Cambio una salida de la crisis por una contabilidad B impune

Les condenan a cuatro años de cárcel por delitos fiscales a Carlos Fabra, su hasta ayer gran prohombre y ejemplo a imitar, y hoy un señor que pasaba por allí. De cohecho y tráfico de influencias se ha librado. El gran cacique de Castellón no hacía esas cosas. El juez Ruz descubre pruebas de que el Partido Popular ha estado dieciocho años utilizando una contabilidad B. Dieciocho años de trapichear con dinero negro, sin controles, ni impuestos. Pero a Rajoy sólo le toca hablar de sus imaginarios logros económicos. En terreno amigo: los suyos. Ni para hacer balance de sus dos años de Gobierno, ni para referirse a la corrupción que ya aflora en sede judicial, se digna aparecer en público. Arrinconado hasta el molesto plasma, ha hablado por ventriloquia, utilizando la siempre fiel voz de Cospedal.

La versión del partido es que todas las facturas a las que se refiere Ruz figuran pagadas en la contabilidad oficial –¡qué torpe, Ruz!, con el tiempo que se ha tomado y no se da cuenta–. Y que si algo turbio hay, “habrá sido otro”. Bárcenas, claro está. Pero hay un matiz importante que el PP quiere enviar en sus consignas y cuya propagación le fue encargada a Esteban González Pons para que fuera tomando cuerpo durante el fin de semana. Un mensaje corto, críptico… y soez: “Los dirigentes del PP son tan honrados como todos, pero el PP es el único que puede sacar a España de la crisis”.

Con la credibilidad a cero por sus mentiras continuadas, los mandos del PP no tienen el menor empacho en seguir negando cualquier evidencia. Por si acaso, largan culpas fuera, a ver si todavía alguien no percibe la contradicción. A un Bárcenas, que sería un auténtico superhombre por haber ideado y ejecutado semejante plan. Esas personas que hoy tienen la caja fuerte del Estado y que creen les pertenecen también nuestros derechos –dado cómo se empeñan en “moldearlos”– han estado 18 años, 20, 30, los que sean, sin enterarse de nada, a pesar de la fiera corrupia que anidaba en sus entrañas.

Queda una vía más que explorar, sin embargo; la fundamental, de hecho. La que practica Rajoy, la que describió González Pons: Todos somos corruptos, pero os merece la pena porque os sacaremos de la crisis (en traducción libre). El portavoz popular admitió implícitamente que de honradez no andan sobrados, pero que es un mal general. Políticos, ciudadanos, todos somos iguales. El saco de la inmundicia permite camuflarse con más facilidad que en otro donde todo fuera impoluto. Se carga uno la política porque “total, todos los hacen” y en el río revuelto saca tajada el más tramposo. Y ya dibujado el paisaje, irrumpe en escena el Jinete de la EficienciaAbsoluta, el PP, el único que puede sacar a España de la crisis.

Presuponen Rajoy, Cospedal, González Pons, y cualquiera de las voces que en ese partido callan, que todos los españoles somos más o menos corruptos y, en consecuencia, que todos nos vendemos. Vendemos nuestra ética y nuestra dignidad “para salir de la crisis” en este momento. Les da lo mismo prometer tres millones y medio de empleos que una salida de la crisis, aunque las cifras fundamentales de la economía española sigan en despeñe. Desde que gobierna Rajoy, han empeorado todas las esenciales –paro, deuda pública, salarios, servicios públicos–, excepto la prima de riesgo y un tímido repunte del PIB –tras enorme batacazo–, que nace de las drásticas mermas a la sociedad y que constituye el hambre para mañana. A nosotros, a la mayoría de la población, nos han metido en la crisis más de lo que estábamos.

Podrán repetir sus cifras manipuladas, las autorías ajenas de la corrupción, insistir con el mantra de la herencia recibida, pero la verdad no cambia.

También se ha empobrecido la calidad de la democracia, la democracia en sí. España tendría que ser un clamor ante la constatación de que el partido al que han entregado el poder, tanto poder, maniobra en negro –según el auto del juez Ruz– en su funcionamiento diario y durante toda una vida: 18 años de práctica continuada. Los datos que ha acreditado el magistrado confirman en varios puntos los llamados papeles de Bárcenas. Los que hablaban también de sobresueldos en B, o de donativos de empresas que luego obtienen obra pública.

Pero España no es un clamor contra la corrupción, aunque llevemos siglos pagándolo muy caro. Alguna razón asiste a los populares en sus presunciones. Nos han insultado –al conjunto de la sociedad– doblemente, al considerar que todos somos como ellos y, desde luego, que hacemos la vista gorda a la corrupción si nos dan una migajas o –lo que es aún más patético– la promesa de falsas migajas. Y no se aprecian grandes reacciones de esas anchas espaldas en las que aquí se carga todo con asombroso desparpajo.

Marquemos la diferencia:

Verán, ni la economía alemana le compraríamos algunos a cambio de tanta bajeza. Porque igual no sería posible en estas condiciones. Deberían reflexionar todos los votantes de laxa moral sobre si a lo mejor Alemania y otros países democráticos funcionan a distintos niveles porque no tienen delincuentes al mando (dado que, cuando detectan alguno, lo echan y le exigen responsabilidades). Porque no se roba ni se permite que se robe tanto a los ciudadanos.

En una palabra, ni un malhechor avezado ni una organización creada tan sólo para delinquir desplegarían tal cúmulo de estrategias –bien sucia la del trueque– para evadir acusaciones y perseverar en su empeño. Pero no, los dirigentes del PP son honrados “como todos”, y, si algún indicio parece lo contrario, es pura casualidad. Y culpa de otro que, desde luego, ya no es nadie en el partido. Pero lo mejor es que son los únicos que pueden sacarnos de la crisis. Cuando se vayan, un par de décadas después de ir reparando los destrozos.

*Publicado en eldiario.es

Todos culpables del caso Fabra

La Audiencia Provincial de Castellón ha sobreseído la mayor parte de la causa abierta contra Carlos Fabra, presidente de la Diputación de Castellón. En concreto, considera prescritos delitos fiscales cometidos entre 2000 y 2003, años en los que no justificó ingresos por valor de 3.7 millones de euros, defraudando -según la acusación- una cuota de un millón de euros. La fiscalía anticorrupción le pedía 15 años de cárcel.

Los peritos de Hacienda analizaron 17.000 operaciones económicas de Fabra. Las cuatro veces que dijo le había tocado la lotería en 5 años, estarían justificadas como ingresos, no así esos casi 4 millones de euros.  Los magistrados no discuten que los supuestos delitos se hayan cometido.

 En 7 años desde que se iniciara la causa, han evitado tener que enjuiciar a Fabra 9 jueces y 4 fiscales, lo que fue dilatando el proceso. Finalmente tomó el caso un juez novato, a la sazón hijo de un dirigente histórico del PP castellonense.

  El PP ha homenajeado recientemente a Fabra. Y un aeropuerto, a menos de media hora del ubicado en Valencia, contará con una estatua de 24 metros dedicada al insigne protector de Castellón.

Recientemente, también César Alierta, presidente de Telefónica, vio como el Tribunal Supremo confirmaba su absolución al considerar prescrito el delito de uso de información privilegiada del que estaba acusado a raíz de la compra en 1997 de acciones de la empresa tabaquera, que lideraba entonces. La operación reportó a Alierta y a un sobrino suyo, un beneficio de 1,86 millones de euros.

 Ningún particular, aunque sea objeto de una injusticia, puede embarcarse en años de litigios pagando caros abogados… sin contar con condicionamientos añadidos. Si la administración de justicia precisa reformas y acciones que mejoren su funcionamiento, acometánlas.

A mí ya no me vale tanta impudicia y desvergüenza, cuando además se están recortando de tal forma nuestros derechos y, sin ir más lejos, nos van a subir la luz un 10%. Ni mucho menos los chistes con la «suerte»de Fabra. Este sujeto y todos los que lo secundan, si son afortunados realmente es porque la sociedad no reaccione y les trate como merecen. Máxime al ver que, como en tantas otras cosas, no actúan los poderes del Estado.

Con el caso Gürtel ocurrirá lo mismo.

Traté jocosamente aunque con rabia y dolor el tema de la corrupción en España en este artículo. Lo importante es esto:

“Cierto es que casi todos los organismos internacionales han constatado la correlación entre corrupción y deterioro de la democracia, y han llamado a atajar lo que, dicen, no puede contemplarse en ningún caso como comportamientos individuales desviados, sino como putrefacción del ordenamiento social. A gran o pequeña escala, afirman esos organismos, se roba el dinero de todos. Incluso aquí hay enemigos de tradición tan acrisolada. «La corrupción es incompatible con la democracia, hiere gravemente a los propios fundamentos del sistema», afirma Carlos Jiménez Villarejo, nuestro primer fiscal anticorrupción. Pero ¿a quién le importan todas estas jeremiadas?”

Una sociedad que no reacciona está realmente enferma, derrotada, es carne de basura. La culpa de que todo esto suceda es nuestra, del pesado lastre que suponen para todos quienes ni ven, ni oyen, ni se implican en nada. De todos por no impedir este estado de cosas. Y en modo alguno es motivo de risa.

Actualización:

  • La Fiscalía anticorrupción recurrirá la sentencia de Fabra.
  • Los consumidores que promovieron la investigación afirman que la prescripción se suspende en el momento en el que se inicia la investigación.
  • González Pons encantado con la sentencia de Fabra, y acusando a los «fans de los banquillos mediáticos».

Estado de derecha

Cuarta Página de El País de Ignacio Sánchez-Cuenca,  profesor de Sociología en la Universidad Complutense de Madrid.

Corrupción, boicoteo al Estatuto catalán, a la renovación del CGPJ o a la Ley de Dependencia. El PP se siente más cómodo con el ‘Estado de derecha’ que con el imperio de las leyes. ¿Dónde están sus liberales?

   Entresaco párrafos:

La utilización de la idea de Estado de derecho por el Partido Popular ha llegado a ser agobiante. Se ha recurrido al Estado de derecho para rechazar el Estatuto catalán y el proceso de paz con ETA, para exigir la dimisión de cargos socialistas, y obsesivamente en la lucha antiterrorista, incluso de forma antropomórfica («confío en que el Estado de derecho mande a los terroristas a veranear a la cárcel», dijo hace poco un dirigente popular).

(…)

Los acontecimientos de los últimos años han mostrado que nuestro Estado de derecho no sólo está excesivamente manoseado, sino que además ha quedado vapuleado por sus más aguerridos defensores.

(…)

Últimamente la atención se centra en los escándalos de corrupción, que son abundantes y algo pintorescos. Quizá el más llamativo de todos sea el de Carlos Fabra, el presidente de la Diputación de Castellón. Ha habido Fabras al frente de esa Diputación desde 1875, cuando la ocupó su tío-tatarabuelo Victorino Fabra, conocido como el Agüelo Pantorrilles. El actual Fabra está acusado de falsificar documentos oficiales, de cobrar cuantiosas comisiones, de fraude fiscal, y de manipulación del censo electoral de diversos municipios. Por si todo esto no fuera suficiente, Fabra se jacta de sus prácticas caciquiles: «Porque el que gana las elecciones coloca a un sinfín de gente. Y toda esa gente es un voto cautivo. Supone mucho poder en un Ayuntamiento, en una Diputación. Yo no sé la cantidad de gente que habré colocado en 12 años, no lo sé». Son palabras suyas que quedaron grabadas y que darán mucho juego a los historiadores del futuro que quieran establecer paralelismos con la época de la Restauración.

El juzgado de Nules (Castellón) que lleva su caso es una especie de triángulo de las Bermudas en el que los jueces van desapareciendo misteriosamente uno tras otro. Hasta ocho jueces han pasado por allí desde el año 2004. La gran esperanza de Fabra se llama Jacobo Pin, un juez que se ha presentado voluntario al puesto y cuyo padre es un abogado muy próximo al PP (fue cabeza de lista al Congreso en las elecciones de 1977). Seguro que este nuevo juez sobrevive a los extraños torbellinos que se llevaron a sus predecesores.

(…)

Esta llamémosla «afinidad» entre algunos acusados de corrupción y los jueces que les juzgan resulta extremadamente inquietante. Francisco Camps se siente feliz de tener una relación con el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Valencia, Juan Luis de la Rúa, que, en sus propias palabras, va más allá de la amistad. El vínculo de De la Rúa con Camps no se limita a la esfera personal, pues el juez intervino en un acto preelectoral del PP valenciano en 2007. Camps cuenta también con la ayuda y el apoyo del vicepresidente del Consejo General del Poder Judicial, Fernando De Rosa, quien se reunió con el presidente de la Generalitat Valenciana para ayudarle a perfilar una estrategia un día después de que la prensa se enterara de que Camps estaba implicado en la trama de corrupción y financiación ilegal del PP. De Rosa, que ha sido consejero de Justicia en el Gobierno valenciano, insinuó que Garzón estaba prevaricando al no abstenerse de instruir la causa.

(…)

Quizá estas «afinidades» entre políticos y jueces contribuyan a explicar el descaro de Esperanza Aguirre, quien, en un pleno parlamentario, ante las acusaciones de corrupción que le lanzaba la oposición, extendió los brazos y las manos diciendo «¡Mirad cómo tiemblo!». En ese gesto se resume la gran incógnita de la democracia española: si estamos verdaderamente en el Estado de derecho tan anhelado por nuestros liberales o si nos encontramos más bien en un Estado de derecha. Creo que a la derecha, en el fondo, le convendría, por su bien, que en España hubiera un Estado de derecho. A los socialistas, en su momento, les costó reconocerlo y estuvieron a punto de deshacerse por ello. El Partido Popular parece de momento sentirse más cómodo con el Estado de derecha, aunque suponga acabar definitivamente con sus credenciales «liberales».

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