¿Y si el fin no es la unidad de España?

Pablo Casado, cualificado portavoz del PP, avisó a Roger Torrent con toda claridad: “tiene dos hijos y sabe a qué se atiene”.  Este ha sido uno de los más chirriantes solos de trompeta en la fanfarria que culmina la gran ópera bufa de nuestra democracia, ahora en cartel. El presidente del Parlament, en la encrucijada establecida para la investidura de Puigdemont, ha decidido aplazar la sesión. Sin ceder. Quiere una toma de posesión con garantías pero el Constitucional se ha ratificado en los requisitos impuestos. Torrent ha sido rotundo en la idea central: “Ni la vicepresidenta Soraya ni el TC decidirán quién tiene que ser el President de la Generalitat”, ha dicho. La tensión es ya mucha, y por la tarde se han producido incidentes aislados en el acceso al Parlament.

Plumas, teclas y micrófonos hacían guardia desde primera hora de la mañana.  Desde hace muchos días, en realidad. Salvo a los más adictos, tienen al personal agotado. En Radio Nacional de España hablaban de “la corresponsal en Barcelona”, la “corresponsal” en ese país extranjero. Un tertuliano advierte de que, como insistan con Puigdemont, “volveremos a tener que aplicar el artículo 155”. Volveremos.  Como las oscuras gaviotas que nunca abandonan el nido. La idea dominante situaba este martes como un día terrible para la democracia, un día más. Y como principal problema de los españoles, Catalunya. Con una sociedad rehén, está arrastrando por el suelo el prestigio del país, oigo. El Gobierno y los partidos que sustentan al Gobierno se manifiestan en parecidos términos.

Volvamos al balcón donde anidan las oscuras gaviotas. “Tiene dos hijos y sabe a qué se atiene”. La amenaza de Pablo Casado suena a problema grave. Claro que también dijo que Puigdemont podía acabar como Lluís Companys [fusilado], y no pasó nada. En los últimos días hemos asistido a una escalada insólita de la desvergüenza, como gran colofón a una obra largamente trabajada. Cada nota es de una seriedad extrema.

Tras filtraciones de la operación, El País confirma que algunos ministros, el propio Rajoy, y, desde luego, la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría  llamaron a miembros del Tribunal Constitucional para “trasladarles lo grave que sería investir a Puigdemont”. La separación de poderes saltaba por los aires, con ella suele ir el Estado de Derecho, y apenas nadie se inmutó. “Estamos asistiendo -de la mano del TC- al nacimiento del ‘derecho constitucional del enemigo’. La idea es que frente a quien desafía al Estado no rigen las normas estatales y cabe cualquier acción que lo frene políticamente. Aunque sea inconstitucional”, escribía el profesor de la materia y antiguo letrado del TC  Joaquín Urías.

Hagamos una salvedad: el Tribunal Constitucional dejó de ser un órgano exclusivamente consultivo desde 2015, cuando el PP le otorgó con su mayoría absoluta poder sancionador, una revolución jurídica, se dijo. Casualmente, puso al frente al magistrado Pérez de los Cobos, el mismo al que quería estos días colocar en el Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo, donde han de verse recursos a actuaciones del gobierno del PP, también desde Catalunya. La jueza homófoba que logró el puesto -mintiendo en el currículo- alegó que este candidato trabajaba para el Gobierno de España. Luego supimos que  el Constitucional elaboró ‘a posteriori’ los fundamentos jurídicos de la decisión sobre Puigdemont. El prestigio de España está con todo esto que da gusto verlo.

Las llamadas del Gobierno al Constitucional, lejos de provocar un clamor de indignación, han sido alabadas por quienes están siempre dispuestos a estos menesteres. Se diría que aplican el principio maquiavélico según el cual “el fin justifica los medios”. El fin, aparentemente, es preservar la unidad de España. Sin atenerse a molestos requisitos legales. Sin tener en cuenta los votos obtenidos por la opción independentista en Catalunya. Para un demócrata, la propia democracia es un bien superior en sí misma. Ya no es hora de hablar cuánto se hizo mal en este camino, el fraude que supone que el PP, hoy en el Gobierno, se ponga a recoger firmas para declarar inconstitucional el Estatut aprobado por los ciudadanos. Ese que ahora añoran algunos que ayudaron a hacer crecer esta enorme madeja. Supuestamente ese es el fin, pero permítanme que lo dude.

Al mismo tiempo, y en pleno juicio Gürtel, nos salta la Fiscalía pidiendo que no se juzgue al PP en el caso de los ordenadores de Bárcenas en aplicación de la doctrina Botín. La Fiscalía no ve delito en borrar 35 veces su contenido ni en el contenido que no conoce a través de la investigación por el simple hecho de que lo han hecho desaparecer. El Ministerio Fiscal tiene entre las misiones que lo definen “promover la acción de la Justicia en defensa de la legalidad, de los derechos de los ciudadanos y del interés público”. Y tampoco pasa nada. No protesta la gran familia por los daños causados a la imagen de España. A la realidad de España, a su democracia.

Entretanto, el Tribunal Supremo -que también ha de decidir sobre denuncias contra el Gobierno- conoce nuevos nombramientos, entre ellos el número dos de Gallardón y un ex senador del PP.  En la línea de lo que viene siendo la tónica.

La labor que dirige Mariano Rajoy cubre un amplio espectro. Acabo de leer en eldiario.es que la nueva Ley de Contratos del Sector Público para poner coto a prácticas que facilitan la corrupción eleva del 10% al 50% los sobrecostes permitidos en contratos como los de las mordidas de Gürtel. No hay más preguntas, señoría.

El Rey Felipe VI tampoco se ha pronunciado sobre estos graves asuntos. Nos cuentan los cronistas que en Davos saludó al magnate asiático Lim Boon Heng, a quien quería conocer. Es el presidente de Temasek, uno de los fondos soberanos más grandes del mundo que opera desde Singapur y que  declaró a periodistas españoles: “Espero que Catalunya esté bajo control”. Bajo control.

Este 30 de enero, en su 50 cumpleaños, Felipe de Borbón ha sido homenajeado efusivamente por los medios afines. El País nos servía la gran frase del día como estímulo para empezar la jornada:

“El Rey no se presenta a las elecciones, pero eso no quiere decir que no esté sometido al escrutinio de los ciudadanos. La Casa del Rey sondea regularmente el estado de la opinión pública”.

Tranquiliza mucho. Un escrutinio de uso interno sin consecuencias. Quizás para lanzar o no los vídeos familiares con almuerzos entrañables. Eso sí es que someterse a un escrutinio, no me dirán. A la misma hora sabíamos que laAudiencia Nacional ha condenado a un hombre por llamar corrupto malparido al rey Juan Carlos en Facebook. Se le ha encontrado culpable de injurias a la Corona que pueden atentar contra la paz social.

Casi a la vez Rajoy decía que lo más sensato es proponer un candidato limpio en Catalunya. Predicando con el ejemplo. Y que “por encima de la ley no hay nada”. Salvo algunas cosas. Muchas, como vemos.

Donde haya sondeos, que se quiten las urnas. No dan más que problemas a estas buenas gentes que mandan, si a los ciudadanos se les ocurre votar lo que no les gusta. Ciertamente, con el apoyo de partidos muy concretos, corresponsables por tanto. Y de millones de personas a quienes se supone que al menos conocerán la razón de sus prelaciones. En estas circunstancias, a ver qué sociedad es rehén de qué. ¿De Catalunya? ¿De Puigdemont?

Y ahora díganme: ¿de verdad creen que lo que se dilucida de forma prioritaria es la unidad de España?

 
 
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¿Qué fue antes, el tuit o la violencia real?

“Que los padres hubieran venido antes a por su hijo y no por su cadáver”. Daniel Velilla, PP, Consejero de Bienestar Social de Melilla, hizo estas declaraciones en rueda de prensa, en vivo y en directo. Se refería a uno de los dos adolescentes marroquíes muertos mientras estaban bajo su tutela en un centro asistencial. Antonio Nogales, IU, alcalde de Pedrera, Sevilla, declara fuera de sí ante graves incidentes raciales en su municipio: “ A mí me gustaría ver a gente fusilada”.  Delante de un micrófono y una cámara. El País titula a cuatro columnas en portada: Puigdemont exige violar otra vez la ley para ser investido. En papel físico, del que se puede tocar.  Es la vida real.

Todo esto y mucho más sucedía cuando salió una  sentencia de cárcel para una mujer por desear en un tuit que Inés Arrimadas fuera víctima de una violación en grupo. Ocurrió el 3 de Septiembre, la líder de Ciudadanos en Cataluña la denunció y ya está resuelto el caso. No he dejado de darle vueltas en mi cabeza: una condena a prisión por “desear” un mal y hacerlo público. Fue un tuit horrible, nadie lo discute, su autora lo ha pagado con una dureza extrema. La despidieron ipso factodel trabajo, su nombre ha quedado grabado para su futuro laboral, tiene que hacer un curso para aceptar a quienes tienen ideas distintas y cuidarse de la mínima infracción para no ir al calabozo.  Leí algo de ella, sus problemas venían de antes.

En tuits, acompañados de ilustración gráfica impactante en ocasiones, han proferido gravísimas amenazas –incluso de muerte- a periodistas como Cristina Fallarás o Ana Pastor o juristas como Victoria Rosell. La lista es tan larga que no cabe en un artículo. De los tuits seriamente ofensivos pueden dar cuenta, podemos dar cuenta, un gran número de periodistas y no periodistas. No ha ocurrido nada, ni investigaciones, ni condenas, dudo que siquiera se les haya cerrado la cuenta de Twitter.

Las  graves intimidaciones a la entonces diputada de la CUP, Anna Gabriel, no fueron ni virtuales. Aparecieron numerosas pintadas en el mismo recinto donde iba a dar una conferencia por la tarde. La Facultad de Historia de la Universidad de Valencia. Aludían a un tiro para ella. Por cierto, Inés Arrimadas, preguntada en Al Rojo Vivo de La Sexta, dijo condenar las amenazas aunque añadió un fatídico “¿Qué esperaba?”, al parecer era lógico esperar algo así tras las actividades de un grupo juvenil de su formación, ni siquiera de ella. Ese día se definió, al menos para mí. Y el retrato se atragantaba.

Hay que dejar constancia de la abismal diferencia de trato a las agredidas, a los agredidos. Mediático y judicial. Hasta agresiones a botellazos a cargos públicos entran en el limbo si son a personas incómodas al sistema. O si los autores pertenecen al grupo del mucho españoles con bandera. Pero no debemos quedarnos solo en esa flagrante diferencia que lastra nuestra maltrecha democracia, hay que ir al quid de la cuestión: el alucinante cerco al tuit como la gran amenaza de nuestros días, convertido en enemigo público.

La caza del tuit como prioridad

Las redacciones añorantes de la máquina de escribir viven bajo el síndrome de los ejércitos de tuiteros que dañan la que fuera su preciada estabilidad al margen de la crítica. Personajes públicos se despiden de la red con altavoces y banda de música por lo mismo.  Otros se van hartos de ultrajes sin dar un ruido. Y, lo que es mucho peor,  poderes del Estado con capacidad inculpatoria  y sancionadora enfocan la persecución del tuit como asunto prioritario para la Seguridad.

Los tenemos a todos. A Cospedal, desde Defensa, fijando las supuestas noticias falsas en la Red en los protocolos. A Zoido, el inefable ministro de Interior, advirtiendo que el simple RT de un tuit puede ser un delito de terrorismo. En el saco legal que se mercaron PP, PSOE y Ciudadanos en el que cabe más que el terrorismo. Cabe la represión y la censura, cabe el castigo a la disidencia política.  No busquen la raíz del odio en Twitter porque está en la vida real. Es pura desfachatez circunscribir a las Redes sociales las noticias falsas y los insultos  desde poderes especializados en mentir, en diferido y en directo, o en declaraciones incendiarias, o en acciones que dañan. Repasen lo que han soltado por sus bocas desde Rafael Hernando a Pablo Casado, pasando por una extensa lista, y encontrarán odio y siembra de odio sin freno.

La prensa convencional que abomina de la falta de rigor de las redes sociales se presenta a diario como lo ha hecho este viernes sin ir más lejos: “La apostasía de Forn, los Jordis y Forcadell aísla a Puigdemont en la vía unilateral”, titula El Español, a modo de Gaceta de la Inquisición. Y en sintonía con las portadas de la prensa de papel editada en Madrid que parecen sentirse vencedores de la Cruzada contra el infiel catalán: Se retractan, reniegan, desbandada…

Lo penado es el tuit. La policía nacional ha informado en Twitter, precisamente, de la detención de un hombre  por injurias y calumnias contra la Corona y el fallecido Fiscal José Manuel Maza en Internet. Afirman, según ABC, que el arrestado utilizaba las redes sociales para publicar graves amenazas a responsables de las Instituciones del Estado e incitar al odio y acosar a agentes de la Policía Nacional.

La violencia y el odio están en la vida real

Cuesta creer que se pene con cárcel en la España de hoy hasta el deseo, por muy salvaje que este sea, cuando hay tanta violencia real que atajar. Y no solo, no solo, por procedimientos coercitivos. La violencia, el odio, el malestar, los más bajos instintos, están en la sociedad. Y en período de crecimiento, se palpa su ascenso. Habría que preguntarse por qué. Y cuánto los condiciona la injusticia, la desigualdad, el abandono, y las incitaciones desde las instancias provocadoras oficiales.

Twitter, es cierto, nos ha mostrado que existen seres bípedos que parecen de la especie humana aunque con unas carencias cognitivas muy graves. Incapaces de entender incluso lo que leen o de relacionar hechos con consecuencias.  Desparraman sus insultos en la Red, como autónomos o por cuenta ajena. Tenemos constancia –por investigaciones judiciales- de campañas de desprestigio pagadas incluso con dinero público por el PP de Madrid o por la que fuera alcaldesa de Alicante, Sonia Castedo, PP también.

En Twitter todo está bajo sospecha; en los medios de derechas, nada.

Aquí y ahora, depende de quién agrede y de quien es la víctima y del medio que se utilice. En Twitter todo está bajo sospecha; en los medios de derechas, nada. La impunidad es total si un comunicador ultra amenaza a alguien de izquierda. Va para dos años que Federico Jiménez Losantos confesó por las ondas que miembros de Podemos “le suscitaban odio”. Es verlos y le “sale el agro” y “ si lleva la lupara, dispara”. Lupara, una escopeta siciliana. Nada hizo la Administración de justicia y nunca oirán a sus colegas políticos y mediáticos mencionarlo siquiera.

Hay varios más de similar corte. Operan desde publicaciones que rebasan la prensa amarilla para entrar en un subgénero dedicado a divulgar falsedades con intencionalidad política y de lucro personal. Hay medios, televisiones de la TDT y en particular 13TV propiedad de la Conferencia Episcopal, que son fábricas de odio netas, destinadas a despedazar al que ven como contrincante sin pararse ante nada. Han provocado protestas de curas católicos. El círculo de tertulianos especializados en estas prácticas rotan en sus medios, televisión, prensa, radio, prodigando su veneno.

Tengo experiencia personal como víctima de estas campañas. En algún momento fueron miles y miles de tuits insultantes, manipulados, troceados, recompuestos, inventados. En sintonía con lo que emitía la caverna mediática como tal. Los amigos llegan a preocuparse de cómo puede una periodista responsable sufrir semejante trasmutación en un ser delirante de la noche a la mañana. La imagen se resiente. Basta saber la escoria de la que emana, sin asomo de credibilidad, pero todavía hay gente que cree en lo que ve escrito o sale en la tele.

El auténtico daño lo hace ese clima. Deberían existir colegios profesionales o asociaciones de la prensa con altas miras para evidenciar la falta de deontología profesional de quien miente y difama, y por interés. A los periodistas que compran indicios sin buscar la verdad yo les sitúo en el apartado de cantamañanas nefastos a obviar.  A los tuiteros se les silencia o bloquea, mejor sería cerrarles la cuenta, pero Twitter es muy selectiva con esta medida. Pensar en cárcel  son palabras mayores.  Hay que ser muy cuidadoso con lo que es delito y no lo es. El delito de odio se pensó para proteger a las minorías, no como instrumento indiscriminado del poder. Para proteger a una pareja de homosexuales a los que agredieron  al grito de “maricones” sin que, mira por dónde, la jueza haya visto delito de odio.

Vivimos tiempos tenebrosos. Al cesado vicepresidente de la Generalitat, Oriol  Junqueras, le mantienen en prisión preventiva como culpable –sin juicio siquiera- de la violencia policial en la manifestación del 1-O, de la reacción que provocó en las fuerzas de seguridad la convocatoria del referéndum. Lo relataba aquí el catedrático Pérez Royo sin que haya movido ninguna reacción. Este viernes el magistrado del Supremo le ha negado -y también a Sánchez y Forn-  asistir a los plenos.  Si hemos llegado a esto ¿qué más nos queda por ver? La libertad de expresión ya se ha visto reducida por las leyes vigentes y avanzan a extremos de establecer una policía del pensamiento, si no existe ya.

Da la sensación de que  -con un tropel de ladrones, corruptos y delincuentes de variada etiología- el gobierno detrae recursos para vigilar a los tuiteros que escriben cosas molestas. Si no fuera tan grave, podría parecer un chiste. Da la sensación de que según en que lado ideológico te sitúe tu conciencia, tienes las de perder o las de ganar en carroza alada.  Un indignación sorda se va extendiendo. Hay gente muy harta de ver a delincuentes convictos “de rositas”, rigores extremos por mucho menos motivo, y una sensación de libertad vigilada en el ambiente.

Preocúpense por quienes realmente siembran odio y daño a la convivencia. Por quienes amordazan y se aprovechan cuando se ven dueños de los instrumentos del Estado de Derecho y para el Estado de Derecho.  La violencia está en la vida real, Twitter es un pálido reflejo.  Preocúpense de lo que siembran.

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