El ex presidente del gobierno Balear y miembro del PP, Jaume Matas no ingresará en prisión en tanto el gobierno no se pronuncie sobre su petición de indulto.  La Audiencia de Palma ha aceptado la petición de la defensa y ha ordenado la suspensión de la pena de nueve meses de prisión impuesta por un delito de tráfico de influencias. La fiscalía Anticorrupción también se había mostrado favorable a esta medida.

Jaume Matas fue condenado en marzo de 2012 a más de 6 años de prisión en el primero de los juicios sobre el caso “Palma Arena”, que tiene 26 piezas separadas (entre ellas la que implica a Iñaki Urdangarín). Tres magistrados de la Audiencia de Palma le consideraron culpable de los delitos de malversación, fraude, prevaricación y falsedad documental. La acusación pedía ocho años y medio. El periodista Antonio Alemany –del diario El Mundo-, que le escribía los discursos para glorificar su imagen, fue condenado también a tres años y nueve meses por prevaricación, delito de falsedad en documento oficial, delito continuado de falsedad en documento mercantil en concurso medial con un delito continuado de malversación de caudales públicos.

Matas fue presidente de Baleares en dos etapas (1996-1999) y (2003-2007) y ministro de Medio Ambiente con José María Aznar (2000-2003). El caso “Palma arena” se refiere a un velódromo que costó más del doble de lo previsto -pasó de un presupuesto inicial de 41 millones a 110 millones de euros- y que ya había producido 4 sentencias de cárcel a miembros del entonces gobierno del PP en la isla.

En Julio de 2013 su pena fue reducida sin embargo. El Tribunal Supremo le absolvió de los delitos de fraude a la Administración, continuado de falsedad en documento oficial, continuado de falsedad en documento mercantil, y de prevaricación en concurso medial con un delito continuado de malversación, por los que fue condenado en la sentencia de primera instancia.

Solo mantuvo la condena por un delito de tráfico de influencias y la pena de nueve meses y un día de prisión y multa en cuantía de 6.000 euros.

El  magistrado Alberto Jorge Barreiro emitió sin embargo un voto particular. En un prolijo texto legal al uso, desgranaba a lo largo de 27 páginas los fundamentos de por qué sus compañeros del Tribunal Supremo habían emitido esta sentencia, pero también los que a él le llevaban a oponerse en algunas cuestiones. De hecho no objetaba la decisión de la mayoría de que no hubo MALVERSARCIÓN DE FONDOS PÚBLICOS, ni FRAUDE A LA ADMISTRACIÓN, pero sí prevaricación y una clara autoría que corresponde al entonces presidente de Baleares.

Llamaba poderosamente la atención cómo en lo que llamó el magistrado una estructura jerárquica piramidal se cargó el muerto a sus subalternos y él se libro.Éste fue el resumen que publiqué de ese voto particular. Es una joya muy ilustrativa del funcionamiento de la Justicia española en algunas cuestiones.

Ahora deciden que no ingrese en prisión porque ha solicitado indulto. Vamos, el mismo trato que tiene todo el mundo. El que ha recibido la Infanta Cristina, a la que ha costado tanto imputar que pensar que en España se la pueda condenar es ciencia ficción. Hoy mismo la corrupción española es noticia internacional, pero aquí quienes podían poner freno a esta locura ni se inmutan.

La corrupción se ha situado ya como segundo problema de los españoles. En el telediario de TVE he escuchado que “a mucha distancia” del paro. Qué bien, es un gran consuelo.

Y el inefable panfleto llamado La Razón iba hoy de esta guisa -lo de «el auto del castrismo» es de nota-: