¿Hasta dónde puede llevar el ejercicio abusivo del poder y el silencio que lo ampara?

Un periodista decente acaba de ser asesinado con crueldad extrema. Troceado en vivo hasta la muerte, según indicios concluyentes. Jamal Khashoggi, saudí, entró en el Consulado de su país en Estambul para gestionar los papeles de su boda y ya no salió. Espeluznantes detalles de la tortura sufrida. Sus artículos en The Washington Post eran críticos con el Príncipe heredero y viceprimer ministro de la poderosa petromonarquía, Bin Salmán, de 33 años. Un aperturista, nos contaban. La identificación de  Maher Abdulaziz Mutreb en la escena del crimen vincula el caso al Príncipe a cuyo servicio de seguridad pertenece. La última columna de Khashoggi decía: “ Lo que más necesita el mundo árabe es libertad de expresión“.

Y no pasa prácticamente nada. Trump no sabe cómo quitarse el muerto de encima. “Puede perjudicar sus relaciones con Arabia Saudí”, escuché en una crónica de un telediario. Y a nuestro Ministro de Exteriores le da justo por echar a cónsules contrarios a su cruzada, sin nada que decir del asesinato de Khashoggi. Todos miran para otro lado, sí. Hasta periodistas. Las gentes acaudaladas tienen muchos negocios por hacer. Y el resto mucha impotencia que asumir.  Pero con Khashoggi  ha sido asesinada la libertad de expresión y los derechos de todos. Una vez más.

El Príncipe heredero de Arabia Saudí, Bin Salman Abdulaziz al Saud (c), a su llegada a la Base Aérea de Torrejón, Madrid, con motivo de su primera visita oficial a España. EFE/Emilio Naranjo.
El Príncipe heredero de Arabia Saudí, Bin Salman Abdulaziz al Saud, a su llegada a España. Descendiendo del avión, Maher Abdulaziz Mutreb. EMILIO NARANJO / ELDIARIO.ES

Hoy sabemos que el presunto cabecilla del asesinato de Khashoggi acompañó al príncipe saudí en su visita a España  en abril para cerrar la famosa compra de cinco corbetas de los astilleros públicos de Navantia por 2.000 millones de euros. Y otros cuatro contratos.

El dinero, en grandes cifras, siempre en el centro.

La prensa convencional española acababa la semana desolada por el fallo del Tribunal Supremo contra los gastos hipotecarios que cobraron indebidamente los bancos. “Batacazo de la banca tras la sentencia de las hipotecas” dice ABC. “Los bancos en “shock” al endosarle el TS el tributo a las hipotecas” titula El Mundo. “Mazazo a la banca: podría llegar a peligrar hasta la mitad de su beneficio en España”. Los programas radiofónicos del bloque instruían en el mismo espíritu. Quizás confiaban en el sacrificio de sus lectores y oyentes hipotecados. En sus renuncias por un bien superior. Pero l os llantos  por el “mazazo” a la banca   han llegado más alto y más al corazón de la efectividad, al parecer.

A mediodía,  el Supremo comunicaba la paralización de su sentencia  para revisar “con urgencia”  la decisión sobre el impuesto de las hipotecas debido a su repercusión económica y social. Una reacción insólita, sin precedentes. El anuncio del Supremo dispara las ganancias de los bancos en bolsa. No cabe mejor titular de esta España en la que ocurren cosas tan insólitas. 

Es un escándalo que ha causado impacto. El dinero mueve algunas solidaridades más. Pero la semana acaba con otra cadena de tropelías  que mañana o pasado a más tardar habrán entrado ya en el Purgatorio informativo de los justos o limbo. Éste aún existe a diferencia del ubicado en el reino de los cielos.  Allí donde la jerarquía católica española pone al frente de su Comisión antipederastia al obispo que ocultó el caso de abusos de La Bañeza, León.

Y el gobierno, el presidente Sánchez en persona, nombra Consejera de Estado a Soraya Sáenz de Santamaría.  Hace poco más de un año inició el proceso de solicitud de reprobación como vicepresidenta del gobierno del PP por su gestión de la represión en Catalunya contra los votantes del 1-O. Luego lo retiró como pedían “voces críticas” del PSOE.   Ahora, le ha dado un puesto de honor.

A nadie puede extrañarle lo que ocurre en España. Vivimos en un país poco transparente. Un país de dossieres, sin duda, como puede conocer cualquiera que siga las andanzas judiciales del Comisario Villarejo, sus tramas labradas durante años. Con ramificaciones. Con tramas parejas.

No salimos de nuestro asombro, dicho sea en frase retórica. Un alto cargo del gobierno de Mariano Rajoy se reunió fuera de agenda con el presidente de Andorra una semana después de la confesión de Jordi Pujol.  Ese país que acogió la fortuna amasada por la familia del ex president catalán.  Y a quien se le ocurrió decir cuando comenzó la investigación sobre  el origen de sus cuentas: “Si caigo yo, caemos todos”. Y ahí lo tienen ustedes al fresco cuatro años después.

Es un país en el que ni los atentados más terribles que ha sufrido España paralizan el afán depredador de algunos desaprensivos. El 11M precisamente, Francisco Granados  (PP) y López Madrid, el famoso compiyogui real,  amañaron un contrato de Ifema, donde iban llegando los cadáveres, por cierto. Según la investigación de la UCO manipularon la adjudicación de un aparcamiento de la gran Feria de Madrid para dársela a una modesta constructora que solo hacía viviendas residenciales.

Ya no se deroga la Ley Mordaza tampoco. Van a estudiar su reforma. Ciudadanos llevará al Congreso como asesor de los cambios a un policía que vincula inmigración y terrorismo. “Me cago en la ideología de género” asegura en sus redes sociales, además.  No puede estar en mejores manos ¿verdad?

El PP on fire entretanto.  Pablo Casado hastía a Angela Merkel a la que ido a ofrecerse para presidente del gobierno español. La ex ministra Tejerina insulta a los niños andaluces y a la izquierda  desde el pedestal de su soberbia y su ignorancia.  Dolors Monserrat presume ella misma de su ridículo. Y, ya en plena efervescencia, el PP  pide al Supremo que ordene repetir el juicio de Gürtel con un tribunal “sin apariencia de parcialidad”. Oiga, que visto lo visto, nunca se sabe. 

La derecha tiene crítica y chanza para rato con la visita de Pablo Iglesias a Oriol Junqueras en la cárcel para hablar de los presupuestos. En la cárcel, en donde  lleva casi un año de prisión preventiva bajo cargos discutidos en sectores judiciales de Europa y de España.  Los políticos que intentan actuar les hacen mucha gracia a los parásitos.

Como buena parte de los refranes, el que habla de sacar las castañas del fuego se inventó en un tiempo sin guantes aislantes y, al parecer,  casi sin cucharas o pinzas. Pero las castañas o las patatas calientes, los derechos conculcados, siguen abrasándose en la lumbre y alguien habrá de afrontar la tarea de sacarlos. Hablamos de responsabilidades con lo propio.

Hemos llegado a un punto en el que a quienes, en su dejadez, permiten que pisotean sus propios derechos y los de todos, aún hay que contemplarles, mimarles e intentar convencerles.  Los peores son los que siempre encuentran una buena coartada para callar: hay casos parecidos y peores, no se habló en é ste o aquél.

¿Hasta dónde puede llegar el ejercicio abusivo del poder y el silencio que lo ampara?, también es retórica la pregunta pero cada cesión es una necrosis de la democracia, más aún de todo aquello que nos permite considerarnos seres humanos.

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Yak 42, símbolo de ignominia


Federico Trillo, entonces Ministro de Defensa,  en el lugar del accidente bajo paragüas

Federico Trillo, entonces Ministro de Defensa, en el lugar del accidente bajo paragüas

Partía el corazón ver el desconsuelo y la rabia de familiares de las víctimas del Yak 42 aquel final de mayo de 2003. El día 26, un avión ucraniano de la UM Airlines se había estrellado en Turquía con 75 personas a bordo, entre ellas todo el pasaje: 62 militares españoles. Regresaban a casa tras una misión en Afganistán y Kirguistán de 4 meses y medio.Y habían advertido reiteradamente a sus allegados de las lamentables condiciones en las que viajaban. El comandante José Manuel Ripollés remitió a un amigo un correo electrónico 4 días antes del accidente mostrando su preocupación: “Son aviones alquilados a un grupo de piratas aéreos, que trabajan en condiciones límite (…) la verdad es que sólo con ver las ruedas y la ropa tirada por la cabina te empieza a dar taquicardia”. Ripollés era hermano de una compañera de TVE, que sería incansable en la exigencia de responsabilidades.

El relato era similar en los distintos escenarios. Familias compungidas en las que nos colamos los periodistas, esta vez para saber las quejas previas de las víctimas y la impotencia de sus seres queridos. Velatorios sin el fallecido, o aquel entierro en Valencia en el que un padre roto empujó el féretro de su hijo en el nicho con una expresión difícil de olvidar. Ocurre que las víctimas se ven de forma distinta cuando se asiste a su tragedia, a la vida que dejan, a la sensación de la fatalidad eludible y es algo que deberíamos saber comunicar.

Llegó después el funeral de Estado en Torrejón de Ardoz. A toda prisa. Con presencia de los reyes y el príncipe de Asturias, y retransmitido en directo por las cadenas de televisión de ámbito nacional. Se declaró luto oficial, con sus banderas a media asta. Y se entregó a las familias unos ataúdes con los restos que no siempre correspondían a sus parientes. La chapuza de las identificaciones, para llegar a tiempo al solemne funeral, ha quedado inscrita en los anales de la ignominia patria.

Y comenzó un lío jurídico –no es exagerado emplear ese término- en el que el ministro de Defensa en ese momento, Federico Trillo, quedó absolutamente exonerado. Incluso revalidado. Mariano Rajoy le defendió reiteradamente, Trillo fue diputado por Alicante, y comentó que las urnas le habían avalado.

Ahora se ha conocido el dictamen del Consejo de Estado aprobado el 20 de octubre. El 3 de enero, desde el 20 de octubre. Por unanimidad de la Comisión Permanente reconocen oficialmente -por primera vez y después de 13 años- la responsabilidad del Ministerio de Defensa en los hechos. Afirman que “el accidente pudo haberse evitado si estos (los responsables de Defensa) hubieran cumplido con su deber de velar por las condiciones en que viajaban los soldados”, según informa El País. Diario que ha adelantado la noticia, la ha relegado después por alguna minucia de Podemos y no es fácil encontrarla en el resto de los medios.

Salomónicamente, según suele decirse, el Consejo de Estado admite la responsabilidad pero no la inculpación, tampoco ahora hay delito. Murieron 62 personas, que podrían seguir vivas de cumplirse las normas. Por cierto, nadie nos explicó por qué se contrataban esos aviones deplorables, disponiendo el ejército español de aparatos adecuados. Las consecuencias de tamañas irregularidades han quedado muy difusas.

La demanda económica contra la compañía ucraniana sí prosperó estipulando indemnizaciones. Las penales no. En 2012 se declaró el sobreseimiento de los seis altos mandos militares imputados. La Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ratificó el archivo de la causa. No había delito, sentenció.

En el proceso por las identificaciones, resultó condenado a tres años de prisión el general médico Vicente Navarro y a 18 meses los comandantes sanitarios José Ramón Ramírez y Miguel Ángel Sáez. Por un delito de falsedad en documento oficial al haber adulterado las identificaciones de 30 de los 62 militares fallecidos. El general murió antes de cumplir condena y los comandantes fueron indultados por Rajoy de su inhabilitación que implicaba la salida del ejército. Tampoco ingresaron en prisión, al ser pena inferior a dos años. Pagaron la multa de 900 euros.

Federico Trillo sigue de Embajador de España en Londres.

*Publicado en eldiarioes

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