llevado a cabo por el PP en procedimiento de urgencia, es otro definitorio síntoma de por dónde se pierde la justicia en nuestro país. Casos graves como el asesinato del cámara José Couso se mandan al archivo. Y todos nosotros quedamos desamparados ante delitos sufridos fuera de nuestras fronteras.
Estamos viendo cómo aplauden en medios oficiales españoles –sin escarbar mucho más- que se deponga a un presidente, elegido por mayoría absoluta pero a quien se acusa de reformar leyes mucho más de lo tolerable para amparar la corrupción y la mano autoritaria. No deja de ser una paradoja (por semejanza) y el dramático estado de nuestra nación.
El Periscopio 