Era joven, tenía un precioso niño pequeño, estabilidad, el –para mí- mejor trabajo del mundo y el sol parecía salir todos los días. Una Constitución de consenso –es decir, que completamente no satisfacía a nadie- abría la puerta a un tiempo nuevo sin embargo, en el que enterraríamos el durísimo tránsito hasta llegar a ella. En apenas 3 años se habían restituido los derechos civiles que el franquismo cercenó… durante 4 décadas que aún pagamos.

Nunca imaginé que en el redondo 2010 el Día de la Constitución se iba a celebrar bajo “estado de alarma”, con el aplauso mayoritario de la población. Para poner “en su sitio” a un colectivo de trabajadores privilegiados –hoy bajo jurisdicción militar y privados de sus derechos laborales- que habían echado un pulso al Estado de… consumo.

De todos los artículos de nuestra carta magna el que realmente se ampara (a la española, hasta con las habituales trampas a los usuarios) es el 51: “Los poderes públicos garantizarán la defensa de los consumidores y usuarios, protegiendo, mediante procedimientos eficaces, la seguridad, la salud y los legítimos intereses económicos de los mismos”.

Los medios informativos, incluida la televisión pública en sus telediarios, contribuyen con ahínco a mantener la situación. Andrés Villena en Público, señala los principales hitos que han llevado a esto: “ el “rebaño” debía seguir una dirección firme marcada por una élite, por lo que los medios se dedicarían a “fabricar el consenso” entre el grueso de la población y sus líderes”.

El derecho al trabajo también está consagrado en la Constitución española. Artículo 35. 1. «Todos los españoles tienen el deber de trabajar y el derecho al trabajo, a la libre elección de profesión u oficio, a la promoción a través del trabajo y a una remuneración suficiente para satisfacer sus necesidades y las de su familia, sin que en ningún caso pueda hacerse discriminación por razón de sexo».

Pues bien, más de cuatro millones de personas no “disfrutan” de ese derecho en España, duplicando la media de paro de la UE. Y 350.000 (en las cifras más optimistas) se vieron privadas este viernes por decreto a una prestación de 426 euros mensuales. El Estado se ahorra así 840 millones de euros, aunque, por ejemplo, como apuntaba un comentario, entregue 1.400 millones de euros a los concesionarios de autopistas privadas para salvarles del fiasco que al parecer las administraciones no previeron.

A muchos nos hubiera gustado que los periodistas en activo preguntaran a estas personas que no van a ver entrar ni un euro en casa, de qué habían tomado el bocadillo o si sufren mucho estrés. Casi 30 minutos del telediario de anoche se invirtieron en contarnos las jeremiadas de quienes no pudieron volar durante 24 horas. Mal está, hubo casos contados dramáticos, pero ¿no quedaron ni 60 segundos para ver cómo se vive sin ingreso alguno en un drama continuado de días y días? Más aún, 5.600.000 trabajadores cobran menos del salario mínimo, lo que es ilegal. ¿No militarizamos a sus empleadores?

Artículo 47. «Todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada. Los poderes públicos promoverán las condiciones necesarias y establecerán las normas pertinentes para hacer efectivo este derecho, regulando la utilización del suelo de acuerdo con el interés general para impedir la especulación».

¡Qué divertido! ¿verdad? Esto es una utopía -el derecho de los consumidores ley sagrada-. El goteo de quienes se quedan sin casa pero con deudas al banco es constante, pero citaré un caso extremo. El de José Luis Burgos, un discapacitado que, en silla de ruedas, mantiene una huelga de hambre frente a una sucursal del Banco de Santander en Barcelona. Ningún gran medio le ha prestado atención. Ni se ha militarizado a Botín, por el contrario se le llama a consulta en la Moncloa. Y luego dice el gobierno que «quien le eche un pulso lo perderá».

Pero sigue el drama aeroportuario con esas pobres criaturas que lloran porque sus papás están nerviosos al no poder coger un avión. Y nos lo cuentan exhaustivamente, hasta hacerme quitar la radio o la televisión. Dos millones de niños viven en riesgo de desnutrición en España (no en Sierra Leona) porque su familia no dispone de suficientes medios para darles de comer. Ni medio minuto les dedican. Para ellos ni siquiera rige el Estado de consumo.

Pero el pulso perdido de los controladores nos “ha escupido en la cara”, dice otro comentario. Bien impermeable la tienen algunos, muchos, cuando el resto les resbala. Y jamás hablaré de caridad, jamás, sino de justicia.

Llueve intensamente en este Día de la Constitución lastrado. Yo adoro los días como estos, grises, húmedos, de gotas apaciguadoras. Pero me preocupa la idiocia de una sociedad que se deja manipular de tal forma en sus más bajos instintos, hasta pensar en la violencia contra otros asalariados que ni de lejos se embolsan lo que las protegidas «grandes fortunas«. Dice quien fuera presidente del gobierno de España durante 8 años, el inefable Aznar, que “el estado del bienestar no se puede mantener, no nos lo podemos costear”. No para pagarle a él por combatirlo cuantiosos emolumentos.

Escupen sobre nuestros derechos laborales y ciudadanos y solo nos irrita el ataque al Estado de Consumo.  Un nuevo periodismo se vislumbra, sin embargo,  con las terribles revelaciones de wikileaks y sus arriesgados actores, no sé si la España impenetrable le hará sitio en sus conciencias. Llueve y llueve realidad obscena para, seguramente, convertir las constituciones democráticas en papel mojado.