¿Qué fue antes, el tuit o la violencia real?

“Que los padres hubieran venido antes a por su hijo y no por su cadáver”. Daniel Velilla, PP, Consejero de Bienestar Social de Melilla, hizo estas declaraciones en rueda de prensa, en vivo y en directo. Se refería a uno de los dos adolescentes marroquíes muertos mientras estaban bajo su tutela en un centro asistencial. Antonio Nogales, IU, alcalde de Pedrera, Sevilla, declara fuera de sí ante graves incidentes raciales en su municipio: “ A mí me gustaría ver a gente fusilada”.  Delante de un micrófono y una cámara. El País titula a cuatro columnas en portada: Puigdemont exige violar otra vez la ley para ser investido. En papel físico, del que se puede tocar.  Es la vida real.

Todo esto y mucho más sucedía cuando salió una  sentencia de cárcel para una mujer por desear en un tuit que Inés Arrimadas fuera víctima de una violación en grupo. Ocurrió el 3 de Septiembre, la líder de Ciudadanos en Cataluña la denunció y ya está resuelto el caso. No he dejado de darle vueltas en mi cabeza: una condena a prisión por “desear” un mal y hacerlo público. Fue un tuit horrible, nadie lo discute, su autora lo ha pagado con una dureza extrema. La despidieron ipso factodel trabajo, su nombre ha quedado grabado para su futuro laboral, tiene que hacer un curso para aceptar a quienes tienen ideas distintas y cuidarse de la mínima infracción para no ir al calabozo.  Leí algo de ella, sus problemas venían de antes.

En tuits, acompañados de ilustración gráfica impactante en ocasiones, han proferido gravísimas amenazas –incluso de muerte- a periodistas como Cristina Fallarás o Ana Pastor o juristas como Victoria Rosell. La lista es tan larga que no cabe en un artículo. De los tuits seriamente ofensivos pueden dar cuenta, podemos dar cuenta, un gran número de periodistas y no periodistas. No ha ocurrido nada, ni investigaciones, ni condenas, dudo que siquiera se les haya cerrado la cuenta de Twitter.

Las  graves intimidaciones a la entonces diputada de la CUP, Anna Gabriel, no fueron ni virtuales. Aparecieron numerosas pintadas en el mismo recinto donde iba a dar una conferencia por la tarde. La Facultad de Historia de la Universidad de Valencia. Aludían a un tiro para ella. Por cierto, Inés Arrimadas, preguntada en Al Rojo Vivo de La Sexta, dijo condenar las amenazas aunque añadió un fatídico “¿Qué esperaba?”, al parecer era lógico esperar algo así tras las actividades de un grupo juvenil de su formación, ni siquiera de ella. Ese día se definió, al menos para mí. Y el retrato se atragantaba.

Hay que dejar constancia de la abismal diferencia de trato a las agredidas, a los agredidos. Mediático y judicial. Hasta agresiones a botellazos a cargos públicos entran en el limbo si son a personas incómodas al sistema. O si los autores pertenecen al grupo del mucho españoles con bandera. Pero no debemos quedarnos solo en esa flagrante diferencia que lastra nuestra maltrecha democracia, hay que ir al quid de la cuestión: el alucinante cerco al tuit como la gran amenaza de nuestros días, convertido en enemigo público.

La caza del tuit como prioridad

Las redacciones añorantes de la máquina de escribir viven bajo el síndrome de los ejércitos de tuiteros que dañan la que fuera su preciada estabilidad al margen de la crítica. Personajes públicos se despiden de la red con altavoces y banda de música por lo mismo.  Otros se van hartos de ultrajes sin dar un ruido. Y, lo que es mucho peor,  poderes del Estado con capacidad inculpatoria  y sancionadora enfocan la persecución del tuit como asunto prioritario para la Seguridad.

Los tenemos a todos. A Cospedal, desde Defensa, fijando las supuestas noticias falsas en la Red en los protocolos. A Zoido, el inefable ministro de Interior, advirtiendo que el simple RT de un tuit puede ser un delito de terrorismo. En el saco legal que se mercaron PP, PSOE y Ciudadanos en el que cabe más que el terrorismo. Cabe la represión y la censura, cabe el castigo a la disidencia política.  No busquen la raíz del odio en Twitter porque está en la vida real. Es pura desfachatez circunscribir a las Redes sociales las noticias falsas y los insultos  desde poderes especializados en mentir, en diferido y en directo, o en declaraciones incendiarias, o en acciones que dañan. Repasen lo que han soltado por sus bocas desde Rafael Hernando a Pablo Casado, pasando por una extensa lista, y encontrarán odio y siembra de odio sin freno.

La prensa convencional que abomina de la falta de rigor de las redes sociales se presenta a diario como lo ha hecho este viernes sin ir más lejos: “La apostasía de Forn, los Jordis y Forcadell aísla a Puigdemont en la vía unilateral”, titula El Español, a modo de Gaceta de la Inquisición. Y en sintonía con las portadas de la prensa de papel editada en Madrid que parecen sentirse vencedores de la Cruzada contra el infiel catalán: Se retractan, reniegan, desbandada…

Lo penado es el tuit. La policía nacional ha informado en Twitter, precisamente, de la detención de un hombre  por injurias y calumnias contra la Corona y el fallecido Fiscal José Manuel Maza en Internet. Afirman, según ABC, que el arrestado utilizaba las redes sociales para publicar graves amenazas a responsables de las Instituciones del Estado e incitar al odio y acosar a agentes de la Policía Nacional.

La violencia y el odio están en la vida real

Cuesta creer que se pene con cárcel en la España de hoy hasta el deseo, por muy salvaje que este sea, cuando hay tanta violencia real que atajar. Y no solo, no solo, por procedimientos coercitivos. La violencia, el odio, el malestar, los más bajos instintos, están en la sociedad. Y en período de crecimiento, se palpa su ascenso. Habría que preguntarse por qué. Y cuánto los condiciona la injusticia, la desigualdad, el abandono, y las incitaciones desde las instancias provocadoras oficiales.

Twitter, es cierto, nos ha mostrado que existen seres bípedos que parecen de la especie humana aunque con unas carencias cognitivas muy graves. Incapaces de entender incluso lo que leen o de relacionar hechos con consecuencias.  Desparraman sus insultos en la Red, como autónomos o por cuenta ajena. Tenemos constancia –por investigaciones judiciales- de campañas de desprestigio pagadas incluso con dinero público por el PP de Madrid o por la que fuera alcaldesa de Alicante, Sonia Castedo, PP también.

En Twitter todo está bajo sospecha; en los medios de derechas, nada.

Aquí y ahora, depende de quién agrede y de quien es la víctima y del medio que se utilice. En Twitter todo está bajo sospecha; en los medios de derechas, nada. La impunidad es total si un comunicador ultra amenaza a alguien de izquierda. Va para dos años que Federico Jiménez Losantos confesó por las ondas que miembros de Podemos “le suscitaban odio”. Es verlos y le “sale el agro” y “ si lleva la lupara, dispara”. Lupara, una escopeta siciliana. Nada hizo la Administración de justicia y nunca oirán a sus colegas políticos y mediáticos mencionarlo siquiera.

Hay varios más de similar corte. Operan desde publicaciones que rebasan la prensa amarilla para entrar en un subgénero dedicado a divulgar falsedades con intencionalidad política y de lucro personal. Hay medios, televisiones de la TDT y en particular 13TV propiedad de la Conferencia Episcopal, que son fábricas de odio netas, destinadas a despedazar al que ven como contrincante sin pararse ante nada. Han provocado protestas de curas católicos. El círculo de tertulianos especializados en estas prácticas rotan en sus medios, televisión, prensa, radio, prodigando su veneno.

Tengo experiencia personal como víctima de estas campañas. En algún momento fueron miles y miles de tuits insultantes, manipulados, troceados, recompuestos, inventados. En sintonía con lo que emitía la caverna mediática como tal. Los amigos llegan a preocuparse de cómo puede una periodista responsable sufrir semejante trasmutación en un ser delirante de la noche a la mañana. La imagen se resiente. Basta saber la escoria de la que emana, sin asomo de credibilidad, pero todavía hay gente que cree en lo que ve escrito o sale en la tele.

El auténtico daño lo hace ese clima. Deberían existir colegios profesionales o asociaciones de la prensa con altas miras para evidenciar la falta de deontología profesional de quien miente y difama, y por interés. A los periodistas que compran indicios sin buscar la verdad yo les sitúo en el apartado de cantamañanas nefastos a obviar.  A los tuiteros se les silencia o bloquea, mejor sería cerrarles la cuenta, pero Twitter es muy selectiva con esta medida. Pensar en cárcel  son palabras mayores.  Hay que ser muy cuidadoso con lo que es delito y no lo es. El delito de odio se pensó para proteger a las minorías, no como instrumento indiscriminado del poder. Para proteger a una pareja de homosexuales a los que agredieron  al grito de “maricones” sin que, mira por dónde, la jueza haya visto delito de odio.

Vivimos tiempos tenebrosos. Al cesado vicepresidente de la Generalitat, Oriol  Junqueras, le mantienen en prisión preventiva como culpable –sin juicio siquiera- de la violencia policial en la manifestación del 1-O, de la reacción que provocó en las fuerzas de seguridad la convocatoria del referéndum. Lo relataba aquí el catedrático Pérez Royo sin que haya movido ninguna reacción. Este viernes el magistrado del Supremo le ha negado -y también a Sánchez y Forn-  asistir a los plenos.  Si hemos llegado a esto ¿qué más nos queda por ver? La libertad de expresión ya se ha visto reducida por las leyes vigentes y avanzan a extremos de establecer una policía del pensamiento, si no existe ya.

Da la sensación de que  -con un tropel de ladrones, corruptos y delincuentes de variada etiología- el gobierno detrae recursos para vigilar a los tuiteros que escriben cosas molestas. Si no fuera tan grave, podría parecer un chiste. Da la sensación de que según en que lado ideológico te sitúe tu conciencia, tienes las de perder o las de ganar en carroza alada.  Un indignación sorda se va extendiendo. Hay gente muy harta de ver a delincuentes convictos “de rositas”, rigores extremos por mucho menos motivo, y una sensación de libertad vigilada en el ambiente.

Preocúpense por quienes realmente siembran odio y daño a la convivencia. Por quienes amordazan y se aprovechan cuando se ven dueños de los instrumentos del Estado de Derecho y para el Estado de Derecho.  La violencia está en la vida real, Twitter es un pálido reflejo.  Preocúpense de lo que siembran.

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La democracia madura del Rey en la que todos pueden hablar

Apagas el horno y vas a escuchar el discurso del rey en Nochebuena. Sonríe, ha apeado la dureza desplegada en octubre, tan decisiva en la forma con la que se afrontó la Cataluña del referéndum. Y le oyes decir: “ España es hoy una democracia madura, donde cualquier ciudadano puede pensar, defender y contrastar, libre y democráticamente, sus opiniones y sus ideas;  pero no imponer las ideas propias frente a los derechos de los demás “. Y ya no se va de tu cabeza, ni prestas atención al rosario de bendiciones que constituyen el país de las maravillas del relato. Luego llegarán, por días ya, los encendidos elogios de la prensa cortesana y esa constante reverencial de especular sobre el sentido de las palabras del rey como si se tratara del oráculo de Delfos. Aquel santuario de la antigua Grecia se convirtió en centro de consulta a los dioses basándose en interpretaciones de signos, hace muchos siglos. En octubre no hizo falta, la alocución real  se entendía con toda claridad.

No deja de ser curioso. España ha perdido libertades ostensiblemente desde que gobierna el PP. En particular desde que se aprobó la Ley Orgánica de Protección de la Seguridad Ciudadana, conocida con razón como Ley Mordaza. Un empeño del PP, no justificado en ningún estado de alarma, que sacó adelante con su mayoría absoluta y que entraría en vigor el 1 de Julio de 2015. Junto con las reformas del Código Penal y la ley llamada antiterrorista que abre paso a otros controles, han mermado con certeza la libertad de expresión, manifestación y reunión. Es un hecho cierto que palpamos en el vivir cotidiano al ver denunciados y hasta condenados a tuiteros, raperos, humoristas y todo aquél a quien le toque la diana. La daga de la censura y del castigo pesa ya a la hora de ejercer cualquier crítica al poder o a una serie de sentimientos que no entran en la racionalidad de la convivencia en el Siglo XXI.

Este martes, las crónicas palaciegas andan ya pasando lista de adhesiones y censuras al mensaje del rey, demostrando precisamente que la libertad para “defender y contrastar, libre y democráticamente, las opiniones”  funciona mejor con las favorables a la tesis dominantes. Felipe VI, el conciliador; Felipe VI y el renacimiento de cataluña (en minúscula), La democracia madura del Rey, análisis de la coreografía en todos sus detalles, el lenguaje y hasta un “guiño del rey a Cataluña” por mostrar un trofeo de los premios Princesa de Gerona. “La nota discordante la pusieron Podemos y el PNV”, afirma El País, que en una edición anterior del artículo decía y destacaba: “Podemos y los secesionistas critican el discurso en el que el Rey llama a la convivencia.”  Suprema maldad criticar “una llamada a la convivencia”. Los matices, les sobran. Y no solo los matices. Algunos van más lejos, Zarzalejos, ex director de ABC, titula en El Confidencial: “ Acoso y derribo al rey“. Y es algo que conllevaría penas severas en el ordenamiento jurídico vigente. No para el autor, para los acusados.

Las consideradas como injurias y calumnias a la Corona, en concreto, están acarreando condenas en esa democracia madura en la que cualquier ciudadano puede hablar y expresarse. La más reciente, la multa impuesta por la pitada al himno de España en una final de la Copa del Rey, al que la justicia encontró promotor.  Años y años de pitadas en los encuentros de fútbol han hallado soporte legal para la condena. Si parecía que los gritos en los estadios eran escapes de la ansiedad habrán de repensarse. Lean el Artículo 491 del Código Penal revisado en 2015.  Hasta la utilización de la imagen del rey o la reina es punible, si la encuentran ofensiva.

La ley Mordaza tiene ya al menos 200.000 damnificados según el recuento que este verano hizo Amnistía Internacional y recogió el periodista Eduardo Bayona. Un tercio de ellas castiga delitos de manifestación, reunión u ofensas a la autoridad en distintas expresiones. Sin pasar por el juez, que fue la medida más alarmante de la Ley, en un conjunto temible.  Amnistía destacaba que “sus efectos están siendo negativos para el ejercicio de los derechos de reunión pacífica, expresión e información”.   Baste decir que 1.200 personas al mes son multadas por “falta de respeto” a los agentes. Con datos recogidos por  eldiario.es en el propio Ministerio del Interior.  Insistamos: según la opinión de los agentes y sin otro control.  Se ha dado el caso también de multar con  600 euros por darle al “me gusta” en redes sociales porque aparecía un policía en un vídeo viral.

Censurada por el Consejo de Europa, calificada de “ ley ominosa de España” por la prensa internacional como The New York Times, la Ley Mordaza sigue en vigor más de un año después de perder Rajoy su mayoría absoluta. Hasta el Defensor del Pueblo la cuestionó al pedir la anulación de la condena a una periodista. Los trámites en el Congreso lleva ya cerca de un año de dilaciones. Se encuentran literalmente bloqueados. El PP con ayuda de Ciudadanos y algunos miembros del grupo mixto consiguen ampliar plazos para las enmiendas y retrasar el debate. El PSOE, que presentó la solicitud, no quiere derogar la ley sino reformarla y regresar, con algunos añadidos, a la que su partido articuló en 1992, conocida como Ley Corcuera. Un prodigio de libertades, se diría al compararla con la que rige. Unidos Podemos apuesta por una reforma drástica de la Ley y por anular condenas impuestas con ella. Las maniobras, rivalidades y protagonismos políticos siguen manteniendo vigente esta ley.

No hemos llegado al punto de Turquía, por supuesto. Todo no se persigue, pero el mecanismo existe y depende de quién y por qué lo utilice. En la España actual, cualquier juez dispone de base legal para abrir sumarios y condenar por delitos que no lo eran hasta el acceso del PP al poder. Ahora se puede llegar a admitir una denuncia -seleccionando entre miles y miles de tweets- solo contra personas que le caen mal al denunciante. Y quedar al albur de cómo funcione el procedimiento. Normalmente con arreglo a derecho, pero con la consiguiente perturbación durante el proceso.  Sabemos que uno de los delitos más perseguidos en esta democracia madura son los tweets.

El retroceso de libertades en España es un hecho y empieza a pesar la autocensura. Hemos vuelto a los tiempos de usar la ironía, como ha hecho con brillantez Antón Losada en este “ Hay que volver a ver The Crown, Majestad”. Los tiempos que alumbraron a los Berlanga y Azcona para burlar y aliviar la realidad. Cuando no éramos una democracia madura a cuyos ciudadanos aún no se les permitía hablar de lo indebido, como ahora. Podemos hasta pensar lo que queramos.

Manel Fontdevila, cuya viñeta este martes resume a la perfección el estado de la libertad de expresión en España alabada por Felipe VI,  dio con la explicación perfecta en esta jugosa conversación. Hablamos de la valentía que actualmente se precisa para ejercer la crítica y cuyos yugos él ha padecido y afrontado: “Hoy contagiar valentía es una cuestión de responsabilidad”, concluyó. Así de madura nos tienen la democracia.

Viñeta de Manel Fontdevila
Viñeta de Manel Fontdevila

Manifiesto “En defensa de los derechos fundamentales en Internet”

Ante la inclusión en el Anteproyecto de Ley de Economía sostenible de modificaciones legislativas que afectan al libre ejercicio de las libertades de expresión, información y el derecho de acceso a la cultura a través de Internet, los periodistas, bloggers, usuarios, profesionales y creadores de internet manifestamos nuestra firme oposición al proyecto, y declaramos que…

1.- Los derechos de autor no pueden situarse por encima de los derechos fundamentales de los ciudadanos, como el derecho a la privacidad, a la seguridad, a la presunción de inocencia, a la tutela judicial efectiva y a la libertad de expresión.

2.- La suspensión de derechos fundamentales es y debe seguir siendo competencia exclusiva del poder judicial. Ni un cierre sin sentencia. Este anteproyecto, en contra de lo establecido en el artículo 20.5 de la Constitución, pone en manos de un órgano no judicial -un organismo dependiente del ministerio de Cultura-, la potestad de impedir a los ciudadanos españoles el acceso a cualquier página web.

3.- La nueva legislación creará inseguridad jurídica en todo el sector tecnológico español, perjudicando uno de los pocos campos de desarrollo y futuro de nuestra economía, entorpeciendo la creación de empresas, introduciendo trabas a la libre competencia y ralentizando su proyección internacional.

4.- La nueva legislación propuesta amenaza a los nuevos creadores y entorpece la creación cultural. Con Internet y los sucesivos avances tecnológicos se ha democratizado extraordinariamente la creación y emisión de contenidos de todo tipo, que ya no provienen prevalentemente de las industrias culturales tradicionales, sino de multitud de fuentes diferentes.

5.- Los autores, como todos los trabajadores, tienen derecho a vivir de su trabajo con nuevas ideas creativas, modelos de negocio y actividades asociadas a sus creaciones. Intentar sostener con cambios legislativos a una industria obsoleta que no sabe adaptarse a este nuevo entorno no es ni justo ni realista. Si su modelo de negocio se basaba en el control de las copias de las obras y en Internet no es posible sin vulnerar derechos fundamentales, deberían buscar otro modelo.

6.- Consideramos que las industrias culturales necesitan para sobrevivir alternativas modernas, eficaces, creíbles y asequibles y que se adecuen a los nuevos usos sociales, en lugar de limitaciones tan desproporcionadas como ineficaces para el fin que dicen perseguir.

7.- Internet debe funcionar de forma libre y sin interferencias políticas auspiciadas por sectores que pretenden perpetuar obsoletos modelos de negocio e imposibilitar que el saber humano siga siendo libre.

8.- Exigimos que el Gobierno garantice por ley la neutralidad de la Red en España, ante cualquier presión que pueda producirse, como marco para el desarrollo de una economía sostenible y realista de cara al futuro.

9.- Proponemos una verdadera reforma del derecho de propiedad intelectual orientada a su fin: devolver a la sociedad el conocimiento, promover el dominio público y limitar los abusos de las entidades gestoras.

10.- En democracia las leyes y sus modificaciones deben aprobarse tras el oportuno debate público y habiendo consultado previamente a todas las partes implicadas. No es de recibo que se realicen cambios legislativos que afectan a derechos fundamentales en una ley no orgánica y que versa sobre otra materia.

(Suscribo este manifiesto elaborado y suscrito por un gran número de periodistas y creadores de Internet. Probablemente poetas y juglares acudieron a las “autoridades competentes” cuando surgió la imprenta, porque el gran medio iba a anularles o modificar su modo de hacer largamente establecido. Nadie discute hoy el avance que supuso la estampación de los textos y cómo agilizó su difusión entre los ciudadanos. La ceguera de no querer ver la innovación, lo que se impone por su propio peso al incluir mejoras y mayor implantación social, se extiende sobrepasado el siglo XX de los grandes hallazgos. Pero así es la vida. Y la condición humana. Y los privilegios adquiridos).

Este manifiesto, elaborado de forma conjunta por varios autores, es de todos y de ninguno. Si quieres sumarte a él, difúndelo por Internet.

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