Desafío en el alto ático

Son una pareja de éxito y con grandes amistades. Él, actualmente, preside la Comunidad de Madrid porque así lo decidió la candidata electa Esperanza Aguirre cuando dijo que se retiraba de la política. Ignacio González, siempre ha sido su número 2, su colaborador más directo. Su mujer, Lourdes Cavero, trabajó en la Patronal de las Eléctricas hasta 2010, saliendo con una indemnización de 700.000 euros. Muy preparada, enseguida encontró un nuevo empleo como vicepresidenta de los empresarios madrileños, puesto que creó para ella, otro gran hombre, Arturo Fernández, el gran Arturo que consigue ventajosos contratos de restauración, aunque algunas veces se sospeche hace alguna trampilla.

Esta glamurosa pareja  se compró como no podía ser de otra forma un ático en Marbella, de acuerdo a su rango. Nada, 257 metros cuadrados construidos, más amplias terrazas y un solarium de otros 238 metros. 3 amplias plazas de garaje y tres trasteros. Después de muchas vicisitudes y desmentidos nos dieron a conocer que habían alquilado esa vivienda por 2.000 euros al mes, una ganga. Y que luego la adquirieron en propiedad  por 770.000 euros. Otro precio estupendo de esta gente tan hábil que lo mismo actúa de lobby de las eléctricas  -ella- que se empecina en privatizar la sanidad pública –él-.

El tema del ático de los González colea desde hace tiempo. Es ponerse alguien a investigar y es apartado de su puesto. Hasta el Ministerio del Interior reconoce que ésa fue la causa de la destitución de una de las cúpulas policiales cercenadas por el PP durante su corto –pero eterno mandato-: perdieron la confianza del ministro por meter las narices en el ático.

Pues va ahora una juez de Málaga, Mariana Peregrina, y osa resucitar el asunto. Ha imputado a Lourdes Cavero en un auto en el que, además de apreciar indicios de delito fiscal y blanqueo de capitales -procedentes de supuestas comisiones- en la adquisición del ático, imputa a la sociedad radicada en Delaware que primero alquiló y luego vendió el ático a Ignacio González y Lourdes Cavero. Ah, porque claro, esta gente cosmopolita usa paraísos fiscales para sus operaciones.  No como los muertos de hambre que pagamos impuestos en España y bajamos a comprar a Caprabo.

Cuenta Ernesto Ekaizer, detalla de hecho, cómo la jueza pidió comisiones rogatorias que es algo que se utiliza en delitos cometidos en el extranjero. Y ya desde hace un año. Pero tiene mala suerte. No se las tramita el Ministerio… de Justicia, en este caso.  Leed, leed, para que veáis las amistades de tanta alcurnia que tiene la pareja. Lo emprendedores que son.

Y ya no nos faltaba más que la llamada Fiscalía Anticorrupción. Perdiendo el culo, literalmente, y perdonadme este lenguaje tan coloquial, ha iniciado los trámites para recurrir inmediatamente el auto de la juez a las pocas horas. Algún defecto de forma debe tener, vaya por dios. Y sobre todo no vayamos a darles las navidades a nadie que precise descansar de las arduas tareas a las que se dedica a favor de la Comunidad. Ignacio González, el presidente heredado y en posesión de una extraordinaria credibilidad,  ya nos había anticipado esta mañana que “El auto está plagado de presunciones sin aclarar”.  Por si acaso la Justicia ésa que tenemos recurre ipso facto para que no se aclare, o eso parecería ¿verdad?

Qué ganas de enredar las de esta jueza molestando a gente decente y de tanto pedigrí. Y mira que no aprenden. Tienen ahí a Baltasar Garzón, a Elpidio José  Silva, el juez  Castro también podría contar. Que viene la navidad y quien sabe si los González no tienen preparada alguna celebración frente al mar en compañía de algunos amigos.

Y nada, mientras escribía esto, nos acaban de vender Novagalicia, la entidad que se cargó la mala gestión -y alguna cosilla más- política. Metimos en ella 9.050 millones de euros de dinero público para reflotar la entidad y ahora que está saneada se la hemos vendido al mayor banco privado venezolano, Banesco. Para que haga negocio.  Han pagado un dineral 1.000 millones que nos restan de la factura, pero a nosotros nos queda la deuda de los otro 8.050. A ver qué calderilla nos dan en su día por Bankia que ya dijo Soraya Sáenz de Santamaría que volvería a su estado natural: privado.

Dice la OCDE que hay que abaratar más el despido y cargarse privilegios de los funcionarios que son unos malcriados. Evidentemente, los funcionarios y el resto de los trabajadores españoles somos los culpables de la crisis.

Qué estrés por dios. Necesitamos un respiro.Frente al mar. Ah, vaya, que eso no nos toca. Una pena, porque cada día veo a más gente trabajando enferma. Y hasta hay personas que mueren de precariedad. Qué diferentes somos de nuestros representantes políticos ¿verdad?

Cada día más cerca de declarar la corrupción “bien de interés cultural”

La Fiscalía Anticorrupción ha decidido no recurrir la sentencia absolutoria de cohecho pasivo (soborno) a Camps y Costa. Argumenta que la ley del jurado le deja pocos resquicios. Es la primera medida que toma el nuevo fiscal del Estado nombrado por el PP, Eduardo Torres Dulce.

 De esta forma, el mismo hecho por el que se declararon culpables los otros dos imputados por recibir regalos de la tramaa cambio de favores , Campos y Betoret, queda impune en el caso de Camps y Costa.

Camps da gracias a La Macarena. La hermandad recibió un millón de euros de subvención de la rescatada CAM por orden de Camps

  Tras escuchar también a José Ignacio Wert, ministro de educación y alguna cosa más, hablando de apoyar con fervor y dinero público la fiesta de los toros, citando además argumentos que suponen un nuevo récord en su vertiginosa cadena de errores, estimo que cada vez estamos más cerca del premonitorio artículo que publiqué en El País hace más de un año:

LA CORRUPCIÓN ¿BIEN DE INTERÉS CULTURAL?

España fortalece sus tradiciones. A su vanguardia, el PP libra denodada batalla para que los toros sean declarados bien de interés cultural, patrimonio protegido por la UNESCO y anticonstitucional su prohibición. En consecuencia, ampara la fiesta en algunas de las comunidades que gobierna. Y no está solo, políticos de otros partidos y sectores de la cultura lo secundan.

En tales circunstancias, tal vez tenga sentido esta modesta proposición: ¿y si nos planteamos consagrar la corrupción como “bien de interés cultural”? ¿No les parece a ustedes lamentable que españoles de bien sean detenidos y hasta encausados basándose tan solo en indicios y pruebas? Piénsenlo, declarar la corrupción bien de interés cultural, también de interés turístico y hasta patrimonio nacional a proteger, no tendría sino ventajas. Se pueden esgrimir sólidos argumentos que fundamenten la propuesta.

La tradición, en primer lugar. Desde El Lazarillo de Tormes en el siglo XVI, sabemos que la corrupción es una de nuestras más arraigadas costumbres. Nobles y villanos, reyes y presidentes, han saqueado las arcas públicas y privadas durante centurias. España puede acreditar una gran tradición en esta práctica, y es sabido que nuestro país tiene un amor por sus tradiciones sin parangón. La corrupción es, pues, “un signo identitario del pueblo español”.

Nacidos para la gloria. Los corruptos, como los toros de lidia y como los toreros, gozan de una vida singular, muy superior a la de sus congéneres. Reciben un trato exquisito. Y, a diferencia de los astados que mueren ensangrentados y de los diestros que pueden salir malparados, nuestros corruptos a gran escala suelen salir casi indemnes de las cogidas. Para ello existen expertos y caros abogados prestos al quite, el reglamento con sus lagunas y humana aplicación, la cuadrilla en apoyo solidario, la afición que les admira. De hecho, muchos españoles llevan un corrupto dentro, tanto o más que un torero.

Valores estéticos. La corrupción española también es una mezcla de danza, arte y virilidad. A lomos de coches de lujo y embutidos en trabillas italianas, oro y gualda perpetuos, presuntos corruptos bailan ante nuestros ojos, marcando sus soberanos genitales. Sus capoteos mediáticos nos embelesan, nos turban.

La trascendencia. Contemplar la corrupción sirve para descargar colectivamente sentimientos positivos y negativos que relajan el espíritu. Y en esa lucha, casi religiosa, entre el bien y el mal, vemos -irritados algunos, complacientes otros- el triunfo del mal y aprendemos la realidad de la vida.

Así que, una vez declarada la corrupción de interés cultural, turístico y patriótico, habría que aplicarse en su explotación económica. Convertir España en un gran parque temático y registrar la franquicia para exportarla a tantos países que nos siguen los pasos daría trabajo a incontables guías que llevarían a los turistas a contemplar los ladrillos del litoral que han edificado millonarias fortunas particulares, el cemento que embellece el interior, los campos de golf allí donde de natural no hay agua, los vertederos de basuras y escombros por doquier, un castillo con subvenciones fantasma, la noria de los eventos con comisiones dudosas, la montaña rusa del blanqueo de dinero negro o las administraciones de lotería donde se compran boletos premiados para eludir impuestos. Además de las infraestructuras necesarias -que reactivarían el sector de la construcción-, se crearía una industria del souvenir: talonarios, sobres bajo mano, material de espionaje, camisetas, jarras y llaveros con la efigie de las estrellas de la corrupción.

Apuntemos también la posibilidad de levantar escuelas y universidades de corrupción con todas sus materias específicas (cohecho, prevaricación, soborno, tráfico de influencias, fraude fiscal, oratoria demagógica). Y academias o seminarios para quienes solo desean aprender los mecanismos de la “economía sumergida”, como cobrar facturas sin IVA y otras menudencias que detraen para el bien común casi el 25% de los ingresos del Estado.

Si consiguiéramos que hasta fuera protegida como patrimonio de la humanidad por la UNESCO, la corrupción española homologaría a los grandes malversadores y especuladores mundiales. Agradecidos, dejarían de atacarnos.

Así que supongo que estarán de acuerdo en que se impone subvencionar -más aún- a los artistas de nuestra corrupción, no dejar que la fiesta muera. Sin apoyos, estos bravos ejemplares desaparecerían. España sería otra: honesta, responsable, culta. Irreconocible, en una palabra.

Cierto es que casi todos los organismos internacionales han constatado la correlación entre corrupción y deterioro de la democracia, y han llamado a atajar lo que, dicen, no puede contemplarse en ningún caso como comportamientos individuales desviados, sino como putrefacción del ordenamiento social. A gran o pequeña escala, afirman esos organismos, se roba el dinero de todos. Incluso aquí hay enemigos de tradición tan acrisolada. “La corrupción es incompatible con la democracia, hiere gravemente a los propios fundamentos del sistema”, afirma Carlos Jiménez Villarejo, nuestro primer fiscal anticorrupción. Pero ¿a quién le importan todas estas jeremiadas?

En Las ciudades invisibles, Ítalo Calvino habla de un “infierno de los vivos” y sus dos formas de afrontarlo. Una, “volverse parte de él hasta el punto de dejar de verlo”; la otra, “buscar y saber reconocer quién y qué, en medio del infierno, no es infierno, y hacer que dure, y dejarle espacio”. En esas está España: ¿parque temático u honestidad? No me discutirán que hay razones poderosas para optar por lo primero.

La Fiscalía rechaza la querella contra las Agencias de Calificación

La Fiscalía Anticorrupción ha rechazado investigar una querella criminal contra las agencias de calificación norteamericanas, Moody’s, Fitch y Standard and Poor’s, porque , en su diagnosis, no existen indicios para probar que alteren los precios del mercado bursátil ni utilicen información privilegiada.

Anuncio de ATTAC en Público

  La denuncia la había presentado ATTAC y otras organizaciones, tal como podéis ver en el anuncio de Público. Era la primera en Europa. Y se acusaba a estas agencias de actuar como un “oligopolio”, dado que cuentan con un 90% del mercado, lo que les permite regular y controlar los mercados financieros con sus informes de calificación.

La querella estima que las agencias han obtenido por estas prácticas unos beneficios anuales de 3.000 millones de euros, con márgenes de hasta un 50%. El 75% de sus ingresos provienen de las comisiones que cobran a sus propios clientes por calificar sus títulos.

Añadían que las agencias manipulan deliberadamente la deuda española y castigan con dureza la calidad crediticia de España. Y aseguraban que fijan sus notas basándose en una “opinión altamente subjetiva y de escaso rigor técnico”.

Los querellantes pedían a la Audiencia Nacional que ordenara la entrada y registro de las sedes de Moody’s, Fitch y Standard and Poor’s en España para la obtención de pruebas documentales y la identificación de los cuadros directivos para ser llamados a declarar como imputados.

 Pues bien, el informe de la Fiscalía Anticorrupción (preceptivo para iniciar el procedimiento) estima que no ha lugar la querella. Los hechos denunciados “en sí mismos no son constitutivos de delito”, dice. La Fiscalía Anticorrupción reconoce que las rebajas de la calificación de la deuda española perjudicaron económicamente a España” porque “hay un efecto directo entre las revisiones a la baja de la deuda española por parte de estas agencias de calificación y el encarecimiento de la financiación del Estado a través de la emisión de la deuda pública”. Insiste, sin embargo, en que esas actuaciones no tienen carácter delictivo ni han sido denunciadas por el Ministerio Fiscal o “por el perjudicado” directo, que es el Estado español.

Me pregunto ¿Quién es el Estado español? ¿Los políticos, jueces y fiscales?

Y añado lo que nuestra amiga Angels Martínez Castells publicó en su blog hace algo más de un par de semanas: el informe de la Comisión de Investigación sobre la Crisis Financiera (FCIC en sus siglas en inglés) hecho público el 27 de enero de 2011. Parece que ellos, investigando, sí encontraron algunas evidencias.

                                        

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