Rajoy no tiene fondos “ni para pagar las prestaciones por desempleo  ni a los funcionarios, ni la sanidad, ni la educación”. Y el “no hay dinero” lo repite como un mantra un amplio sector de la sociedad. Según dicen, lo dilapidó Zapatero y no tuvo nada que ver ni la crisis financiera mundial, ni la burbuja inmobiliaria inflada por el PP y no pinchada por el socialista, ni el consecuente pufo de Bankia -que hunde sus raíces en las comunidades madrileña y valenciana, desde hace años comandadas por los populares-, ni el gasto de las autonomías, causantes del incremento del déficit en el último año y que, casualmente, estaban en manos del mismo partido en su mayoría.

El último recorte del Gobierno se lleva por delante subsidios de parados, derechos de empleados del sector público -ése al que Rajoy acusa, prácticamente, de ser el causante de la deuda- e incrementa el IVA para todos los ciudadanos. Con éstas y algunas partidas más, vamos a “ahorrar” 65.000 millones de euros… justo lo que necesita el sector bancario y que ha motivado su rescate. Lo que “no tenía contrapartidas”. 

El tijeretazo llega después de drásticos recortes en sanidad, educación, cultura, ciencia e investigación, lucha contra el desempleo, la violencia de género o el SIDA, ayuda a la dependencia y al Desarrollo, todo lo que cercenaron los presupuestos generales del Estado. No fue suficiente: poco después el gobierno daba un golpe mortal a la sanidad y la educación públicas de nuevo, con el recorte de 10.000 millones más. Además de aprobar una reforma laboral que consagra el despido libre en la práctica, la bajada de sueldos o la movilidad arbitraria de los trabajadores.

“No lloremos sobre la leche derramada” como gusta decir el ministro De Guindos y busquemos el dinero que le falta ver a Rajoy, no vaya a ser que se nos vierta encima toda la producción mamaria de los ganados ovino y caprino.

Contamos en España con 143.000 personas (en datos de Merryl Linch), ricas de solemnidad, y a un número indeterminado de casi tan grandes fortunas, que no pagan los mismos impuestos que los demás. Y, entre ellas, a un selecto club de poco más de tres mil personas que reúnen un capital cercano a los 25.000 millones euros. Con diversos accionistas que amplían el conjunto hasta unos 400.000 millones de euros, atesoran ellos solos un capital mobiliario similar al que disponen, juntos, los 17 millones de hogares que existen en España. Agrupados en SICAV cotizan a un 1%. Una equiparación de impuestos de este grupo con el resto de los ciudadanos aportaría una gran inyección al fisco. 

Se podría perseguir realmente el fraude fiscal y la economía sumergida que nos roban al conjunto de los españoles 240.000 millones de euros anuales, el 23,3% del PIB, según cálculos de GHESTA. El sindicato de los Técnicos de Hacienda, con modesto realismo, propone medidas para aflorar tan solo el 10% y recaudar 38.000 millones anuales. 

  Los paraísos fiscales son otro agujero negro de nuestra economía, de la europea, de la mundial. A ellos evaden con total impunidad una cantidad que ningún gobierno ha cifrado en un número concreto. Aquí, en lugar de perseguir el fraude, el PP ha decretado una amnistía para que estos delincuentes fiscales coticen entre un 8% y un 10%, sin intereses, ni sanciones, ni la menor publicidad. Una medida condenada, por otro lado, al fracaso recaudatorio como explica el economista Juan Fernández Vigueras.

El monto de la corrupción política y de sus beneficiarios es otra cifra insondable, aunque repasando sumarios judiciales intuímos que nos daría para “salir de pobres”. Cada partido debería reponer de forma subsidiaria lo que nos han sustraído las personas a las que, por su causa,  entregamos la llave de la caja fuerte.

Tenemos esos 13.266.216,12 euros mensuales (casi 160 millones al año) que aprobó el primer consejo de ministros del PP para –como hicieron todos sus antecesores- sustentar a la Iglesia Católica en un país aconfesional, y que son solo una parte de las subvenciones que por otros conceptos recibe. O lo que, al menos, podría recaudarse por el pago del IBI del que está exonerada, cuya cuantía  ha sido evaluada en 3.000 millones de euros anuales.

Prácticamente el único Ministerio que ha aumentado alguna partida en sus presupuestos ha sido el que dirige José Ignacio Wert. La inversión global se ha reducido drásticamente pero se ha dispuesto más dinero para el Consejo Superior de Deportes y para la promoción de los toros –ese muerto al que se intenta revivir por ser tan “español”-. ¿Es prioritario sobre las escuelas rurales o las becas universitarias?  

Los clubes de fútbol deben a Hacienda 752 millones de euros. Aunque parece que sin ese deporte no podemos vivir –provocaría un cataclismo nacional superior a ningún otro- convendría que fueran saldando sus deudas.

La Casa Real, los asesores de libre designación, los coches oficiales, los viajes, la telefonía móvil, comidas y hasta los canapés del poder también podrían ajustarse. Y nadie sabe qué pinta el Senado en nuestro ordenamiento legislativo. Imprescindible tijera también aquí.

Sin ingresos directos pero como potente motor dinamizador de la economía -y por tanto de la creación de empleo-, tenemos precisamente a Bankia. Si está nacionalizada y va a recibir esa ingente cantidad de dinero, que actúe como banca pública y facilite créditos y sin usura.

La imposición de la Tasa Tobin a las transacciones financieras que otros gobiernos europeos empiezan a establecer sería otra importante fuente de ingresos. ATTAC –que nació con ese objetivo- argumenta que solo se refiere a la compra-venta de activos financieros utilizados fundamentalmente para la especulación. Su cuantía es únicamente del 0,1% de esas operaciones. 

Dinero sí hay por tanto, y podríamos buscarle más a Mariano Rajoy (habremos de pensar también en resarcirnos de todo el inmenso patrimonio público que los gobiernos de los últimos años nos han enajenado sin expropiarnos como hacen con los propietarios privados). Con él, no solo no sería necesario aniquilar el Estado del Bienestar ni el derecho a una vida digna, sino que podríamos lograr mucho mayores cotas de prosperidad.

Lo que falla es la intención de base: los políticos neoliberales no buscan el bienestar de la sociedad a la que representan. Para ellos, los países no son un proyecto social, han de funcionar como empresas mercantiles y jerarquizadas. Las personas representan la variable económica con la que maximizar ganancias, de ahí que se las exprima en las pérdidas. Aunque seamos las que sustentamos todo el tinglado.

Lo asombroso es esa ciudadanía que hace dejación de serlo y a quien le parece lógico entregar sanidad, educación, servicios públicos, derechos, presente y futuro para que unos pocos incrementen sus privilegios. Esa rueda de molino al cuello con la que cargamos en España para intentar avanzar en el bien común.

*Publicado en Zona Crítica, eldiario.es