Francisco Camps se sentará en el banquillo acusado de un delito de cohecho. Está acusado de haber recibido prendas de vestir de la trama Gürtel. El Juez instructor considera –y conviene recordarlo porque algún medio lo olvidó en la información inicial- que «El propósito de los trajes era ganarse, con el agasajo, el favor de los obsequiados«.
De regentar una agencia de viajes, Francisco Correa -el «presunto» cabecilla de la trama corrupta- pasó a mantener una treintena de casas ó 22 automóviles y 2 barcos. En esta “Biografía no autorizada de Correa”, Álvaro Llorca en el desaparecido Soitu, daba cuenta de algunos extremos: según el auto, “Correa daba instrucciones para realizar dádivas a funcionarios públicos, con el fin de obtener un provecho económico para él y el grupo que dirige o para conseguir la paralización de procedimientos sancionadores que afectan a su patrimonio». Al ser una información publicada cuando se destapó el caso –la memoria es indispensable en el periodismo-, resulta en extremo interesante ver los problemas del Juez Baltasar Garzón por haber iniciado su instrucción. Hoy el magistrado está suspendido.
Lucía Méndez, una excelente periodista, contaba la historia de “El hombre que quería vivir como los pijos” y a quien la diosa fortuna le hizo instalar su negocio cerca de la sede nacional del PP en la calle Génova de Madrid. De esta forma Correa “se hizo un hueco en el partido a base de ofertar viajes a precios de saldo”. Después llegarían los contratos.
Cada cuál puede sacar sus conclusiones sobre si los trajes fueron un ingenuo regalo. Por más que la corrupción pública –y como demuestra el sumario de Gürtel en la comunidad valenciana la hubo y en cantidades astronómicas- sea dinero que se roba al resto de los ciudadanos y, además, desde las instancias que menos deberían osar hacerlo, las que nos representan, en las que hemos depositado nuestra confianza: los gestores políticos. “La corrupción es incompatible con la democracia y, por tanto, aquella hiere gravemente a los propios fundamentos del sistema”, afirma Carlos Jiménez Villarejo, nuestro primer fiscal anticorrupción, en un documentado estudio en el que, entre otros, cita este párrafo de la obra “Corruzione e Democracia”, de dos auténticos expertos, el politólogo Yves Mény y la socióloga Donatella Della Porta: «la corrupción pone en peligro los valores mismos del sistema: la democracia es herida en el corazón; la corrupción sustituye el interés público por el privado, mina los fundamentos del Estado de Derecho, niega los principios de igualdad y de transparencia favoreciendo el acceso privilegiado y secreto de ciertos agentes a los recursos públicos«.
Lo que reviste caracteres de extrema gravedad es que el PP, además, reitere que las urnas avalan a Camps. La portavoz de la Generalitat valenciana se ha apresurado a esgrimir ese argumento siguiendo la tónica de muchas otras declaraciones, incluidas las del propio Rajoy que se ha pronunciado varias veces en ese sentido. O la recién elegida alcaldesa de Alicante, Sonia Castedo, a pesar de estar imputada en otro chanchullo. Castedo dijo en su toma de posesión: ‘lo que las urnas han dicho no puede modificarse en otros lugares’.
Alguien habrá de hacer ver al PP que los votos no bastan –sino todo lo contrario- para lavar delitos (de una “presunción” que hiede). No en un país democrático. Tajante y radicalmente es así: no en democracia. Las mayorías no están por encima de la Ley, como la aquiescencia de la grada no legitimaba el asesinato de los gladiadores en el circo romano. Y hacer llegar ese mensaje a todos los votantes de todos los presuntos corruptos. No dejo de preguntarme también –e incluso me respondo altamente incómoda- qué hemos hecho mal al formar e informar a una sociedad con esa tolerancia y apoyo a la corrupción. El daño nos lo hacen a todos, a la democracia tan herida en estos tiempos por otros ataques. Que a nadie le extrañe el profundo hartazgo de la ciudadanía. Estamos absolutamente saturados de tanta inmundicia y no vamos a consentirla más.
El Periscopio 