El gobierno español aprueba la conocida como Ley Mordaza

La agencia EFE ha distribuido algunas de las sanciones que prevé lo que el gobierno del PP llama Ley de Seguridad ciudadana. Y que no parecen responder a otra necesidad que el deseo del propio ejecutivo de blindarse contra cualquier protesta. Porque ¿qué otro objetivo tiene? ¿Qué alarma social existe en España salvo el miedo a perder la poltrona porque los ciudadanos se están decantando por otras opciones electorales? Ved lo dice el PP de Podemos por ejemplo, en la recopilación de infolibre.

Desde la abogacía a los políticos de la oposición pasando por Greenpeace, como también nos cuenta infolibre,  se presume que esta ley es inconstitucional. Pero el tribunal que debería decidirlo, además de la extrema morosidad en sus decisiones, está presidido actualmente por un antiguo militante activo del PP, partido que tiene mayoría en este órgano de la Justicia. No tiene por qué afectar en su juicio la ideología que les lleva al cargo, dicen. Será.

En mi opinión, con esta ley (que dada la mayoría absoluta del PP se aprobará en el parlamento) se ha cruzado una línea roja que no se puede permitir una democracia. El ministro del interior, dijo, satisfecho, en la rueda de prensa junto a Soraya Sáenz de Santamaría, la vicepresidenta del gobierno de Rajoy, que esta ley se adaptará mejor al nuevo Código Penal que prepara Gallardón. Niquelada nos van a dejar la democracia.

Soraya Sáenz de Santamaría y Fernández Díez recién aprobado el proyecto de la que denominan Ley de Seguridad Ciudadana

Soraya Sáenz de Santamaría y Fernández Díez recién aprobado el proyecto de la que denominan Ley de Seguridad Ciudadana

Ved las sanciones.

Infracciones muy graves (Multa de 30.001 a 600.000 euros):

– Reuniones o manifestaciones no comunicadas o prohibidas en lugares que tengan la consideración de infraestructuras críticas como centrales nucleares o aeropuertos, así como la intrusión en sus recintos, incluyendo su sobrevuelo, y la obstrucción de su funcionamiento.

– Fabricación, comercio y tenencia ilegal de armas reglamentarias y explosivos catalogados incumpliendo la normativa de aplicación y sin la documentación requerida cuando se causen perjuicios muy graves.

– Celebración de espectáculos públicos o actividades recreativas quebrantando la prohibición o suspensión ordenada por la autoridad por razones de seguridad.

– Deslumbrar con dispositivos tipo láser a conductores de tren, metro o pilotos.

Infracciones graves (Multa de 1.001 a 30.000 euros):

– Perturbación muy grave del orden en actos públicos, deportivos, culturales, espectáculos, oficios religiosos u otras reuniones numerosas cuando no sean constitutivas de delito.

– La perturbación grave de la seguridad ciudadana en protestas no comunicadas ante instituciones del Estado como el Congreso, el Senado, los Parlamentos autonómicos o los altos tribunales, aunque no tengan actividad.

– Desórdenes graves en vía pública o provocar incendios que representen un peligro para las personas o bienes.

Obstruir a la autoridad en la ejecución de sus decisiones administrativas o judiciales, como en los desahucios.

– Obstaculizar gravemente la actuación de los servicios de emergencia en el desempeño de sus funciones.

Desobediencia o resistencia a la autoridad o a sus agentes en el ejercicio de sus funciones y la negativa a identificarse.

– La negativa a disolver reuniones o manifestaciones cuando lo ordene la autoridad.

– La perturbación del desarrollo de una manifestación lícita.

– La intrusión o sobrevuelo en infraestructuras o instalaciones en las que se presten servicios básicos para la comunidad como aeropuertos, centrales nucleares, etc.

– Portar, exhibir o usar armas de modo negligente o temerario o fuera de los lugares habilitados para su uso.

– La demanda de servicios sexuales en las proximidades de zonas infantiles, como parques o colegios, o en lugares donde se ponga en peligro la seguridad vial, como los arcenes.

– Fabricación, comercio y tenencia ilegal de armas reglamentarias, explosivos catalogados y material pirotécnico.

– Obstruir inspecciones y controles reglamentarios en fábricas, locales y establecimientos.

– Uso de uniformes policiales o de servicios de emergencia sin autorización.

– Falta de colaboración con las fuerzas de seguridad en la averiguación o prevención del delito.

– Actos que atenten contra la indemnidad sexual (libre de padecer daño) de los menores.

– Consumo y tenencia de drogas en lugares públicos y su tolerancia, así como el abandono de los utensilios empleados.

– El botellón, cuando perturbe gravemente la tranquilidad ciudadana y no esté autorizado.

– Las “cundas” o taxis de la droga.

– El cultivo de drogas.

– Obstaculizar la vía pública con vehículos, contenedores o neumáticos.

El uso no autorizado de imágenes o datos de miembros de las fuerzas de seguridad de Estado o autoridades. (Es decir, las fotos de extrema dureza en la represión que se venían denunciado)

– La tolerancia del consumo ilegal y el tráfico de drogas en establecimientos públicos.

Infracciones leves (Mutas de 100 a 1.000 euros):

– Manifestaciones y reuniones que infrinjan la ley de reunión.

– Exhibición de objetos peligrosos con ánimo intimidatorio.

– Incumplir restricciones de circulación peatonal o itinerario con ocasión de un acto público, reunión o manifestación.

– Amenazar, coaccionar, vejar e injuriar a los agentes de las fuerzas de seguridad cuando estén velando por el mantenimiento del orden público, por ejemplo en manifestaciones u otro tipo de protestas.

– Realizar o incitar actos que atenten contra la libertad sexual.

– Deslumbrar con dispositivos tipo láser a las fuerzas de seguridad.

La ocupación de cualquier espacio común, público o privado.

– Perder tres veces o más el DNI en un plazo de 3 años y la negativa a entregar este documento cuando se acordara su retirada.

– Los daños leves a mobiliario urbano como marquesinas, papeleras o contenedores, así como los actos vandálicos a servicios públicos, por ejemplo, las pintadas y los grafiti.

– Práctica de juegos o deportes en lugares no habilitados cuando haya riesgo para las personas.

– Entorpecer la circulación peatonal.

– Escalar a edificios o monumentos.

– Retirar las vallas de la Policía que delimitan perímetros de seguridad.

– Dejar sueltos o en condiciones de causar daños a animales feroces o dañinos.

La mayor parte de los medios se han callado como lo que son. ABC se ha felicitado, como lo que es.

abc.leymordaza

En el diario.es Manel Fontdevila resumía la situación y el estado de ánimo de quienes asistimos impotentes a esta deriva que jamás pensamos volver a conocer en nuestro país.

fontdevila.leymordaza

Los sumideros por los que se pierde la Justicia en España

Justicia-torcida

Corren días de escuchar hasta el hartazgo la impresionante recuperación económica que no ven, ni verán, los bolsillos de los españoles o el tedioso “y Vds., señoría, más”. De improductivos debates y del más atronador aburrimiento. De unos muchos más gramos más de desesperanza. Aliviada, quizás, por el impresionante hallazgo de un Mediterráneo mediático que, al parecer, nadie había visto hasta ahora y que desata pasiones dispersadoras. Es el lamentable estado de los problemas de la nación que, con toda probabilidad, no se abordan. Sobre todos hay uno que afecta a la base sobre la que se construye el resto, al Estado de Derecho: la justicia. ¿Qué está pasando con la Justicia española?

Ya apenas tiene repercusión que el Partido Popular, apoyado en su mayoría absoluta en el Parlamento, reforme las leyes para adaptarlas a sus deseos de gobierno. ¿Que es ilegal y contrario a los Derechos Humanos acotar a pelotazos de goma a inmigrantes que nadan en el agua y devolver en el acto a los que sobreviven apenas alcanzada tierra? Se cambia la ley. Se “modifica”. Y se convierte en ajustada a derecho la extradición sumaria que el tópico dulcificador –nada inocente- ha convertido en “devolución en caliente”.

El Código Penal de Gallardón –el paradójico ministro de Justicia- se está llenando de actuaciones que, con las que impulsa el Ministro del Interior, forman un mismo pack represor. ¿Que tiene Vd la ciudadanía menos conflictiva de la que quepa gozar y más sumisa a los tijeretazos que se le aplican pero teme que un día la paciencia colme el vaso y se desborde? Reforme leyes y estipule como delito hasta toser al lado de las fuerzas de seguridad de su gobierno. Fríalos a multas incluso por pasear frente a edificios emblemáticos de su poder. Recordemos, por ejemplo, que se pena hasta con 600.000 euros convocar una protesta ante el Congreso desde Twitter. Cómo serán que hasta el Consejo General del Poder Judicial considera inconstitucional la Ley de Seguridad Ciudadana.

¿Y los ahora “delincuentes solares? 60 millones de euros de multa por no declarar una placa para autoabastecerse de energía. El doble que por provocar una fuga radiactiva grave. Los intereses de las eléctricas, puede que de algunos de sus altos ejecutivos y consejeros de presente o futuro, aconsejaban diferentes “reformas” de apoyo.

Si legislar ad hoc ya es suficientemente llamativo, los trazos inusuales con los que escribe el derecho en España en la actualidad gritan sus alarmas. Hemos visto a fiscales que desimputan o sacan de la cárcel contraviniendo la decisión del juez. La persecución de jueces. Estamos llegando a tal inquietante punto el Consejo de Europa (no el Consejo Europeo de la UE que en estas menudencias democráticas no se mete) se ha visto obligado a intervenir y a cuestionar la independencia de la Fiscalía española y del órgano de los jueces CGPJ.

Y es que estamos asistiendo a secuencias que se saldan apenas con alguna crítica ciudadana e incluso chistes, cuando clama que debería ser la Fiscalía General del Estado quien actuara. Veamos lo sucedido desde que se descubre un enésimo caso de presunta corrupción de un miembro del PP: Francisco Granados, antiguo número 3 de Esperanza Aguirre en Madrid. Tiene, dice el diario El Mundo, una cuenta de millón y medio de euros en Suiza:

1)  Aguirre exige explicaciones a Granados, algunos medios hablan de amenaza de expediente. 2) Granados responde, en 13TV,  que si el PP le busca “le va a encontrar”, que se ha tragado el marrón del Tamayazo, Gürtel, Caja Madrid, espías, etc… 3)    El PP descarta abrir expediente a Granados.

¿Cómo es posible que la Fiscalía mire para otro lado en un Estado de Derecho? Quizás porque ya lo ha hecho demasiadas veces sin que tuviera consecuencias.

Desde siempre he mantenido que el día en el que la sociedad española permitió la expulsión de la carrera judicial de Baltasar Garzón se abrió la puerta a consagrar la impunidad. El tiempo ha demostrado cuánta mugre había tras la trama Gürtel cuya investigación inició. Y las grandes casualidades que acompañaron su caso. Hasta la pérdida de su indulto por los despachos. No podía ser inocuo.

A ojos profanos pero ciudadanos – no olvidemos que la justicia emana del pueblo– tampoco cuadra colocar al frente de los tribunales que dirimen si las leyes reformas se ajustan a Derecho y a la Constitución a personas con fuertes vinculaciones a un partido. Concretamente al que promueve los cambios. No parece la mejor forma de salvaguardar el espíritu de las leyes.

El fin de la jurisdicción universal en España, llevado a cabo por el PP en procedimiento de urgencia, es otro definitorio síntoma de por dónde se pierde la justicia en nuestro país. Casos graves como el asesinato del cámara José Couso se mandan al archivo. Y todos nosotros quedamos desamparados ante delitos sufridos fuera de nuestras fronteras.

Estamos viendo cómo aplauden en medios oficiales españoles –sin escarbar mucho más- que se deponga a un presidente, elegido por mayoría absoluta pero a quien se acusa de reformar leyes mucho más de lo tolerable para amparar la corrupción y la mano autoritaria. No deja de ser una paradoja (por semejanza) y el dramático estado de nuestra nación.

*Publicado en eldiario.es

¿Quedará algún derecho democrático a los españoles tras el paso de Rajoy?

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Rajoy “no sabe qué efecto causan en las personas las cuchillas de la valla de Melilla”. Es muy simple conocer ese dato: que salte él y lo experimente. Ya que a veces se anima con estos brincos de felicidad, que se ponga en el lugar de quien tiene que arrostrar impedimentos del calibre de la valla de Melilla por lograr una vida mejor y sin atajos fraudulentos. Deberíamos exigirle que lo compruebe. No es bueno adoptar medidas a ciegas.

Mariano Rajoy hacía estas declaraciones en los fastos de celebración de su segundo cumpleaños al frente del gobierno español. Concretamente en una entrevista en casa amiga: RNE. Los principales indicadores económicos -18- revelan que todos han empeorado con su gestión salvo la prima de riesgo, pero él sigue levitando, o -para ser más precisos- dando saltos de alegría como cuando atisbaba el poder. Le va tan maravillosamente bien a él y a sus amigos…

Las perlas de hoy son a juego con el personaje. Va a encargar a Fátima Bánez que ponga en marcha una“ley de servicios mínimos”, es decir, va a reventar el derecho de huelga que está no solo en la Constitución Española, sino también en la Declaración Universal de Derechos Humanos. Borregos al uso han dicho que muy bien, que así se respeta la “libertad” del resto de los ciudadanos.

Todos los ministros tienen su apoyo. Wert, en particular, que “ha cumplido el programa electoral”. El oculto, el de la involución, a pleno rendimiento. Con este conjunto de medidas está dejando el país niquelado, lleno de epsilones o ciudadanos de pleno ejercicio coartados en sus libertades. Parecería que fuese su anhelo. El del salto. Atrás. Sin valla y sin cuchillas. Como su dios manda.

La ley que prepara de “Seguridad” ciudadana –calificada incluso como más propia de una dictadura por asociaciones de juristas- es para Rajoy, por el contrario, algo que nos hará más libres. Qué obsesión en mentar la “libertad” cuanto más la restringe.

La cascada de atropellos es diaria. Empiezo a dudar que este sujeto vuelva a convocar elecciones o que lo haga sin trampas.

Los colegas en radicalismo ultraconservador del PP en Madrid -es decir, Ana Botella, esa “gran alcaldesa” según Rajoy- nos han dejado hoy una imagen para la historia como símbolo: han quitado el nombre de Fernán Gómez a su teatro. Ojalá la historia ponga en su sitio y su responsabilidad a esta gente y a todos cuantos les apoyaron. A veces pasa.

Revista Mongolia

Revista Mongolia

Franco felicita a Rajoy en su segundo aniversario. Un respiro provocador de Carne Cruda.

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