Más críticas a la corrupción española

Dos artículos confluyeron estos días en El País hablando de la corrupción española. Uno era mío y el otro de Victor Lapuente, profesor de Ciencia Política en el Quality of Government Institute de la Universidad de Gotemburgo (Suecia). Lapuente mantenía que oír noticias de corrupción en España «no representa ninguna sorpresa». Para él, la razón última está en el clientelismo político:

«En España toda la cadena de decisión de una política pública está en manos de personas que comparten un objetivo común: ganar las elecciones. Esto hace que se toleren con más facilidad los comportamientos ilícitos, y que, al haber mucho más en juego en las elecciones, las tentaciones para otorgar tratos de favor a cambio de financiación ilegal para el partido sean también más elevadas».

 Frente a la situación española, en otros paises ocurre al revés: «En muchas ciudades europeas sólo tres o cuatro personas son nombradas por el partido ganador» o «En EE UU el alcalde no puede colocar a mucha gente. El Ayuntamiento lo gestionan profesionales». Estados Unidos, nos cuenta, tenía similares niveles de corrupción, pero lo solucionaron a finales del siglo XIX, principios del XX, evitando, precisamente, que los políticos extendieran sus tentáculos sobre la Administración y otros centros de poder, nombrando a sus afines.

Vemos en España que hasta las Cajas de Ahorros están dominadas por políticos, con mayoría según el resultado de las urnas. Esto explica lo sucedido en Caja Castilla La Mancha, o las peleas fratricidas en torno a Caja Madrid, entre facciones del PP, que pueden atentar frívolamente contra su estabilidad financiera.

La sanidad y la educación -temas de Estado- también dependen de las mayorías políticas en las Comunidades Autónomas. La neoliberal Esperanza Aguirre opta por la privatización, y poco hay que hacer. Intentar remendar el desaguisado si un día deja de ocupar ese puesto. Algo extremadamente difícil, rehacer las presas derribadas exige un doble esfuerzo. Me contaba un médico porqué con un ejemplo práctico:  «si has externalizado la lavandería, a ver cómo ahora la vuelves a meter en el Hospital». Todo esto, no ocurre en Europa.

La corrupción española ha merecido también el dudoso honor de ocupar un espacio en el The Economist británico. Un fluido debate se ha desencadenado en el foro.

«La corrupción en España y sus descendientes culturales es bastante fácil de explicar. La tradición en forma de la presencia de la Iglesia Católica, y la herencia romana, donde la corrupción es socialmente aceptada. La otra razón es la falta de información sobre el funcionamiento del Estado».

Otros hablan de las calificaciones de Transparency International -que yo citaba- donde recibimos un notable entre los países menos corruptos. Pero esta organización basa sus estudios en opiniones de expertos y no en datos.

Alguien con nombre español, duda de que el periódico El País sea el mejor diario español como asegura el semanario británico, y sacando a colación hasta los trajes de Camps que ascendien -dice-  a 13.000 euros, concluye:

  «Que una carrera política pueda estar en peligro a causa de tal crimen dice mucho del nivel de exigencia que se requiere en estos días a una posición política en España».  (¿Existe ese nivel de exigencia en la sociedad? ¿Está la carrera política de Camps en peligro a requerimiento de la sociedad?)

Con todo, se incluye en el foro de The Economist, también, este terrible pensamiento que aún persiste:

«¿España? Monarquía, el catolicismo y los toros. ¿Qué se puede esperar? Sólo su proximidad geográfica lo califica para ser miembro de la comunidad europea. Por lo que su nivel de corrupción no debe sorprendernos».

A mí se me cae la cara de vergüenza. Pero no se trata de taparlo o mirar para otro lado, como han hecho políticos y numerosos medios de comunicación con la condena al urbanismo español por parte del Parlamento europeo. O de sacar nuestro orgullo patrio y asegurar que en nuestra isla vivimos como nos place y que todos los demás tienen porqué callar. Algo -o mucho- de verdad hay. Tenemos que cambiar actitudes y limpiar nuestra imagen. Las luchas entre partidos por el poder restan tiempo, esfuerzo y medios, a las tareas esenciales.

Bruselas condena el urbanismo español

El pleno del Parlamento europeo ha aprobado una nueva condena al urbanismo español, por amplia mayoría. En muy duros términos, reclama ya medidas coactivas: congelar los fondos estructurales y de cohesión a España hasta que no se solucione el problema. Autoridades de todos los ámbitos han quedado en entredicho en Europa, y, además,  la «lenta y laxa» justicia de nuestro país. La resolución reclama una indemnización adecuada para las víctimas de los «abusos urbanísticos» y considera «alarmante» la falta de confianza de los denunciantes en el sistema judicial español. Es la tercera vez que Bruselas condena el urbanismo español. Algunos datos de porqué.

Esta vez la ponente ha sido la diputada danesa de los Verdes Margrete AUKEN,  quién habla de prácticas de «urbanización masiva» en España y de la «conducta especulativa» de algunas autoridades locales y miembros del sector de la construcción.  Y urge al Gobierno de España y los de las comunidades autónomas implicadas, a que lleven a cabo una «profunda revisión de toda la legislación que afecta a los derechos de los propietarios particulares de bienes como resultado de una urbanización masiva, con objeto de poner fin a los abusos de los derechos y las obligaciones recogidos en varios tratados internacionales».

Además, el Parlamento europeo critica la «avaricia» y la «conducta especulativa» de algunas autoridades locales y miembros del sector de la construcción, «que han conseguido sacar beneficios masivos de estas actividades». Según el informe, las islas y las zonas costeras mediterráneas de España han sufrido una «destrucción masiva en la última década, puesto que el cemento y el hormigón han saturado esas regiones».

Los diputados recuerdan que «la Comisión está facultada a suspender la provisión de fondos estructurales a un Estado miembro o una región implicada, y a estipular correcciones en relación con los proyectos receptores de fondos que posteriormente considere que no han cumplido plenamente con la normativa exigida». Además, el informe señala que «el Parlamento, como autoridad presupuestaria, también puede decidir colocar en la reserva los fondos destinados a políticas de cohesión para convencer a un Estado miembro de que ponga fin a graves vulneraciones de la normativa y los principios que está obligado a respetar».

La ponente denuncia que «todas las administraciones -central, autonómica y locales- son responsables de haber puesto en marcha un modelo de desarrollo insostenible, que ha tenido gravísimas consecuencias, por supuesto medioambientales y, además, sociales y económicas».

 El informe contaba con la oposición de socialistas y ‘populares’ españoles -que querían suavizarlo-, pero no han logrado convencer al resto de eurodiputados de sus respectivos partidos de otras nacionalidades de que votaran en contra. 

La resolución indica que la falta de «claridad, precisión y seguridad jurídica» en la legislación vigente en España en lo que se refiere al derecho de propiedad y la falta de una aplicación adecuada y coherente de la legislación medioambiental son las causas de muchos de los abusos urbanísticos. Todo ello, sumado a la «laxitud» en los procedimientos judiciales, «ha generado una forma de corrupción endémica«.

El informe critica además que las autoridades judiciales españolas «no están debidamente preparadas» para tratar los casos de abusos urbanísticos, que los tramitan con demasiada lentitud y que «las sentencias dictadas en muchos de estos casos no pueden ejecutarse de forma que compensen a las víctimas de tales abusos». «Ello ha reforzado la impresión, compartida por muchos ciudadanos de la UE de nacionalidad no española, acerca de la falta de actuación y parcialidad de la Justicia española«.

Para hacer frente a estos problemas, la Eurocámara pide -entre otras cosas- a las autoridades españolas que «se deroguen todas las figuras legales que favorecen la especulación, tales como el agente urbanizador».

   Será raro que esta noticia -que nos saca los colores en Europa y que los políticos españoles quieren obviar- encabece algún informativo. En la entrada anterior hay algunas pistas de porqué. Quizás porque es… una noticia.

Valencia is diferent

Nacer en Valencia va a empezar a representar un serio riesgo. Las criaturas han de aprender las normas para una convivencia democrática en inglés, a ver si eso les disuade de su entendimiento. La religión les enseñará que el preservativo está contraindicado -más aún es pernicioso- contra la prevención del SIDA. Y en cambio, se les instruye en tirar petardos, porque eso es cultura. A cualquier edad, podrán leer el  libro editado, con dinero público, por la Diputación de Castellón -que preside el acusado y nunca juzgado Carlos Fabra- en donde se dice que lo que ocurrió en 1936 no fue un Golpe de Estado y que Franco colaboró «con el fin de dar a España un régimen de justicia, paz, orden y armonía» para todos los ciudadanos.

 Además, en un mundo con casi 7 mil millones de personas de las que gran parte malviven, la Generalitat del repulido y trajeado Francisco Camps -en lugar de mostrar las facturas del sastre- va a incentivar la natalidad en la comunidad. Pero no de cualquier manera, no. Como todo lo que emprenden los poderes públicos valencianos, será con una alta carga ideológica. El gobierno valenciano va a facilitar hasta 21.600 euros a jóvenes embarazadas para evitar que aborten. Las ayudas se distribuirán durante 36 meses. El desembolso económico para cumplir los mandatos de la Conferencia Episcopal Española, serán mucho mayores, ya que se crearán tres centros de atención social de referencia en cada una de las tres provincias complementados por una red de 186 puntos de encuentro atendidos por equipos itinerantes y un teléfono de atención gratuita. Echad cuentas de lo que eso cuesta.

Nada que objetar en cuanto a intensificar la información y dotar de todos los medios para evitar embarazos no deseados. De hecho con 21.600 euros una pareja puede adquirir preservativos para toda su vida y regalar a los vecinos. Otro fin encomiable sería facilitar las adopciones para que no hubiera que ir al fin del mundo a fin de criar un hijo, dado que en España es extraordinariamente difícil.

El problema surge cuando llega un embarazo. Hay que traer al niño al mundo como sea. Por 21.600 euros es probable que Valencia se llene de padres dubitativos. Porque ¿alguien imagina en un país tan «ético» como España que se van a privar de tan sustanciosa ayuda si hay un niño en camino? ¿Podrán acogerse también los emigrantes? Porque son los que evitado el crecimiento cero de España, un país que tiene ya 46 millones de habitantes. ¿No sirven los adultos? Estoy convencida de que muchos africanos procedentes de países en guerra y penurias, estarían encantados de ser prohijados por el Consell valenciano. Cualquier mileurista, de cualquier procedencia, lo estaría.

Pero no, el requisito es que la mujer lleve en el vientre un óvulo fecundado y que dude si seguir con el embarazo. La medida es moral, de moralidad católica. La Conferencia Episcopal española y sus afines ideológicos han resucitado el aborto como problema después de casi un cuarto de siglo de aplicación de la Ley, y tras estar callados como muertos con los gobiernos del PP. Lo han hecho con los cuantiosos ingresos que reciben del Estado. La religión debería circunscribirse al ámbito privado y ser costeada por sus adeptos. Ah, ya, que en España no recaudarían un euro. Pero ¿por qué tenemos que pagarlo todos? ¿Por qué no financia el Estado otras aficiones como la numismática o lo floricultura? Son menos perniciosas.

Nacer en la Comunidad valenciana equivale a ser adoctrinado, a que los poderes públicos pongan todos los medios para ello y eviten en lo posible una formación democrática ¿saben los valencianos lo que votan?

Ver también «La vida para la Iglesia católica.

Hijos de la picaresca (2)

El Congreso acaba de rechazar una propuesta para que los deportistas «residentes» -para impuestos- en paraísos fiscales no compitan por España. Era una proposición de ley de Iniciativa per Catalunya Verds (ICV) -que suelen ser francamente creativos en su trabajo-, y que sólo ha obtenido el voto a favor de su diputado Joan Herrera. Éste es un ejemplo más de cómo en España no se quiere atajar la corrupción.

Estos días leo también por ahí que lo de Camps, el «presunto», no tendría importancia -caso de confirmarse lo que declara su sastre-. «Total por unos trajes, cómo va a pringarse por unos trajes». Por algo se empieza. Y lo que probaría, precisamente, es una costumbre en aceptar regalos a cambio de algo. Como el coche de Touriño. Nadie dice nada, por cierto, salvo Nacho Escolar, y pocos más, de que el Presidente valenciano se aloje en Ritz cuando viaja a Madrid. Esto viene de antiguo, yo me encontré, hace tiempo, a dos presidentes autonómicos, residiendo en el Hotel Plaza de Nueva York en sus visitas a la «capital» del mundo. Tenía el mítico hotel un bar muy coqueto para tomar copas a media tarde. Y allí los vi en distintas épocas, hablé con ellos y me contaron dónde estaban alojados. Mis amigas y yo nos pagábamos nuestras consumiciones. Estos presidentes manirrotos, tan amantes del lujo, lo hacen con nuestros impuestos.

En el libro recopilo también decenas de muestras que dibujan un sombrío panorama de cómo campan en España la trampa y la corrupción, sin que a nadie le importe -sólo el 2% de los ciudadanos lo cita como problema en las encuestas del CIS-:

Es el país europeo donde circulan más billetes de 500 euros -emblema del dinero negro-. Suponen el 65% del dinero en España. Algún alto cargo extranjero incluso de ha mofado de esta circunstancia.

Un colegio concertado que infla el número y horas lectivas de los profesores para cobrar más subvenciones. Lo hizo el San Isidoro de Granada, y se le multó por ello. Pero, en un país serio, los padres hubieran retirado a sus hijos de un centro sin ética ¿Qué les van a enseñar a sus criaturas? Cómo prosperar en España, sin duda.

Subastas de voto en ebay para las elecciones.

Dueños de pisos que suben el alquiler al saber que el gobierno ayuda a los jóvenes con 210 euros.

Empresarios que contratan a discapacitados para cobrar ayudas y luego no les pagan. De esos hay a decenas.

La comunidad de regantes de un pueblo de Alicante, Villena, que vende 700 millones de litros anuales de agua para embotellar a la empresa Danone, cuando piden, agriamente, al gobierno un trasvase del Ebro para regar. La planta, además, se instala, al menos en parte, sobre unos terrenos propiedad del presidente de los regantes villenenses.

   La mayoría -por ser benevolentes- de las compañías sobre todo las de telefonía, con sus contestadores automáticos y sus «errores» siempre a favor de la empresa.

O minucias para sonrojar. Un portal de reservas de hoteles hace un sondeo entre clientes españoles y británicos, ambos pueblos sustraen objetos de los establecimientos donde se alojan, desde los miserables jaboncitos al eventual albornoz. Los españoles ganan por goleada, casi el 80% lo hace de manera habitual. Hay quien saquea el minibar entero, o el  kit de limpieza de la cocina -en el caso de apartahoteles-, incluyendo el estropajo usado.

Del estropajo usado al ladrillazo, pasando por los trajes y por todo lo que venga. Y lo peor es que la gente se ríe en lugar de indignarse, y algunos dicen: «yo de mayor quiero ser como Fabra».

Mientras no cambiemos de mentalidad no habrá nada qué hacer. Todo esto es lo que no me cupo en la Tribuna de El País. Llevamos siglos así, sin que los poderes públicos intervengan dando la terrible sensación de que muchos forman parte de la misma desidia en torno a la corrupción o de que tienen alguna razón para no atajarla. Lo mismo que periodistas, jueces, es todo el entramado social, mientras el pobre hijo de vecino paga y trata de llevar -o no- una vida decente.

Lázaro de Tormes, el más famoso de nuestros pícaros, acaba -después de padecer a siete amos- de marido tapadera para los refociles de un alguacil arcipreste quien le aconseja: «Lázaro de Tormes, quien ha de mirar a dichos de malas lenguas, nunca medrará. (…) Por tanto, no mires a lo que pueden decir, sino a lo que te toca, digo a tu provecho.» Un clérigo. Por ahí comienzan nuestros males.

Hijos de la picaresca

El País me publica hoy una Tribuna con este título. Entresaco algunos párrafos:

«Una conciencia laxa ante la corrupción, la creencia frente a la ciencia y un atraso educativo secular: tres pies para una mesa que cojea por su erróneo diseño. Alcaldes de todos los partidos son acusados de corrupción, ingresan en la cárcel entre llantos, vítores y aplausos, y, en el 71% de los casos, resultan reelegidos, aumentando incluso sus apoyos. ¿Concedemos los españoles mayor permisividad que otros pueblos a la trampa, el robo, la malversación, el cohecho y todas sus variantes delictivas?

Sin duda, somos hijos de la picaresca, un género literario asociado a las letras españolas que nos ha impregnado el alma. O viceversa.»

«El desmesurado peso de la Iglesia católica en el Estado español a lo largo de toda su existencia no es ajeno a la aceptación tácita de la corrupción. Influencia clara, cuando aún intenta impedir en España lo que acepta en otros lugares, como el estudio de Educación para la Ciudadanía o una ley del aborto europea. Partimos de dos premisas fundamentales que constituyen la razón de ser la religión: creencia frente a ciencia y juicio, y limpieza del pecado con una penitencia cómoda y solitaria. Los vecinos que vitorean alcaldes presuntamente corruptos no «creen» que lo sean, de nada les sirven las pruebas, les posee la fe. Muchos políticos también participan de esa actitud. Y sobre todo, demuestran pensar que la contrición privada exime de culpa, al margen de la justicia.»

Aquí podéis seguir leyendo para verlo completo.

 

La mafia de Telefónica en el país de la corrupción consentida

A finales de 2008 quise dar de baja una línea de Movistar. Jamás contestó el teléfono durante 15 días, insistiendo en distintos horarios. Me atendía un primer empleado, me traspasaba al único departamento que podía gestionar la petición, y la llamada sonaba interminablemente sin que nadie la cogiera. El 5 de enero opte por enviarles un burofax. La factura llegó igualmente en Febrero, y ha llegado en Marzo. Son 3 euros de contrato y 4,31 de diferencia de consumo mínimo de la línea (todo, porque no hice ni recibí ni una sola llamada).

30 minutos de llamada al 609 me ha costado aclarar, o no aclarar, las cosas. Primero me han dicho que la línea se dio de baja el 16 de Enero y había habido un error con las facturas. He preguntado que si me devolvían el dinero cobrado de más. Han consultado la largamente y han dicho que no. Me han pasado entonces a otro departamento. Nunca recibieron el burofax -dicen- y mi teléfono no estaba dado de baja. Lo han tramitado con la celeridad de un artrítico que atasca sus dedos en el ordenador -esa gestión ha podido llevar unos 15 minutos-. Otro departamento ha reiterado que, puesto que jamás estuvo de baja, no me devuelven el dinero. No es el primer litigio que gano a Telefónica a través de la la Secretaría de Estado de Comunicación y para la Sociedad de la Información. Y prefiero gastarme el equivalente en papel, tinta y gasolina que alimentar a una mafia.

Múltiples reclamaciones a todos los estamentos, demuestran que para dar de baja una línea hay que sufrir un calvario. Porque no cogen el teléfono por la vía habitual, porque no «reciben» ni los burofax oficiales, porque siempre cometen «errores» y siempre a su favor. ¿Qué nombre tiene esto?

Si a mí me roban 20 euros, más 3 de emotion en otra línea que no he usado, y cuentan con casi 9 millones de usuarios, hagan la suma del cuantioso negocio fraudulento -debido a «errores», dicen, aunque no demostrables- que se lleva esta empresa, antaño pública y entregada en su momento a un amigo del colegio de Aznar. A las personas que me han atendido hoy, les he dicho que comer no justifica participar, ser colaborador necesario, en un negocio corrupto y que hay formas más honestas de ganarse la vida. Se han ofendido mucho. Y eso que no les he aclarado lo que realmente pensaba, que en la Calle de la Montera de Madrid, o en el Raval de Barcelona, se puede conseguir un dinero más digno que el que se obtiene contribuyendo a que timen a los ciudadanos, que alli solo joden su propia dignidad.

Si España funcionara no se tolerarían estas prácticas. Los poderes públicos no lo permitirían. Aquí se asumen del primero al último ciudadano. Vemos a diario a políticos, representantes de los votantes y no votantes, que se alojan por no menos de 600 euros diarios en el lujoso Hotel Ritz de Madrid -con cargo al erario público- y que reciben al sastre para que les haga trajes, «presuntamente» regalados por una empresa. Que se favorece con negocios millonarios a profesores de padel, que se cierran comisiones de investigación por la ley de la apisonadora de la mayoría absoluta. ¿Qué va a importar que Teléfonica, en «errores» siempre a su favor, se apropie de 23 euros de cada uno de sus nueve millones de clientes? Individualmente, es una minucia por la que nadie va a reclamar, pero que puede llegar a representar un beneficio adicional para la empresa de 207 millones de euros mensuales. La media vendría dada porque los «errores» en algún caso son de menor monto y en otros de mayor.

Si hablo de mafia es apoyada por un burofax oficial. Además he grabado todas las llamadas en donde me aclaran que la línea se dio de baja en enero pero hubo un error en las facturas. Apoyada también en los millones de reclamaciones a todas las instancias de casos similares.

Este es el país donde circulan más billetes de 500 euros, el del dinero negro, el de los escándalos urbanísticos, en el que basta tener un amigo con poder para forrarse, el que sigue votando a políticos encausados por corrupción, el que -sobre todo- cuenta con una ciudadanía que no reacciona. Grano a grano, los corruptos edifican sus fortunas, grano a grano tenemos que desmantelar la España podrida.

   Os recuerdo una de mis frases favoritas. Aquella versión de la Ley de Clark que utilizó un empleado de la NASA:

» La incompetencia suficientemente avanzada es indistinguible de la mala voluntad». Y la mala voluntad organizada para obtener beneficios fraudulentos -añado- tiene un nombre: mafia.

Limpiemos Madrid… pero a fondo

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Este agujero en el pavimento y la suciedad que le circunda corresponden al centro lujoso de Madrid: confluencia de las calles Goya, Serrano y la Plaza de Colón. El selecto y conservador barrio de Salamanca. A mis espaldas hay una tienda que por uno de los trajes puede llegar a cobrar -y alguien lo paga- 3.000 euros.

He salido a pasear con la cámara de fotos después de leer que el Ayuntamiento de Madrid ha aprobado, con la mayoría absoluta del PP, la nueva ordenanza municipal de limpieza. Ésa que castigará a partir de ahora a quien hurgue en las basuras para comer con 750 euros. La misma cantidad habrá de pagar quien tire migas a los patos en el parque o cigarrillos al suelo.

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Desde la misma puerta de mi casa, y durante todo el trayecto, he visto el pavimento resquebrado o apedazado visible y antiestéticamente, las marcas del suelo sin repasar de pintura durante lustros -o esa es su apariencia-.

Los edificios atesoran mierda a raudales. Todos. Grandes almacenes, bancos, tiendas de postín y no postín, hasta la sede del PP en Génova. Madrid parece una ciudad industrial. Por la contaminación, seguramente. 16.000 peronas mueren, cada año en España por esta causa, según el informe de Ecologistas en Acción. La mitad de los españoles respira agentes peligrosos. En Madrid, la comunidad más afectada, lo hacemos el 80% de los ciudadanos. Y a eso no se le pone remedio.

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Me he llegado hasta el Paseo de Rosales, uno de los lugares más hermosos de Madrid, con sus edificios señoriales, el Parque del Oeste y el Templo de Debod. Al margen de los abundantes desconchados y agujeros, el pavimento no conoce la existencia del jabón y los desinfectantes.

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Por aquí pasean las mamás con sus bebés en cochecitos, sorteando basura -que las 12,30 de la mañana ya habría sido hora para que pasara un empleado-. Corren los deportistas. Se sientan los abuelos. Comtemplando roña y cochambre. Pero es que ya ni la miramos, como no nos pongamos a ello.

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He elegido en mi visita lo más granado de Madrid, para que no se me acuse de mal intencionada. Huelga pensar como está la periferia. Un informe de la OCU afirma que la suciedad ha aumentado de forma alarmante en España en los últimos 6 años, con excepciones como Oviedo y las tres provincias vascas. Los Ayuntamientos destinan un promedio de 35 euros por habitante y año a la recogida de residuos. Y 41 para limpieza. Nos cobran 65 a cada hogar por estos servicios.

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¿La prioridad era separar bien las basuras -mediando multa de 750 euros-  cuando los responsables las recogen mal, como se ha demostrado? ¿Multar con 750 euros a los pobres que buscan algo para comer? ¿Hacer lo propio con quienes dan migas a los patos o tiran un cigarrillo al suelo, dado que no hay ceniceros? ¿Qué hacemos con el Paseo de Rosales pongo por caso? ¿Multamos a las palomas por defecar? ¿Talaremos los árboles para que no aniden las aves? ¿Mandamos con fregona a los dueños de los perros para que quiten las marcas del suelo? ¿Les ponemos un tapón en el recto a los animales? ¿Pavimentamos las calles también? ¿Pintamos las señales en nuestras horas libres? ¿Lavamos fachadas?

Siempre he dicho que Madrid es la mejor representación de España, el mayor de sus pueblos, el más genuino. Nuevos ricos sin pulir, apariencia. Hay ciudades en nuestro país mucho más bonitas y con más clase -Barcelona, San Sebastián, Salamanca, Toledo, Santiago de Compostela, Granada y muchas más-. Pero Madrid -con algunas escasas zonas de valor estético- nos encarna. Para bien y para mal.

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¿Es ésta la capital de la octava potencia mundial? Cualquiera puede comprobar que, en sus entrañas, se genera la mugre, el pringue, la porquería, la caspa. Grandes males que nos asolan en la simple vida cotidiana. Limpiemos Madrid, pero a fondo. Mandando a casa a concejalas, alcaldes y presidentas clasistas e ineptos. Y un consejo: abrid los ojos cuando caminéis para no emponzoñaros.

¿Multará el Ayuntamiento de Madrid al Juez Garzón?

La nueva ordenanza municipal del ayuntamiento de Madrid -que se aprobará el viernes- prevé multar con 750 euros a quienes busquen entre la basura. ¿Será el Juez Garzón el primero en ser multado?

 Detrás seguirán los miles de desgraciados que escudriñan -entre compresas usadas o arena de gatos con excrementos- yogures caducados o frutas podridas en los recipientes de la calle o en los contenedores que se ubican al lado de los supermercados. Los he visto. Salen avanzada la noche, sigilosos, con rabia, con vergüenza, mirando a un lado y a otro. Y no se dejan grabar si uno -como debe ser- les pide permiso y no utiliza cámara oculta. Hace falta pasar mucha hambre para arriesgarse al menú. Les saldrá caro hurgar entre desperdicios a partir de la ley municipal de Botella y Gallardón, a quienes deben darles asco los pobres. Pero no hay que ser mal pensados. Realmente, era una prioridad atajar ese problema: que no puedan comer de las basuras. Es muy antihigiénico y se preocupan por su salud. Dictar esa ley antes que prever que tengan trabajo y alimentos era lo más urgente. Aunque. un método más resolutivo sería invitarles a bodas y bautizos donde se hacen presuntas relaciones productivas.

Pero el asunto tiene más fondo. Al PP no le gusta que nadie husmee en la basura. La «presunta» podredumbre del PP constituye, hoy, un culebrón a seguir apasionadamente por el sinfín de noticias que se están produciendo. ¿Cómo se puede tener el cinismo de negar y atacar a la Justicia que investiga? Porque se juegan unos votos, cotas de poder, en las próximas elecciones gallegas y vascas. Ese aferrarse a la poltrona apesta. ¿Por qué? ¿Qué beneficios obtienen? Ah, es la defensa de sus ideales. Por ejemplo, multar con 750 euros a quien rebusque en la basura algo que comer.

El 70% por ciento de los ciudadanos, declara al CIS, mes tras mes, que «los políticos sólo piensan en sus intereses» y «no piensan en ciudadanos como yo». Lo saben y no les importa. Han comprobado que, luego, van a votar para que no salga el contrario. Aunque las diferencias son ostensibles, la escasa educación de los españoles -propiciada o nunca solucionada por los poderes públicos- conduce a patéticas confusiones. O muy intencionadas, porque en España hay demasiada comprensión con la trampa. Cuatro o cinco mil Garzones harían falta.

Envidio apasionadamente a los alemanes por la derecha que tienen. Angela Merkel pidiendo el cierre de Guantánamo a Bush, abroncando al Papa por rehabilitar a un obispo negacionista del holocausto. Hasta a los franceses envidio, por su Sarkozy, que ya es mucho envidiar.

Y es que, sobre todo estos últimos días, seguir las noticias -ejercicio imprescindible para poder opinar, para poder decidir con criterio- produce una malsana repulsión.

La soberanía reside en el pueblo

Sus señorías andan a la greña en el Parlamento. En un discurso aburrido, falto de imaginación y de brillantez, pueril al extremo, cruzan sus monólogos archisabidos. «Pues tú más», «tu papá también robó» «pues anda que el tuyo»… Nuestros presentantes en las Cortes se sientan allí, sin hacer otra cosa, que corear a sus jefes y silbar e interrumpir a los contrarios. Todos sabemos lo que votarán: lo que mande el partido. Siempre digo que eso lo podrían resolver entre media docena: los titulares de las formaciones políticas. Y decir: «y ahí van mis 280 diputados», pongo por caso. Igual así sentíamos que los demás trabajaban en algo.

Luego están los medios informativos. Al igual que Zapatero gobierna, a veces, siguiendo los sabios consejos o rapapolvos de El País y Público, Rajoy no se pierde el seguimiento de El Mundo, ABC, la COPE y todas sus filiales. Anoche el votante de ultraderecha tenía un amplio surtido para elegir: Telemadrid con Sáenz de Buruaga -que entiende por pluralidad llevar a envejecidos (de ideas) antaño progresistas como Leguina o Cristina Alberdi que fue la primera en sacar los pies del tiesto por rivalidad con Zapatero-, y a la vez estaban a lo mismo en Intereconomía, Veo y Popular Televisión. El asunto crucial no eran los -presuntos- «chorizos» beneficiados por el PP, sino la cacería dichosa.

Rajoy bebe de sus fuentes. Y así lleva al Parlamento esta frase: «Si no firma el cese de Bermejo se convierte en el propio Bermejo». Me parece que hay cosas peores que ser el Ministro de Justicia, a pesar de que asesinar animales sea una práctica vomitiva. Rajoy debería aprender lo caro que le sale leer El Mundo. Cuando la impune teoría de la conspiración, llegó a pedir la suspensión del proceso sólo por leer el periódico.

Todos los políticos NO SON IGUALES. El titánico esfuerzo de Zapatero para acercarnos al nivel de desarrollo europeo en cuestiones sociales, no debería quedar en el olvido. Con él hemos pasado del puesto 19 al 13 en el Indice de Desarrollo Humano de la ONU que mide riquezas menos materiales que las económicas. Pero es el sistema -insisto un día más el que no funciona-. Las sesiones del Parlamento hastían, son absolutamente suprimibles, tal como están configuradas. No gana adeptos ninguno. Consigue más desencantados, más cabreados.

Siempre, el poder -todos los poderes- se ha alejado del pueblo. Domina, aislado, desde su torre nacarada en lo que los griegos llamaron Hubris y el político y neurólogo inglés David Owen definió como síndrome: egos alimentados por adulaciones, miedos, que alteran la conducta hasta llenarla de soberbia, desmesura y huida de la realidad. En la Antigüedad le opusieron una sádica Némesis que les atemperaba o, los romanos, un esclavo repitiendo: «recuerda que eres mortal». Nadie hoy les pone coto. Menos aún el PSOE al PP, o el PP al PSOE. En el río revuelto surgen los populismos veleta y así asistimos al auge incomprensible y peligroso de otra resentida: Rosa Díez que recoge en su partido a todo el desecho de tienta y ganado como el catalán Trías de Bés que ha recorrido todo el arco parlamentario.

Resulta que -muy bien pagados- los políticos nos representan, pero la soberanía reside en el pueblo. Y lo olvidan porque viven en una urna. Cuando un político acude a un acto de medio pelo, melena larga o moño, no veis la escena completa. Una docena de altos cargos, extremadamente sonrientes, aguardan su llegada. Aparca el coche oficial, se posicionan los guardaespaldas, saltan los luces de los fotógrafos y cámaras de televisión. El político se ve envuelto en una atmósfera irreal, cree que es más que los otros, no reflexiona. Pero se aferra al poder con todas sus fuerzas. Y opera como si su feudo provisional y alquilado fue un cortijo de su propiedad. Veáse el caso de la privatizadora Aguirre o de Alberto Belloch en Zaragoza, que no cede a dedicarle una calle al fundador del Opus Dei, pese a que le estén aireando todas sus vergüenzas. Con el mismo rigor, otorga calle a un futbolista  ceutí y a María Callas, tan aragonesa ella.  

Tenemos que enseñarles que así no funcionan las cosas. Que nos aburren y disuaden sus sesiones parlamentarias y sus campañas electorales, que exigimos listas abiertas para pedir cuentas a nuestro propio representante como sucede en otros muchos países. Que el mundo está hecho una pena y que, tan ocupados en atesorar su poltrona, no se ocupan de nosotros. Y podemos enfadarnos y mucho.

¿Modifica españa la Jurisdicción Universal a petición de Israel?

La ministra de exteriores israelí, Tzipi Livni, ha declarado hoy, tras reunirse con Miguel Ángel Moratinos, que su colega español le ha comunicado «la decisión de España de cambiar la legislación que permite aplicar la Jurisdicción Universal con el fin de que organizaciones políticas no puedan presentar cargos contra ciudadanos israelíes y de otras nacionalidades». La noticia -y en esta ocasión es una auténtica noticia- la ha dado RTVE en el telediario de las 9, no la recoge aún ningún periódico y sólo he encontrado una nota de Europa Press, en cuyo texto -sin destacar- se lee la misma información, recogida hoy con alborozo en medios de prensa israelíes.

 Fuentes del Gobierno han informado a RTVE que no se va a terminar con la Jurisdicción Universal -que permite juzgar en nuestro país crímenes contra la Humanidad-, vigente en nuestro ordenamiento jurídico desde el siglo XIX y que «en todo caso» las modificaciones no tendrían carácter retroactivo y no se podrían aplicar al caso que instruye el Juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu.

El embajador israelí en España se ha referido al asunto que investiga Andreu diciendo que «podría afectar a las relaciones» entre ambos países.

Apenas me voy a limitar a dejar ahí los datos. El «en todo caso» las modificaciones no tendrían carácter retroactivo es altamente revelador. Sólo dos paises -Venezuela y Turquía- han osado levantar la voz ante las matanzas de Gaza perpetradas por Israel. La muerte de 1.300 personas, los cuantiosos heridos, la ONU pisoteada, y demás vulneraciones de los derechos humanos y de convivencia internacional, caen en el manto del olvido ante el inmenso poder de Israel.

Si España baja la cerviz, «modificando» la Jurisdicción Universal a petición de Israel -o para «desagraviarle»-, será una lamentable y trascendental noticia para el mundo.

Actualización 23,30. Ya lo publican ABC y 20 minutos. Aquí dicen que Moncloa desmiente a Israel. Así lo «desmiente»:  «el Gobierno español ha desmentido las palabras de Livni y ha matizado que estudia hacer ajustes procesales en el principio de jurisdicción universal, pero que no lo limitará. Asimismo, ha comunicado que esta reforma en ningún caso tendrían carácter retroactivo y, por tanto, no afectará al caso abierto por el juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu». Ya estamos con los eufemismos.