Es una exclusiva de El Mundo, citando hasta cinco fuentes. Según ésta,  Bárcenas «distribuía cada mes sobres con cantidades entre 5.000 y 15.000 euros a secretarios ejecutivos, cargos públicos y otros miembros del aparato», con dinero B procedente «de constructoras, empresas de seguridad y donaciones». La práctica se habría extendido durante 20 años.

Tras revelarse estos trepidantes días que Bárcenas guardaba en Suiza 22 millones de euros en Suiza, que lavó 10 millones gracias a la Amnistía Fiscal, suena bastante patético el discurso de Federico Trillo, uno de tantos que se dieron exculpando a su tesorero.

 
Coincido plenamente con el análisis de Soledad Gallego-Díaz: El PP tiene que devolvernos el dinero. Porque era nuestro. Y añado: dimitir en pleno y convocar elecciones. Para después pasar por los juzgados.

Ignacio Escolar explica que no será fácil ese juicio porque, «casualmente», los delitos que se denuncian ahora han prescrito, justo, acaban de prescribir. Interesante leer su texto completo. Para llegar a esta conclusión:

«En conclusión, la información que hoy da El Mundo es sin duda un pelotazo, pero dudo que esta historia acabe aquí. Con lo que ya sabemos, estamos ante el mayor y más grave caso de corrupción de la historia de la democracia: un escándalo que convierte al partido que hoy gobierna la mayor parte de las instituciones democráticas en una organización corrupta, que de forma sistemática cobró comisiones para repartir los dividendos entre sus dirigentes mes a mes. ¿Cuánto dinero se robó a los españoles para que el que repartía los sobres se pudiese quedar entre los dedos con 22 millones de euros sin que nadie lo notase? Es gravísimo, pero dudo que se acabe aquí. Lo publicado hoy más bien parece una voladura controlada: un intento por anular la capacidad de chantaje de Luis Bárcenas y que sea solo él quien tenga que responder ante la justicia. Tal vez funcione en los tribunales, pero ¿lo aceptará la sociedad?»

El diario.es también ha conseguido el documento con las consignas que los altos cargos del PP deben seguir en sus declaraciones sobre el caso. Las están cumpliendo a rajatabla.

Alguien elaboró ayer para Twitter este listado de los impactos del día a media tarde. Todavía llegaron más. La putrefacción de nuestra vida política se prolonga en jornada extra en una senda sin fin.

Aguirre y Cospedal en declaraciones previas que reflejan su enorme desfachatez. La podadora de la sanidad castellano-manchega fue pillada diciendo que ante las cuentas corrientes en Suiza de políticos, ella dimitiría.

Es la misma que cierra urgencias nocturnas en Castilla-La Mancha pero piensa hacer una red de minicasinos.

Y van saliendo más pufos. Cómo Correa declaraba a viva voz que le había llevado a Bárcenas 1.000 millones de pesetas . O cómo el PP le protegía pagándole un carísimo abogado a 300 euros la hora. O cómo ahora se desentiende. O cómo fue un gran beneficiario de la amnistía fiscal que preparó tan oportuna Montoro, a las órdenes de Rajoy. Importantísima noticia que ha descubierto la Cadena Ser.

Se confirmaba que Ignacio González, el presidente de Madrid que Aguirre nos dejó en herencia, sí ha comprado un carísimo ático en Marbella, a pesar de que lo había negado con anterioridad. Y que hay mezcladas en la compra sociedades extranjeras. Y todo desprende un tufo que apesta.

Los detalles sobre el niño de Gallardón, ese ministro que ha elaborado un Código Penal que el órgano de los jueces (CGPJ) considera de dudosa constitucionalidad y que también devuelve a la mujer a la consideración franquista, . Pues bien, Gallardón tiene un hijo trabajando en un bufete de abogados que casualmente es el que ha gestionado el indulto concedido por el gobierno a un conductor kamikaze que causó la muerte de una persona.

Ya no ha faltado más que saber que una diputada del PP (alto cargo además) en la Diputación de Valencia fue pillada in fraganti husmeando los armarios de Izquierda Unida. Y que, encima, explicó que estaba viendo «si estaba limpio el polvo». 

No dan tregua. Todas estas noticias, todos estos atropellos y sinsentidos, se quedan viejos en horas, en minutos. Porque les añaden más porquería cada día y en varias dosis. ¿Es admisible todo esto? El único consuelo es que no se nos pasa ni una. La ciudadanía no entontecida por buena parte de los grandes medios, les saca sus vergüenzas en segundos.

La lista es interminable y cada día parece añadir nuevos datos. ¿Por dónde empezar? Por Juan José Güemes por ejemplo, ex consejero de Sanidad de Madrid,  el “inventor” de la denominación “cliente” para los pacientes. En aquellos inicios privatizadores de nuestra salud, cedió a empresas el negocio de los análisis clínicos. Ahora se queda con la gestión de todos los hospitales privatizados la empresa Unilabs… por la que acaba de fichar como consejero. Este señor es el marido de Andrea Fabra (que se jodan) y yerno de Carlos Fabra el de los aeropuertos. La defensora del PP –mal llamada Defensora del Pueblo- es a él a quien “defiende”, a Güemes. Ciertamente, Felipe González fichó por Gas Natural, casi un cuarto de siglo después de que empezara a privatizar el sector, y, unos años más tarde, José María Aznar –el que lo terminó de vender todo- por Endesa. Y, esa misma empresa, contrató a Elena Salgado, la de los “brotes verdes”, a los tres meses de dejar de ser vicepresidenta. Esto va que vuela.

Y tenemos a Rodrigo Rato, imputado en el caso Bankia, la gran sangría del sistema financiero español y por ende de todos nosotros, llamado también a “asesorar” a Telefónica. Y a Esperanza Aguirre que va a cazar talentos para una empresa privada… del calibre de Ignacio González, el sujeto que ha vendido 6 hospitales públicos madrileños con una cláusula que hace enormemente costoso revertir el contrato… salvo que se haga tabula rasa. O a Carromero, esa joven promesa del PP que había perdido el carné de conducir por hacerlo borracho, condenado en Cuba al estar al volante de un coche que chocó matando a dos disidentes del régimen y que en cuatro días ha vuelto a España y en dos minutos ha conseguido el tercer grado para seguir trabajando como asesor por más de 50.000 euros al año.

O a María Dolores de Cospedal, que, entre otras muchas tropelías, ha dejado sin urgencias nocturnas a 100.000 personas en el ámbito rural, mientras ella cobra un dineral, y su maridito del alma no deja de conseguir jugosos contratos. O el propio Mariano Rajoy, registrador de la propiedad, a cuyo cuerpo precisamente entrega la gestión del Registro Civil también privatizado.

Podemos volver a Bankia, a la Fundación Caja Madrid, para la que han nombrado “nuevo” Patronato, con lo más granado. Hasta a Moral Santín, de Izquierda Unida, también imputado, han mantenido por aquello de la «pluralidad». Arturo Fernández, el vicepresidente de la CEOE, imputado en Bankia, y con «problemillas» con Hacienda, ha decliado participar (que se lo han ofrecido). Pero sí ha aceptado el antiguo «progre» Albert Boadella que tanto gusta a la ex presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, que dejó el puesto para descansar pero se ve que no para.

O el caso Pallerols, donde se ha llegado a un pacto judicial por los hechos probados de desvío de fondos públicos para la formación de parados a Unió Democrática de Catalunya y cuyo presidente Duran i Lleida -que prometió dimitir si se probaba-, ahora dice que es “como si se hubiera dejado un grifo abierto”: los daños causados no le incumben.

La lista es interminable, sí. Precisaría una enciclopedia de muchos tomos para reseñarla al completo. Mientras, el 96% de los españoles cree que la corrupción política es muy alta –en una encuesta demoledora de principio a fin-, y el 95% que los partidos políticos protegen y amparan a los corruptos,  ellos no se cortan un pelo y a diario nos agraden con nuevos atropellos y nuevas falacias. Esparciendo mierdas ajenas, por ejemplo. Unos cimientos asentados en tal putrefacta caspa no pueden mantener un edificio en pie. Y así estamos.

*Güemes ha dimitido como consejero de Unilabs, pero cree que ha perdido libertad en la defensa de sus convicciones y de la colaboración público-privada.