¿Hasta dónde puede llevar el ejercicio abusivo del poder y el silencio que lo ampara?

Un periodista decente acaba de ser asesinado con crueldad extrema. Troceado en vivo hasta la muerte, según indicios concluyentes. Jamal Khashoggi, saudí, entró en el Consulado de su país en Estambul para gestionar los papeles de su boda y ya no salió. Espeluznantes detalles de la tortura sufrida. Sus artículos en The Washington Post eran críticos con el Príncipe heredero y viceprimer ministro de la poderosa petromonarquía, Bin Salmán, de 33 años. Un aperturista, nos contaban. La identificación de  Maher Abdulaziz Mutreb en la escena del crimen vincula el caso al Príncipe a cuyo servicio de seguridad pertenece. La última columna de Khashoggi decía: “ Lo que más necesita el mundo árabe es libertad de expresión“.

Y no pasa prácticamente nada. Trump no sabe cómo quitarse el muerto de encima. “Puede perjudicar sus relaciones con Arabia Saudí”, escuché en una crónica de un telediario. Y a nuestro Ministro de Exteriores le da justo por echar a cónsules contrarios a su cruzada, sin nada que decir del asesinato de Khashoggi. Todos miran para otro lado, sí. Hasta periodistas. Las gentes acaudaladas tienen muchos negocios por hacer. Y el resto mucha impotencia que asumir.  Pero con Khashoggi  ha sido asesinada la libertad de expresión y los derechos de todos. Una vez más.

El Príncipe heredero de Arabia Saudí, Bin Salman Abdulaziz al Saud (c), a su llegada a la Base Aérea de Torrejón, Madrid, con motivo de su primera visita oficial a España. EFE/Emilio Naranjo.
El Príncipe heredero de Arabia Saudí, Bin Salman Abdulaziz al Saud, a su llegada a España. Descendiendo del avión, Maher Abdulaziz Mutreb. EMILIO NARANJO / ELDIARIO.ES

Hoy sabemos que el presunto cabecilla del asesinato de Khashoggi acompañó al príncipe saudí en su visita a España  en abril para cerrar la famosa compra de cinco corbetas de los astilleros públicos de Navantia por 2.000 millones de euros. Y otros cuatro contratos.

El dinero, en grandes cifras, siempre en el centro.

La prensa convencional española acababa la semana desolada por el fallo del Tribunal Supremo contra los gastos hipotecarios que cobraron indebidamente los bancos. “Batacazo de la banca tras la sentencia de las hipotecas” dice ABC. “Los bancos en “shock” al endosarle el TS el tributo a las hipotecas” titula El Mundo. “Mazazo a la banca: podría llegar a peligrar hasta la mitad de su beneficio en España”. Los programas radiofónicos del bloque instruían en el mismo espíritu. Quizás confiaban en el sacrificio de sus lectores y oyentes hipotecados. En sus renuncias por un bien superior. Pero l os llantos  por el “mazazo” a la banca   han llegado más alto y más al corazón de la efectividad, al parecer.

A mediodía,  el Supremo comunicaba la paralización de su sentencia  para revisar “con urgencia”  la decisión sobre el impuesto de las hipotecas debido a su repercusión económica y social. Una reacción insólita, sin precedentes. El anuncio del Supremo dispara las ganancias de los bancos en bolsa. No cabe mejor titular de esta España en la que ocurren cosas tan insólitas. 

Es un escándalo que ha causado impacto. El dinero mueve algunas solidaridades más. Pero la semana acaba con otra cadena de tropelías  que mañana o pasado a más tardar habrán entrado ya en el Purgatorio informativo de los justos o limbo. Éste aún existe a diferencia del ubicado en el reino de los cielos.  Allí donde la jerarquía católica española pone al frente de su Comisión antipederastia al obispo que ocultó el caso de abusos de La Bañeza, León.

Y el gobierno, el presidente Sánchez en persona, nombra Consejera de Estado a Soraya Sáenz de Santamaría.  Hace poco más de un año inició el proceso de solicitud de reprobación como vicepresidenta del gobierno del PP por su gestión de la represión en Catalunya contra los votantes del 1-O. Luego lo retiró como pedían “voces críticas” del PSOE.   Ahora, le ha dado un puesto de honor.

A nadie puede extrañarle lo que ocurre en España. Vivimos en un país poco transparente. Un país de dossieres, sin duda, como puede conocer cualquiera que siga las andanzas judiciales del Comisario Villarejo, sus tramas labradas durante años. Con ramificaciones. Con tramas parejas.

No salimos de nuestro asombro, dicho sea en frase retórica. Un alto cargo del gobierno de Mariano Rajoy se reunió fuera de agenda con el presidente de Andorra una semana después de la confesión de Jordi Pujol.  Ese país que acogió la fortuna amasada por la familia del ex president catalán.  Y a quien se le ocurrió decir cuando comenzó la investigación sobre  el origen de sus cuentas: “Si caigo yo, caemos todos”. Y ahí lo tienen ustedes al fresco cuatro años después.

Es un país en el que ni los atentados más terribles que ha sufrido España paralizan el afán depredador de algunos desaprensivos. El 11M precisamente, Francisco Granados  (PP) y López Madrid, el famoso compiyogui real,  amañaron un contrato de Ifema, donde iban llegando los cadáveres, por cierto. Según la investigación de la UCO manipularon la adjudicación de un aparcamiento de la gran Feria de Madrid para dársela a una modesta constructora que solo hacía viviendas residenciales.

Ya no se deroga la Ley Mordaza tampoco. Van a estudiar su reforma. Ciudadanos llevará al Congreso como asesor de los cambios a un policía que vincula inmigración y terrorismo. “Me cago en la ideología de género” asegura en sus redes sociales, además.  No puede estar en mejores manos ¿verdad?

El PP on fire entretanto.  Pablo Casado hastía a Angela Merkel a la que ido a ofrecerse para presidente del gobierno español. La ex ministra Tejerina insulta a los niños andaluces y a la izquierda  desde el pedestal de su soberbia y su ignorancia.  Dolors Monserrat presume ella misma de su ridículo. Y, ya en plena efervescencia, el PP  pide al Supremo que ordene repetir el juicio de Gürtel con un tribunal “sin apariencia de parcialidad”. Oiga, que visto lo visto, nunca se sabe. 

La derecha tiene crítica y chanza para rato con la visita de Pablo Iglesias a Oriol Junqueras en la cárcel para hablar de los presupuestos. En la cárcel, en donde  lleva casi un año de prisión preventiva bajo cargos discutidos en sectores judiciales de Europa y de España.  Los políticos que intentan actuar les hacen mucha gracia a los parásitos.

Como buena parte de los refranes, el que habla de sacar las castañas del fuego se inventó en un tiempo sin guantes aislantes y, al parecer,  casi sin cucharas o pinzas. Pero las castañas o las patatas calientes, los derechos conculcados, siguen abrasándose en la lumbre y alguien habrá de afrontar la tarea de sacarlos. Hablamos de responsabilidades con lo propio.

Hemos llegado a un punto en el que a quienes, en su dejadez, permiten que pisotean sus propios derechos y los de todos, aún hay que contemplarles, mimarles e intentar convencerles.  Los peores son los que siempre encuentran una buena coartada para callar: hay casos parecidos y peores, no se habló en é ste o aquél.

¿Hasta dónde puede llegar el ejercicio abusivo del poder y el silencio que lo ampara?, también es retórica la pregunta pero cada cesión es una necrosis de la democracia, más aún de todo aquello que nos permite considerarnos seres humanos.

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Fundamentos de la magnánima sentencia del Supremo a Jaume Matas

Como las noticias se las lleva la corriente en un soplo, así ha sucedido con la rebaja de condena al ex presidente balear, Jaume Matas, que nos soliviantó ayer. Matas se dedicó a hacer encendidas declaraciones de alabanza a la justicia que había imperado y hasta defiende la labor del Instituto Nóos, aunque pertenece a otro sumario. Anuncia por cierto -y él sabe- que acabará en un problema fiscal sin más. Si todo continúa igual en España, claro.

Pues bien, quizás convenga conocer los argumentos del voto particular que ha emitido el magistrado Alberto Jorge Barreiro. En un prolijo texto legal al uso que desgrana a lo largo de 27 páginas cuanto necesitamos saber para aclararnos. Podemos ver los fundamentos de por qué sus compañeros del Tribunal Supremo han emitido esta sentencia, pero también los que a él le llevan a oponerse en algunas cuestiones. De hecho no objeta la decisión de la mayoría de que no hubo MALVERSARCIÓN DE FONDOS PÚBLICOS, ni FRAUDE A LA ADMISTRACIÓN, pero sí prevaricación y una clara autoría que corresponde al entonces presidente de Baleares. He tratado de resumir lo que me parece más relevante de la opinión de Alberto Jorge Barreiro, pero aquí –y gracias al diario Público- tenéis el texto completo. Es un muy instructivo para ver cómo funciona la justicia y cierta política.

PREVARICACIÓN

” En virtud de lo que antecede, es claro que tengo que discrepar del criterio de la mayoría de la Sala, toda vez que no puedo compartir el argumento de que por el hecho de que Antonio Alemany haya ejecutado realmente los trabajos que le encomendó el Presidente de la Comunidad Autónoma no concurra el delito de prevaricación, o que deje este también de aplicarse por el hecho de que esos trabajos fueran de interés general. Esos argumentos pueden ser válidos para excluir la aplicación del tipo penal de malversación, pero no el de prevaricación.

Y ello porque, en contra de lo que se dice en la sentencia mayoritaria, las resoluciones dictadas por la Directora General  de Relaciones  institucionales cumplimentando las decisiones e indicaciones de algunos de los acusados, sí son injustas y arbitrarias, dado que infringen de forma clara, patente y manifiesta la Ley la Ley 2/1.996 de 19 de noviembre, de Incompatibilidades de los miembros del Gobierno y de altos cargos de la Comunidad Autónoma de las Islas Baleares, y los principios que encarna relativos a la objetividad e imparcialidad a los intereses generales en el ejercicio de la función pública.

Se dictaron unas resoluciones injustas y arbitrarias, ya que con ellas se buscaba incumplir de plano la Ley Autonómica de incompatibilidades, siendo ese precisamente el objetivo que se propusieron los acusados con la convocatoria, tramitación y resolución deun concurso público rodeado de suspicacias por los consejos orientativos y facilitación de datos que se aportaban a un concursante determinado, que a la larga acabó siendo el único.

Y en cuanto al resultado material de la acción delictiva y a la lesión del bien jurídico que tutela la norma penal, es claro que en elpresente caso se dieron tales elementos del delito. Pues, tutelando el tipo penal el recto y normal  funcionamiento de la Administración de acuerdo con los parámetros constitucionales que deben orientar su actuación,centrados en el servicio prioritario de los intereses generales, el sometimiento a la Ley y al Derecho, y a la absoluta objetividad e imparcialidad en el cumplimiento de sus fines, en este caso se han vulnerado esos bienes jurídicos al defraudar precisamente la normativa de una ley de incompatibilidades que está dictada para la rigurosa cumplimentación de tales principios, utilizando para ello la tramitación de un concurso simulado.

Por consiguiente, sí concurren en este caso los elementos objetivos y subjetivos del delito de prevaricación previsto en el art. 404 del C. Penal en la modalidad de continuado (art. 74), ya que los acusados actuaban a sabiendas de la manifiesta ilegalidad en que incurrían.

AUTORÍA

Ello es lo que en gran medida sucede en el caso examinado, en el que la conducta delictiva se ejecuta en el marco de una estructura piramidal y jerárquica de naturaleza administrativa, donde hay un máximo responsable (el Presidente de la Comunidad Autónoma), unos mandos intermedios pero de alta dirección y con diferentes categorías (la Consejera de Relaciones Institucionales y el Director General de Comunicación, Rosa Estarás y Joan Martorell, respectivamente), y en un escalón algo inferior de capacidad decisoria y competencial responsabilidad otras dos funcionarias: Dulce Linares y María del Carmen Umbert.

En este tipo de estructuras jerarquizadas se da la circunstancia de que cuanto menor es la capacidad decisoria y competencial de un funcionario más próximo suele estar a lamaterialización de la conducta delictiva y mayores posibilidades tiene de incurrir en la ejecución formal de la conducta típica, quedando así abarcado su comportamiento por el tipo penal desde la perspectiva de la concepción objetivo-formal de la autoría. Mientras que en los cargos de alta dirección donde se adoptan las decisiones más relevantes, los sujetos máximos responsables de la estructura organizativa no suelen materializar el hecho delictivo con actos formalmente subsumibles en la norma penal,por lo que ha de acudirse a una concepción más objetivo-material de la autoría para abarcar la relevancia real de su intervención delictiva. Se da así en no pocas ocasiones la grave contradicción de que la persona que es la máxima responsable de la acción delictiva es condenada como mero partícipe del delito, y quien es un mero ejecutor de los mandatos de un superior, competencial y disciplinariamente, es condenado como auténtico autor.

Pues bien, descendiendo al caso enjuiciado nos consta como probado en la premisa fáctica de la sentencia que el Presidente de la Comunidad Autónoma era la única persona que tenía un especial interés en que trabajara como su asesor personal el coacusado Antonio Alemany.

Y también figura probado, tal como ya se recordó en el primer fundamento de este voto particular, que era quien concibió la idea de convocar un concurso público controlado por la Administración, de forma que se procurara restringir la asistencia de licitadores y que se facilitara la máxima información a la persona que iba a intervenir como auténtico intermediario para la adjudicación del contrato con el fin de que hiciera llegar el dinero a Antonio Alemany, persona que era la auténtica beneficiaria desde el punto de vista económico del contrato simulado que se iba a formalizar mediante tan singular concurso.

(…)

Por consiguiente, si Jaume Matas era la persona que había concebido y planificado el concurso para otorgar un contrato administrativo simulado, y también era quien convenció a los protagonistas de la operación y dio las órdenes para que lo materializara su hombre de confianza en temas de comunicación, no resulta razonable, siendo como era además el recurrente la persona que dominaba la organización administrativa autonómica por autoridad y competencia, negar que era el autor por dominio del hecho y de la estructura organizativa. Máxime si se sopesa también que despachaba diariamente con la persona a la que había encargado llevar adelante la tramitación del concurso, Joan Martorell, que le gestionaba los temas relativos a las materias comprendidas dentro del nuevo contrato que se iba a adjudicar.

Todo ello significa que el Presidente de la Comunidad, con arreglo a las máximas elementales de la experiencia y a las reglas de la lógica de lo razonable, estaba al corriente de cómo avanzaba la tramitación del concurso. De modo que mantenía por tanto la supervisión de lo que estaba haciendo su hombre de confianza en la fase de ejecución del delito y no solo en la de su preparación, dada la inmediación espacial y temporal que tenía con la materialización del concurso y con sus protagonistas.

Así pues, más que ante un mero inductor estaríamos ante un autor por dominio del hecho. Y ello es precisamente el nombre que le asigna el Ministerio Fiscal en su escrito de alegaciones al recurso, si bien después no desarrolla en detalle tan acertada definición sobre la real intervención del acusado en la trama delictiva.

Sin embargo, al tener el delito de prevaricación la condición de delito especial propio por razón del autor, la Audiencia, siguiendo un asentado criterio doctrinal y jurisprudencial, calificó la intervención del acusado Jaume Matas como una “autoría por inducción” (art. 28 b del C. Penal). A lo que ahora replica la parte recurrente que estaríamos ante una inducción en cadena que resulta vedada por la dicción literal del texto legal, según la interpretación de un sector mayoritario de la doctrina y de algunas sentencias de esta Sala.

Pues bien, aunque la dogmática penal peca en algunas materias de cierto exceso de artificiosidad y tecnicismo, no llega ello hasta el punto de que un supuesto que axiológicamente se presenta como una autoría pueda derivar en atípico por entender que no cabe ni siquiera la participación por inducción.”

Se reabre el caso Camps

El Supremo reabre la causa contra Camps para que pueda ser juzgado en Valencia por el regalo de sus trajes. ¿En Valencia que lo desestimó? El Supremo ordena la apertura de juicio oral y con jurado popular.  (Evidentemente en Valencia el jurado… será popular).

Pero a la vez, Varela pisa al acelerador para abrir juicio oral a Garzón.

En el mismo día.

¡Aquí estamos!

Entre sueño y vigilia he escuchado esta mañana al despertarme al ministro de educación Ángel Gabilondo decir que pedirá dinero para el pacto sobre la educación y que, si la política falla, acudirá a la sociedad para exija a todos los implicados en el acuerdo que cumplan con su trabajo. Una actitud positiva, con el realismo de la utopía –que lo tiene si uno se empeña-, que se abría paso entre tanta hecatombe. He buscado sus declaraciones exactas pero no las encuentro en ningún periódico. Nadie considera reseñable, al parecer, ese propósito.

Nuestro debate de estos días sobre “el sistema” (la entrada anterior y, sobre todo, sus comentarios) ofrece una altura intelectual y de actitud que merecería mayores audiencias. Uno de los errores de esta sociedad apresurada, que engulle mensajes en diminutas píldoras, es que apenas se dan foros para ahondar en el pensamiento crítico mediante el intercambio de ideas. Ocurre, sin embargo, en algunos rincones de Internet. Y con libre acceso para quien quiera verlo.

Lo cierto es que la política parece ir por un lado y la sociedad por otro. Y resulta alentador saber que un ministro lo sabe. Y que buscará espitas a su impotencia apoyándose en los ciudadanos, si las vías que serían lógicas fallan.

El Ibex sigue en caída a esta hora. Los “mercados” –otro oscuro ente que, con “el sistema” nos domina- se asustan ante la ola de descrédito. Porque hay razones objetivas para preocuparse por nuestra economía –no de hoy, desde hace mucho tiempo, desde su gestación errónea al salir de la nada del subdesarrollo, y en todos los pasos dados-, pero ahora está de moda hundirnos. Muchos españoles se apuntan a la tarea, incluso desde atalayas de gran decisión. Caso del Aznar influyente en medios ultraconservadores. O del comisario socialista Almunia, afecto al síndrome de Bruselas.

En Internet precisamente podemos encontrar este análisis centrando el problema de Ignacio Escolar (que comparto) “Han olido sangre”. Un par de ideas:

“A diferencia de otras timbas, casinos y bingos, los mercados financieros tienen una peculiaridad: que los jugadores de chica ganan tanto o más que los que juegan a grande; que uno se puede forrar apostando a que un valor, un bono, una moneda… un país entero se despeñará”.

(…)”España es hoy ese ratón con el que juguetean los grandes gatos especuladores. Por medio de complejas herramientas financieras, como los credit default swaps, los señores del dinero están apostando a que la deuda pública española –y por ende, toda nuestra economía– irán a peor. Como toda puja respalda por ingentes cantidades de dinero, su profecía se está convirtiendo en realidad. La fiebre ha llegado también a la bolsa, a pesar de que la comparación con Grecia es injusta. La deuda española (55% del PIB) es menos de la mitad de la griega (115%). A medio plazo, es probable que el problema español desaparezca en cuanto los grandes gatos encuentren otra presa mejor a la que lanzar sus zarpazos, pero sus arañazos nos van a salir carísimos. ¿Refundar el capitalismo? Pues toma dos tazas”.

Este es un país en el que “El juez Varela recaba el respaldo del Supremo para liquidar a Garzón” y el Supremo se lo da (para perplejidad del mundo entero). Y todo por tratar de enjuiciar al franquismo. Y el instructor anticipa que “le llevará a juicio para inhabilitarle hasta 20 años”. Un país en el que un economista al volante de un taxi asegura que el nexo de unión de entre España, Portugal y Grecia es que tienen gobiernos socialistas (en el caso de Grecia desde hace muy poco) pero no ve relación entre otra coincidencia: los tres países soportaron prolongadas dictaduras fascistas. Ni distingue tampoco entre el potencial y realizaciones de los tres países del Sur con tal de reforzar su ideología. También es la España donde una chica lista (sabe venderse) asegura sin rubor: “A Lisbeth Salander la creé yo antes que Larsson”. O la que refleja que todos los audios de la SER más escuchados son de deportes. O en la que la política más valorada por los ciudadanos es hoy Rosa Díez.

País de “hijoputas” impunes (y discernamos quienes realmente lo son). Pero con un creciente número de ciudadanos que apuesta por pensar, que aporta soluciones positivas o que, con gran criterio, señala nuestros errores.

¡Aquí estamos! Tomo unas ideas del último –hasta ahora- comentario a la entrada anterior. De Trancos. Por ser el último, podría haber elegido cualquiera, todos son igual de útiles: “¿Hacia dónde vamos? No lo sé. A algún autor (Umberto Eco, creo) he leído que afirma que hacia un neofeudalismo: habrá que irse buscando un señor (un carter, una mafia, una pandilla, una secta, una religión…) a quien jurar fidelidad a cambio de la seguridad y el amparo que dejen de prestarnos los Estados” (…) Tétrico panorama que cambia en la conclusión: “Las cosas sólo cambiaran cuando sólo tengamos miedo al miedo”

E

El Supremo avala Educación para la ciudadanía

Derechos Humanos, instituciones y principios democráticos, convivencia entre culturas, igualdad entre hombres y mujeres, globalización e independencia, consumo racional y responsable, circulación vial, participación en la vida pública, valoración crítica de los prejuicios sociales, racistas, xenófobos, antisemitas, sexistas y homófobos. Este es el “peligroso” temario de una asignatura, Educación para la Ciudadanía, que un sector de los conservadores españoles rechaza. La Presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, a la cabeza, animó a los colegios a objetarla. Pero el Supremo acaba de decidir -tras demasiado larga deliberación- que no hay lugar para la objeción de conciencia que reclamaban los padres jurídicamente. 22 votos a favor y 7 en contra, en el alto Tribunal.

Nacida de una recomendación del Consejo de Europa en 2002, todos los colegios católicos y laicos del continente la imparten, sin problema alguno. Pero España parece seguir siendo una excepción, incluso en una Europa cada vez más retrógrada. En nuestro país, dado el rechazo frontal suscitado, Educación para la Ciudadanía se ha aplicado en fases y con una holgada manga ancha para que los centros “adapten” la asignatura a su “ideario”. En las comunidades bajo mandato del PP, no se estudia ni la homofobia, ni la valoración crítica de los prejuicios sexistas o la utilización del diálogo y la mediación para abordar los conflictos. Al punto que el Gobierno ha presentado recurso contra Madrid, Murcia, La Rioja y Castilla y León.

Ni eso les basta a los prelados, ni a la ultraliberal Aguirre, quien retó al gobierno central aprobando un -ahora ilegal- reemplazo de Educación para la Ciudadanía por trabajos sustitutorios. Al dictaminar  los tribunales la legalidad de la asignatura, los alumnos objetores suspenderán. O al de la Comunidad valenciana que hizo la gran charada de impartirla en inglés. Ni a algunos padres. Pocos. Sólo un 1% de los estudiantes ha objetado Educación para la Ciudadanía en Madrid.

Los argumentos conservadores -jaleados sobre todo por los Obispos-, se basan en que el Estado carece de atribuciones para dictar normas morales. Textualmente dicen: “El Estado no tiene competencia para definir el bien y el mal moral; debe ser neutral”. Sorprendente razonamiento para una Institución, la iglesia católica, que insiste con reiteración en que la religión tiene que ser asignatura obligatoria y que es subvencionada con tres mil millones de euros anuales en un país aconfesional.

Si los niños españoles, esos que quieren ser famosos sin dar un palo al agua, que no entienden lo que leen – como dice el último Informe PISA-, y suspenden masivamente en matemáticas -así sucede en concreto en la comunidad de Madrid-, grabaran en su mente y en sus conciencias Educación para la Ciudadanía, tal vez adquirirían responsabilidad para estudiar otras materias. Terminarían por erradicar la picaresca, el pelotazo, el ladrillo, la chapuza, la intransigencia, la doble moral, el machismo, el racismo… que nos asolan. Mi padre recordaba, en ocasiones, una frase del poder: “Cuanto más burros formemos, mejor iremos a caballo”.

Los padres objetores, los gobernantes que les animan, deberían estudiar Educación para la Ciudadanía, también, de forma coactiva, al punto de no cobrar la mensualidad si no aprueban –siguiendo, por un bien superior, técnicas católicas-. Todo minuto perdido es un atraso en el desarrollo ético y formado de un país en el que algunos de sus gobernantes no piensan en el interés real de los ciudadanos, y en el desarrollo de España. Dar Educación para la Ciudadanía en fascículos, de regalo con los periódicos deportivos, en el prime time de las televisiones, en todos los colegios -desde luego- debería ser una prioridad inexcusable.

29-Enero

    Dicen los padres que no acatarán la sentencia y que irán al Tribunal de Estrasburgo si es preciso. A hacer el ridículo… y a poner a España -de nuevo- en ridículo. Las comunidades de la Rioja y Madrid -sorpresivamente-, sí, aceptan el fallo del tribunal. Valencia no. Y un alto cargo del PP ha dicho que que, cuando lleguen al Gobierno, suprimirán la asignatura. Más ridículo. Les ayudan eso sí buena parte de los “equidistantes” periodistas. Apenas nadie cuenta los antecedentes: No es un “invento de Zapatero”. Se da sin problemas en todos los colegios de Europa, laicos y religiosos.  Son demasiados los españoles -adultos- que precisarían estudiar Educacíón para la ciudadanía.

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