Se diría que la Constitución española tiene un único artículo, el 2, cuando dice: “La Constitución se fundamenta en la indisoluble unidad de la Nación española, patria común e indivisible de todos los españoles”. Y luego unos subordinados que lo afianzan.  La indisoluble unidad y las Fuerzas Armadas para garantizarla en el 8. El 4 para fijar los términos de la bandera y poco más. El resto del articulado hoy parece secundario.

Unas élites anquilosadas dictan doctrinas hablando incluso de “fatiga de materiales” para una Constitución que no llega ni a los 40 años de existencia, cuando hay otras varias veces centenarias. La de los Estados Unidos, promulgada en 1787, aprobó una Primera Enmienda ya en 1791 –para garantizar la libertad de expresión casualmente – y otras 9 más el mismo año. Lo que tiene la nuestra como diferencia es que no se toca, frente a otras que se adaptan y se mueven como se mueve la propia vida. Los doctos saberes de la España oficial encuentran el principal fallo de la Constitución en el título VIII: varios artículos que regulan la organización territorial. Volvemos a lo mismo, al artículo único: la indisoluble unidad de España.

Poco se habla del artículo 1 que, ordinalmente, ostentaría la máxima jerarquía: “España se constituye en un Estado social y democrático de Derecho, que propugna como valores superiores de su ordenamiento jurídico la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político”. ¿Alguien puede mantener que España es un Estado social en lugar de un Estado al servicio de la economía, de las grandes corporaciones, y hasta especulativo?

La única vez que nuestra sacrosanta Constitución se reformó fue en el año de gloria de 2011. Al margen de un cambio de redacción mínimo en 1992. En tres días de agosto –hay quien dice que en 15 minutos en realidad – se reformó el Artículo 135. Entre PSOE y PP, entre el entonces presidente Zapatero y el que ganaría las elecciones aquel 20 de noviembre: Mariano Rajoy.  En el epígrafe 3 dice:

“ Los créditos para satisfacer los intereses y el capital de la deuda pública de las Administraciones se entenderán siempre incluidos en el estado de gastos de sus presupuestos y su pago gozará de prioridad absoluta. Estos créditos no podrán ser objeto de enmienda o modificación, mientras se ajusten a las condiciones de la ley de emisión”.

Prioridad absoluta del pago a unos créditos que suscriben los gobernantes sin posibilidad de enmienda. Rajoy ha llevado la deuda a su récord histórico, por cierto. Más de 1 billón de euros y en torno al 100% del PIB. Con la reforma del 135  se maquinó el fin del Estado social. Ya venía avisando, sin duda, y los gobiernos de Rajoy le dieron el remate. Es lo que ocurre cuando las leyes son interpretadas bajo un Estado de derechas, y con grandes dosis de corrupción, que tiende al autoritarismo para proteger sus felonías.

El 135 entró en colisión con varios artículos. No se cumplían y quedaron en papel mojado, con aval. El derecho a una vivienda digna y adecuada. Con un desarrollo que da casi ternura leer, sujetando la indignación. Estipula que “ Los poderes públicos promoverán las condiciones necesarias para hacer efectivo este derecho»   (…)  regulando la utilización del suelo de acuerdo con el interés general para impedir la especulación”.  Lo mismo ocurre con el deber y el derecho al trabajo dignamente remunerado. O con el pago de impuestos.  Arsenio Escolar adelantó el análisis, ayer, reseñando algunos incumplimientos flagrantes de la Constitución. Con las dramáticas consecuencias que han tenido.

Una Constitución que, como Carta Magna y máxima, debería garantizar lo que dice garantiza y no ser tan selectiva en sus prioridades, según quien manda o influye. Hoy nos encontramos con la salud privatizada aceleradamente, el empleo que no cubre las necesidades básicas a muchas personas por su precariedad. Y a la baja: empiezan a sobrar hasta camareros.  La hostelería está destruyendo empleos a un ritmo desconocido. Cuando no hay dinero, no se consume aunque cante maravillas la propaganda. Las pensiones en el centro de la diana ya sin disimulo. Martillean a diario –ahora diagnosticados por la OCDE – con que España paga a demasiadas personas que les da por vivir mucho tiempo y una cantidad mayor en porcentaje que otros países. De unos sueldos inferiores históricamente. Pero, eso, como tantas otras cosas no se cuenta.

Defiende Rajoy “el gran proyecto que es España” y que “algunos” no quieren ver, secundado y jaleado por sus medios concertados, por sus socios, cuando no hay sino mirar la realidad. España, de tanto no ser ya un Estado social, se ha vuelto un Estado de economía especulativa.

Noticia del día. Baleares anuncia las guarderías del futuro: 1,5 metros cuadrados por niño y sin luz natural obligatoria. Ofrecen solo servicio de custodia, no educativo. La Rioja y Murcia tienen normativas parecidas. Almacenes de niños pobres. Quizás se arme algún revuelo y se retrase su implantación, pero es a lo que vamos. Su hijo puede ser uno de ellos, su nieto. Ciudadanos de primera y de segunda desde la cuna. Las guarderías públicas de 0 a 3 años son eterna promesa electoral, permanentemente incumplida.

¿Se han fijado en la cantidad de niños que van tosiendo por los lugares públicos? Un médico comentaba hace unos días en Radio Madrid, de la SER, que uno de cada diez niños acude a clase con la merienda y un inhalador broncodilatador en la mochila. Los niños son muy sensibles, sí, pero no a ese punto. La contaminación y lo que llaman “pobreza energética” está haciendo estragos en la salud de niños y adultos.

Carne de cañón para un mundo que ya publica sin sonrojo,  normaliza, el comercio de órganos. La venta, por dinero en consecuencia. Y avanza cuánto se paga por un riñón o un corazón. El mundo del sálvese quien pueda, literalmente.  Y que se configura como el modelo ultraliberal del futuro. Cuesta creer que haya tantos millones de seres cegados por la bandera del artículo único. Pero los hay, dispuestos a despeñarse por un acantilado si es preciso.

“La soberanía nacional reside en el pueblo español, del que emanan los poderes del Estado”. Todos. Lo dice el artículo 1, también. Sería exigible un voto responsable por el bien común. Derechos, libertades, criterio, andan en precario.

Se acercan unas elecciones en Catalunya con candidatos encarcelados o fuera de España. Con la Junta Electoral prohibiendo el color amarillo y ordenando retirar carteles con las palabras Libertad y Democracia, escritas en catalán naturalmente.  Con Cospedal, número 2 del PP,  declarando con su desparpajo habitual: “hemos convocado elecciones para que ganen los constitucionalistas”. Su líder en Catalunya lanza una campaña política al grito de “A por ellos”. Refuerzos más jóvenes pero tanto o más conservadores cantan a dos voces el eslogan del mercado: “el Procés se va acabar”. Como criados con el anuncio de Wipp Express de los 90. Un olor a búsqueda de poder, sin más, se extiende por múltiples rincones del tablero político.

¿Fatiga de materiales en la Constitución? Cansancio de una esclerotizada élite que apaga todo pulso de imaginación y de empuje. Las crónicas de la jornada festiva nos hablarán de los destacados asistentes, de los corrillos sin cámaras. Tampoco esta vez hablarán de nosotros.  Sí de lo que “nos hemos dado”, y nada de lo que nos han quitado. Algo cambiaría si las cruzadas nacionales y los artículos 155 para los incumplidores se dedicaran al artículo 1 de la Constitución, a «los valores superiores de su ordenamiento jurídico la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político».