Fundamentos de la magnánima sentencia del Supremo a Jaume Matas

Como las noticias se las lleva la corriente en un soplo, así ha sucedido con la rebaja de condena al ex presidente balear, Jaume Matas, que nos soliviantó ayer. Matas se dedicó a hacer encendidas declaraciones de alabanza a la justicia que había imperado y hasta defiende la labor del Instituto Nóos, aunque pertenece a otro sumario. Anuncia por cierto -y él sabe- que acabará en un problema fiscal sin más. Si todo continúa igual en España, claro.

Pues bien, quizás convenga conocer los argumentos del voto particular que ha emitido el magistrado Alberto Jorge Barreiro. En un prolijo texto legal al uso que desgrana a lo largo de 27 páginas cuanto necesitamos saber para aclararnos. Podemos ver los fundamentos de por qué sus compañeros del Tribunal Supremo han emitido esta sentencia, pero también los que a él le llevan a oponerse en algunas cuestiones. De hecho no objeta la decisión de la mayoría de que no hubo MALVERSARCIÓN DE FONDOS PÚBLICOS, ni FRAUDE A LA ADMISTRACIÓN, pero sí prevaricación y una clara autoría que corresponde al entonces presidente de Baleares. He tratado de resumir lo que me parece más relevante de la opinión de Alberto Jorge Barreiro, pero aquí –y gracias al diario Público- tenéis el texto completo. Es un muy instructivo para ver cómo funciona la justicia y cierta política.

PREVARICACIÓN

” En virtud de lo que antecede, es claro que tengo que discrepar del criterio de la mayoría de la Sala, toda vez que no puedo compartir el argumento de que por el hecho de que Antonio Alemany haya ejecutado realmente los trabajos que le encomendó el Presidente de la Comunidad Autónoma no concurra el delito de prevaricación, o que deje este también de aplicarse por el hecho de que esos trabajos fueran de interés general. Esos argumentos pueden ser válidos para excluir la aplicación del tipo penal de malversación, pero no el de prevaricación.

Y ello porque, en contra de lo que se dice en la sentencia mayoritaria, las resoluciones dictadas por la Directora General  de Relaciones  institucionales cumplimentando las decisiones e indicaciones de algunos de los acusados, sí son injustas y arbitrarias, dado que infringen de forma clara, patente y manifiesta la Ley la Ley 2/1.996 de 19 de noviembre, de Incompatibilidades de los miembros del Gobierno y de altos cargos de la Comunidad Autónoma de las Islas Baleares, y los principios que encarna relativos a la objetividad e imparcialidad a los intereses generales en el ejercicio de la función pública.

Se dictaron unas resoluciones injustas y arbitrarias, ya que con ellas se buscaba incumplir de plano la Ley Autonómica de incompatibilidades, siendo ese precisamente el objetivo que se propusieron los acusados con la convocatoria, tramitación y resolución deun concurso público rodeado de suspicacias por los consejos orientativos y facilitación de datos que se aportaban a un concursante determinado, que a la larga acabó siendo el único.

Y en cuanto al resultado material de la acción delictiva y a la lesión del bien jurídico que tutela la norma penal, es claro que en elpresente caso se dieron tales elementos del delito. Pues, tutelando el tipo penal el recto y normal  funcionamiento de la Administración de acuerdo con los parámetros constitucionales que deben orientar su actuación,centrados en el servicio prioritario de los intereses generales, el sometimiento a la Ley y al Derecho, y a la absoluta objetividad e imparcialidad en el cumplimiento de sus fines, en este caso se han vulnerado esos bienes jurídicos al defraudar precisamente la normativa de una ley de incompatibilidades que está dictada para la rigurosa cumplimentación de tales principios, utilizando para ello la tramitación de un concurso simulado.

Por consiguiente, sí concurren en este caso los elementos objetivos y subjetivos del delito de prevaricación previsto en el art. 404 del C. Penal en la modalidad de continuado (art. 74), ya que los acusados actuaban a sabiendas de la manifiesta ilegalidad en que incurrían.

AUTORÍA

Ello es lo que en gran medida sucede en el caso examinado, en el que la conducta delictiva se ejecuta en el marco de una estructura piramidal y jerárquica de naturaleza administrativa, donde hay un máximo responsable (el Presidente de la Comunidad Autónoma), unos mandos intermedios pero de alta dirección y con diferentes categorías (la Consejera de Relaciones Institucionales y el Director General de Comunicación, Rosa Estarás y Joan Martorell, respectivamente), y en un escalón algo inferior de capacidad decisoria y competencial responsabilidad otras dos funcionarias: Dulce Linares y María del Carmen Umbert.

En este tipo de estructuras jerarquizadas se da la circunstancia de que cuanto menor es la capacidad decisoria y competencial de un funcionario más próximo suele estar a lamaterialización de la conducta delictiva y mayores posibilidades tiene de incurrir en la ejecución formal de la conducta típica, quedando así abarcado su comportamiento por el tipo penal desde la perspectiva de la concepción objetivo-formal de la autoría. Mientras que en los cargos de alta dirección donde se adoptan las decisiones más relevantes, los sujetos máximos responsables de la estructura organizativa no suelen materializar el hecho delictivo con actos formalmente subsumibles en la norma penal,por lo que ha de acudirse a una concepción más objetivo-material de la autoría para abarcar la relevancia real de su intervención delictiva. Se da así en no pocas ocasiones la grave contradicción de que la persona que es la máxima responsable de la acción delictiva es condenada como mero partícipe del delito, y quien es un mero ejecutor de los mandatos de un superior, competencial y disciplinariamente, es condenado como auténtico autor.

Pues bien, descendiendo al caso enjuiciado nos consta como probado en la premisa fáctica de la sentencia que el Presidente de la Comunidad Autónoma era la única persona que tenía un especial interés en que trabajara como su asesor personal el coacusado Antonio Alemany.

Y también figura probado, tal como ya se recordó en el primer fundamento de este voto particular, que era quien concibió la idea de convocar un concurso público controlado por la Administración, de forma que se procurara restringir la asistencia de licitadores y que se facilitara la máxima información a la persona que iba a intervenir como auténtico intermediario para la adjudicación del contrato con el fin de que hiciera llegar el dinero a Antonio Alemany, persona que era la auténtica beneficiaria desde el punto de vista económico del contrato simulado que se iba a formalizar mediante tan singular concurso.

(…)

Por consiguiente, si Jaume Matas era la persona que había concebido y planificado el concurso para otorgar un contrato administrativo simulado, y también era quien convenció a los protagonistas de la operación y dio las órdenes para que lo materializara su hombre de confianza en temas de comunicación, no resulta razonable, siendo como era además el recurrente la persona que dominaba la organización administrativa autonómica por autoridad y competencia, negar que era el autor por dominio del hecho y de la estructura organizativa. Máxime si se sopesa también que despachaba diariamente con la persona a la que había encargado llevar adelante la tramitación del concurso, Joan Martorell, que le gestionaba los temas relativos a las materias comprendidas dentro del nuevo contrato que se iba a adjudicar.

Todo ello significa que el Presidente de la Comunidad, con arreglo a las máximas elementales de la experiencia y a las reglas de la lógica de lo razonable, estaba al corriente de cómo avanzaba la tramitación del concurso. De modo que mantenía por tanto la supervisión de lo que estaba haciendo su hombre de confianza en la fase de ejecución del delito y no solo en la de su preparación, dada la inmediación espacial y temporal que tenía con la materialización del concurso y con sus protagonistas.

Así pues, más que ante un mero inductor estaríamos ante un autor por dominio del hecho. Y ello es precisamente el nombre que le asigna el Ministerio Fiscal en su escrito de alegaciones al recurso, si bien después no desarrolla en detalle tan acertada definición sobre la real intervención del acusado en la trama delictiva.

Sin embargo, al tener el delito de prevaricación la condición de delito especial propio por razón del autor, la Audiencia, siguiendo un asentado criterio doctrinal y jurisprudencial, calificó la intervención del acusado Jaume Matas como una “autoría por inducción” (art. 28 b del C. Penal). A lo que ahora replica la parte recurrente que estaríamos ante una inducción en cadena que resulta vedada por la dicción literal del texto legal, según la interpretación de un sector mayoritario de la doctrina y de algunas sentencias de esta Sala.

Pues bien, aunque la dogmática penal peca en algunas materias de cierto exceso de artificiosidad y tecnicismo, no llega ello hasta el punto de que un supuesto que axiológicamente se presenta como una autoría pueda derivar en atípico por entender que no cabe ni siquiera la participación por inducción.”

El Supremo salva de la cárcel a Jaume Matas

Copio de eldiario.es

El Tribunal Supremo ha dictado la sentencia por la que absuelve al expresidente balear Jaume Matas de los delitos de fraude a la Administración, continuado de falsedad en documento oficial, continuado de falsedad en documento mercantil, y de prevaricación en concurso medial con un delito continuado de malversación, por los que fue condenado en la sentencia de primera instancia.

Le condena por un delito de tráfico de influencias a la pena de nueve meses y un día de prisión, multa en cuantía de 6.000 euros, por lo que Jaume Matas no entrará en prisión.

El Supremo reduce así la pena que había impuesto la Audiencia de Palma, que condenó a Matas a seis años de cárcel y nueve y medio de inhabilitación. En la primera sentencia, el juez consideró probado que Matas benefició de forma arbitraria con dinero público (un total de 483.186 euros) al periodista que escribía sus discursos, Antonio Alemany.

En el caso del articulista, que había sido condenado a 3 años y 9 meses de cárcel, el Tribunal Supremo reduce su pena a dos años, tres meses y un día de prisión. Considera que el periodista cometió delitos de prevaricación, malversación y falsedad documental.

 

 

Condenado Jaume Matas, un modelo de gobierno para Rajoy

Jaume Matas ha sido condenado a más de 6 años de prisión en el primero de los juicios sobre el caso “Palma Arena”,que tiene 26 piezas separadas (entre ellas una en instrucción que implica a Iñaki Urdangarín). Tres magistrados de la Audiencia de Palma le consideran culpable de los delitos de malversación, fraude, prevaricación y falsedad documental. La acusación pedía ocho años y medio. El periodista Antonio Alemany, que le escribía los discursos para glorificar su imagen, es condenado también a tres años y nueve meses por prevaricación, delito de falsedad en documento oficial, delito continuado de falsedad en documento mercantil en concurso medial con un delito continuado de malversación de caudales públicos. Aquí el texto completo de la sentencia.

 Matas fue presidente de Baleares en dos etapas (1996-1999) y (2003-2007) y ministro de Medio Ambiente con José María Aznar (2000-2003). El caso “Palma arena” se refiere a un velódromo que costó más del doble de lo previsto -pasó de un presupuesto inicial de 41 millones a 110 millones de euros- y que ya había producido 4 sentencias de cárcel a miembros del entonces gobierno del PP en la isla.

 El 25 de Abril será subastada la vivienda de Matas, pendiente de dilucidar si su dueño pudo incurrir en un enriquecimiento patrimonial irregular. El conocido como “Palacete” de 625 metros cuadrados, había sido tasado en 2,47 millones de euros y él pagó menos de un millón. Hacienda devolvió a Matas en 2006, año de adquisición de la vivienda,  866 euros. El ahora condenado a pena de cárcel usaba productos de lujo hasta en las escobillas del váter que costaban entonces 375 euros.

 Para el actual presidente del gobierno español, Mariano Rajoy, Jaume Matas era el modelo a imitar, dijo y en tono solemne: “Yo quiero un gobierno como el que preside Jaume Matas”.

 Dado lo reciente de la sentencia, todavía no se tienen noticias ni de indulto, ni de encausamiento y condena de los tres magistrados de Palma.

2 + 2 = 4

Tenemos hoy butaca preferente para asistir a la declaración de Jaume Matas. El ex presidente balear comparece en el Juzgado para hacer frente a las acusaciones por 9 graves delitos y a explicar las virguerías que hizo con los exiguos ingresos que declaró para afrontar fastuosos gastos. No es la primera vez que hablamos de ello. Todavía es presunto. Casi tanto como sus colegas que hicieron de Mallorca un festín –quizás de las islas baleares si incluimos los desmanes de Ibiza-. Hasta en botes de Cola Cao, enterrados en sus jardines, han llegado a guardar el dinero robado a los ciudadanos. El dinero y sus recipientes no son presuntos, sólo hay que dilucidar de donde vinieron y adonde fueron, la mano ejecutora. Eso compete a la justicia que hace lo que hace, que este país no da para más.

La novela negra que nos fascina en papel, sucede en la realidad sin que nos conmueva mínimamente. Porque ante la realidad hay que actuar y eso da trabajo y entraña riesgos. El caso es que Mallorca no es un caso aislado. La bancarrota de ayuntamientos y comunidades autónomas nos alerta de que cómo se enriquecieron –privada y colectivamente- con la ubre de la especulación y corrupción urbanística, hoy agotada. Millones de trabajadores tuvieron con ella un empleo ficticio, a cambio de sueldos en muchos casos miserables, del paro de hoy, y de la vida regalada de un número significativo de nuestros representantes políticos. No era una novela, vaya por dios.

Pasemos a otra cosa, que es la misma. Nos asombra que en EEUU no sea un clamor el derecho de los ciudadanos a la salud, que haya costado un imperio sacar la ley adelante, y que varios estados se apresuren a tumbarla antes de entrar en vigor. Allí asumen como natural que sólo tenga asistencia sanitaria –y con ella vida incluso- quien pueda pagarlo. Aquí el PP, con la mil millonaria consorte Dolores Cospedal, dicen que “la ley de dependencia es una sangría para las autonomías”. Si ella misma enferma gravemente, tendrá a sus disposición los mejores médicos y la mejor asistencia, 3 enfermeras diarias en turnos, pero el pobre que se joda –con perdón-. Es lo que manda la libertad, la libertad de mercado. El Estado no debe injerir en asuntos particulares de toda la vida.

Pero resulta que el mercado no funciona. Que hace un año justo el G20 se propuso regenerar el capitalismo y no han hecho absolutamente nada. A quienes deciden por todos, les va bien. Y no encuentran contestación.

Volvamos a nuestra administración, a nuestros gobiernos. Con el dinero robado, con los botes de Cola Cao apretados de billetes, los palacetes, los gastos suntuosos, se pueden pagar muchos asistentes para aplicar las leyes de dependencia, o para todo lo que implica elevar el precario gasto social español, vergüenza de la Europa civilizada.

España tiene un caos organizativo en su Administración, por la que escapa en fluido caudal el dinero de todos. Otro día habrá que detenerse seriamente en ello. Pero por poner un ejemplo de hoy, tenemos que el Consejo General del Poder Judicial, ése que tiene a su cargo que la Justicia funcione, por ejemplo para que las sentencias no se eternicen, va a enviar a 14 de sus miembros a un congreso en Montevideo (Uruguay). Según informa El Mundo, se van a gastar 80.000 euros en 4 días. Y mientras hay ya 4 millones de parados. Y cada hora –estadística propia- un empresario del mundo occidental contrata a un chino por 2 euros diarios, 6 días a la semana, dejando sin empleo a uno local. La libertad de mercado, ya sabéis.

 La suma es redonda para quien se moleste en ejercer una cualidad que en los humanos es prioritaria: asimilar y relacionar conceptos.

  Ayer Felipe González volvió a alertar sobre lo que viene en una conferencia en Nueva York. Se lamenta de que “no se esté aprovechando la ocasión de la crisis para “poner un poco de orden que permita la reforma del funcionamiento del mercado financiero, que salve a la economía de mercado de implosiones sociales que en el futuro no serán contenibles como esta vez”. En este sentido, ha afirmado que no puede confiarse en la “mano invisible” de soluciona todo por si solo. “La próxima será una crisis de rebeldía destructiva“.

Una vez más, estoy absolutamente de acuerdo con él. Cuando el “criminal” interrumpa la lectura, audición o contemplación de la trama negra llamando a nuestra puerta, igual las cosas cambian. Bueno, así, al menos, lo hicieron los franceses en acontecimiento histórico.

(No os perdáis los comentarios y enlaces de hoy, son especialmente recomendables)

Por favor, que Jaume Matas nos lo explique

En un entreacto de la tragicomedia de Valencia, anunciado con sabrosos anticipos el estreno de la trama de Madrid, irrumpe en escena Mallorca, fuera del programa Gürtel. El ex presidente balear, Jaume Matas, ha sido imputado por el juez en el caso “Palma arena”, un velódromo que costó más del doble de lo previsto -pasó de un presupuesto inicial de 41 millones a 110 millones, de euros claro está- y que ya ha producido 4 sentencias de cárcel a miembros del entonces gobierno del PP en la isla. La Fiscalía y Hacienda consideran que Matas ha podido incurrir en un enriquecimiento patrimonial irregular, por la compra y decoración de su casa palacio de Palma, de 625 metros cuadrados. El valor de su vivienda se ha tasado en 2,47 millones de euros y él pagó menos de un millón. El PP (sección insular, en este caso) se ha apresurado a decir, lo de siempre, que celebra que Matas “al fin” podrá ofrecer explicaciones y defender “su gestión y su honor”.

Los socialistas de Baleares acudieron en su día al Registro de la Propiedad para comprobar qué contenía la ganga adquirida por Matas en 2004, a la que todos llaman “el palacete”. Situada en una de las zonas más caras  de Palma, sus orígenes se remontan al siglo XVI. La vivienda ocupa la primera planta noble de una mansión señorial, catalogada y protegida. Es una casa de 475 metros cuadrados en 11 piezas, que con balconadas, terrazas, escalera histórica propia, galerías, garaje y un jardín de su uso exclusivo alcanza los 727 metros. En un entorno monumental renacentista, los cuerpos desnudos de Adán y Eva, dos cariátides de piedra, una corte de ángeles con guirnaldas y escudos, y muchas testas en capiteles y columnas adornan puertas y ventanas. Tiene “una de las más bellas fachadas de Palma, un raro ejemplo de arte manierista”, según su vendedor, el arquitecto Giuseppe Violante. El asunto ha tenido hasta ahora un largo recorrido judicial.

Pues bien, Hacienda devolvió en 2006 al entonces president del Govern de Balears por el Partido Popular (PP), 866 euros y anotó de patrimonio, tras la compra de la casa, 481 euros a abonar. Las rentas de trabajo brutas de 2006 fueron: 72.962 del Govern; 19.914 del Parlament; y otros 930 euros de la Comunidad Autónoma. 

De mi cosecha particular, puedo aportar mi sorpresa por cómo Bruselas, llamó la atención a España por su “modelo de contratación de obra pública”. Dijo que España tenía que acabar con una estrategia legal que consideran fraudulenta. Somos el único país en el que, mediante una cláusula, la constructora puede incrementar el precio por encima del de adjudicación. La UE dice que se acabó el llamado “denominador modificado”, y que hay que hacer como los demás: cobrar lo presupuestado. Y entonces, para mi libro, encontré que las autopistas de Mallorca, por ejemplo, costaron un 66% de la valoración inicial. Según, otra vez, el Diario de Mallorca, el convenio establecido con el Ministerio de Fomento fijó un gasto de 205 millones de euros, el Gobierno del PP las adjudicó por 274 y, finalmente, terminaron en 340 millones de euros. Gobierno de Matas igualmente. Que se sepa, no hay investigación alguna sobre el tema. Es legal. ¿O no?

No sé vosotros, pero yo necesito que Jaume Matas me lo explique. Dejó el gobierno balear y ahora vive en Nueva York, una ciudad que adoro. Seguro que no en un apartamentillo del Bronx. Tendrá que venir a declarar por su imputación a España. Estos señores tienen acceso a abogados que cobran como poco 300 euros a la hora. Con cronómetro. Es decir, que los típicos “Buenas tardes, qué calor hace, he dado tres vueltas para aparcar” salen por unos 30 euros. Pero son eficaces, claro que sí.

Renuncio a contar mi injusto drama con Hacienda que podría llevarme en su día a una residencia de ancianos ¡de la comunidad de Madrid, dios mío!, pero ¿estas cifras de Matas os cuadran? Yo necesito que nos lo explique. Aunque… el tramposo siempre perjudica al resto de la sociedad, lo que uno enmascara o roba han de pagarlo los demás. Desde la economía sumergida a estos obscenos desatinos que nos vemos obligados a contemplar.  No es cosa de chistes, y el “pues yo también quiero”. Es imprescindible que todos juguemos limpio, que lo exijamos. Un palacete en lo mejor de Palma, con cariátides y todo, ángeles con guirnaldas y escudos ¡qué tierno! y ¿Hacienda le devuelve dinero? Menos mal que finalmente les extrañó. Pero ya digo, hay abogados excelentes en este país, y la adormecida comunidad social no se inmuta. Claro que, igual es legal todo, sus compañeros del PP balear dicen que está deseando explicarse. Que lo haga. Igual si quiero tener, honestamente y sin artimañas,  una casa en Mallorca, otra en Nueva York y que me devuelva dinero Hacienda.  ¿Y vosotros?

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