Derechos Humanos, instituciones y principios democráticos, convivencia entre culturas, igualdad entre hombres y mujeres, globalización e independencia, consumo racional y responsable, circulación vial, participación en la vida pública, valoración crítica de los prejuicios sociales, racistas, xenófobos, antisemitas, sexistas y homófobos. Este es el «peligroso» temario de una asignatura, Educación para la Ciudadanía, que un sector de los conservadores españoles rechaza. La Presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, a la cabeza, animó a los colegios a objetarla. Pero el Supremo acaba de decidir -tras demasiado larga deliberación- que no hay lugar para la objeción de conciencia que reclamaban los padres jurídicamente. 22 votos a favor y 7 en contra, en el alto Tribunal.
Nacida de una recomendación del Consejo de Europa en 2002, todos los colegios católicos y laicos del continente la imparten, sin problema alguno. Pero España parece seguir siendo una excepción, incluso en una Europa cada vez más retrógrada. En nuestro país, dado el rechazo frontal suscitado, Educación para la Ciudadanía se ha aplicado en fases y con una holgada manga ancha para que los centros «adapten» la asignatura a su «ideario». En las comunidades bajo mandato del PP, no se estudia ni la homofobia, ni la valoración crítica de los prejuicios sexistas o la utilización del diálogo y la mediación para abordar los conflictos. Al punto que el Gobierno ha presentado recurso contra Madrid, Murcia, La Rioja y Castilla y León.
Ni eso les basta a los prelados, ni a la ultraliberal Aguirre, quien retó al gobierno central aprobando un -ahora ilegal- reemplazo de Educación para la Ciudadanía por trabajos sustitutorios. Al dictaminar los tribunales la legalidad de la asignatura, los alumnos objetores suspenderán. O al de la Comunidad valenciana que hizo la gran charada de impartirla en inglés. Ni a algunos padres. Pocos. Sólo un 1% de los estudiantes ha objetado Educación para la Ciudadanía en Madrid.
Los argumentos conservadores -jaleados sobre todo por los Obispos-, se basan en que el Estado carece de atribuciones para dictar normas morales. Textualmente dicen: «El Estado no tiene competencia para definir el bien y el mal moral; debe ser neutral». Sorprendente razonamiento para una Institución, la iglesia católica, que insiste con reiteración en que la religión tiene que ser asignatura obligatoria y que es subvencionada con tres mil millones de euros anuales en un país aconfesional.
Si los niños españoles, esos que quieren ser famosos sin dar un palo al agua, que no entienden lo que leen – como dice el último Informe PISA-, y suspenden masivamente en matemáticas -así sucede en concreto en la comunidad de Madrid-, grabaran en su mente y en sus conciencias Educación para la Ciudadanía, tal vez adquirirían responsabilidad para estudiar otras materias. Terminarían por erradicar la picaresca, el pelotazo, el ladrillo, la chapuza, la intransigencia, la doble moral, el machismo, el racismo… que nos asolan. Mi padre recordaba, en ocasiones, una frase del poder: «Cuanto más burros formemos, mejor iremos a caballo».
Los padres objetores, los gobernantes que les animan, deberían estudiar Educación para la Ciudadanía, también, de forma coactiva, al punto de no cobrar la mensualidad si no aprueban –siguiendo, por un bien superior, técnicas católicas-. Todo minuto perdido es un atraso en el desarrollo ético y formado de un país en el que algunos de sus gobernantes no piensan en el interés real de los ciudadanos, y en el desarrollo de España. Dar Educación para la Ciudadanía en fascículos, de regalo con los periódicos deportivos, en el prime time de las televisiones, en todos los colegios -desde luego- debería ser una prioridad inexcusable.
29-Enero
Dicen los padres que no acatarán la sentencia y que irán al Tribunal de Estrasburgo si es preciso. A hacer el ridículo… y a poner a España -de nuevo- en ridículo. Las comunidades de la Rioja y Madrid -sorpresivamente-, sí, aceptan el fallo del tribunal. Valencia no. Y un alto cargo del PP ha dicho que que, cuando lleguen al Gobierno, suprimirán la asignatura. Más ridículo. Les ayudan eso sí buena parte de los «equidistantes» periodistas. Apenas nadie cuenta los antecedentes: No es un «invento de Zapatero». Se da sin problemas en todos los colegios de Europa, laicos y religiosos. Son demasiados los españoles -adultos- que precisarían estudiar Educacíón para la ciudadanía.
MACGO
/ 28 enero 2009¡Alabado sea el Tribunal Supremo! Uno ya no sabía qué esperar después de tanta sentencia estraña como hay por ahí.
Hay polémicas que se caen por su propio peso. ¿No es normal que nuestros alumnos estudien, reflexionen, se empapen, vivan… la Constitución y los valores que emanan de ella? A fin de cuentas la aprobamos y por encima de religiones, ideologías, fanatismos, nacionalismos… recoge todo lo mejor que como pueblo tenemos.
¿No se dan cuenta los Roucos y compañía del daño que están haciendo a la sociedad y por ende, a ellos mismos?
Ahora sólo hace falta que la Constitución se cumpla y para ello se podría comenzar por denunciar el Concordato.
elgermen
/ 28 enero 2009Realmente se ha conseguido lo que se pretendía, esto es, hacer creer que se objetaba contra la asignatura, cuando en realidad lo que se hacía era objetar sobre parte del contenido de la asignatura. Es un hecho que más del 90% de la citada se daba ya como materia transversal, y sólo «preocupaba» el tanto por ciento restante donde sí podría darse en su caso un adoctrinamiento inadecuado. Lo cierto es que parece que los recurrentes objetan contra los valores de nuestra constitución, los derechos humanos, etc, cuando no es así … una torpeza más de ese colectivo pío que cayo en la trampa. Miro a un lado y al otro, y no se cual me da más asco.