Pablo Casado, cualificado portavoz del PP, avisó a Roger Torrent con toda claridad: «tiene dos hijos y sabe a qué se atiene».  Este ha sido uno de los más chirriantes solos de trompeta en la fanfarria que culmina la gran ópera bufa de nuestra democracia, ahora en cartel. El presidente del Parlament, en la encrucijada establecida para la investidura de Puigdemont, ha decidido aplazar la sesión. Sin ceder. Quiere una toma de posesión con garantías pero el Constitucional se ha ratificado en los requisitos impuestos. Torrent ha sido rotundo en la idea central: «Ni la vicepresidenta Soraya ni el TC decidirán quién tiene que ser el President de la Generalitat», ha dicho. La tensión es ya mucha, y por la tarde se han producido incidentes aislados en el acceso al Parlament.

Plumas, teclas y micrófonos hacían guardia desde primera hora de la mañana.  Desde hace muchos días, en realidad. Salvo a los más adictos, tienen al personal agotado. En Radio Nacional de España hablaban de «la corresponsal en Barcelona», la «corresponsal» en ese país extranjero. Un tertuliano advierte de que, como insistan con Puigdemont, «volveremos a tener que aplicar el artículo 155». Volveremos.  Como las oscuras gaviotas que nunca abandonan el nido. La idea dominante situaba este martes como un día terrible para la democracia, un día más. Y como principal problema de los españoles, Catalunya. Con una sociedad rehén, está arrastrando por el suelo el prestigio del país, oigo. El Gobierno y los partidos que sustentan al Gobierno se manifiestan en parecidos términos.

Volvamos al balcón donde anidan las oscuras gaviotas. «Tiene dos hijos y sabe a qué se atiene». La amenaza de Pablo Casado suena a problema grave. Claro que también dijo que Puigdemont podía acabar como Lluís Companys [fusilado], y no pasó nada. En los últimos días hemos asistido a una escalada insólita de la desvergüenza, como gran colofón a una obra largamente trabajada. Cada nota es de una seriedad extrema.

Tras filtraciones de la operación, El País confirma que algunos ministros, el propio Rajoy, y, desde luego, la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría  llamaron a miembros del Tribunal Constitucional para «trasladarles lo grave que sería investir a Puigdemont». La separación de poderes saltaba por los aires, con ella suele ir el Estado de Derecho, y apenas nadie se inmutó. «Estamos asistiendo -de la mano del TC- al nacimiento del ‘derecho constitucional del enemigo’. La idea es que frente a quien desafía al Estado no rigen las normas estatales y cabe cualquier acción que lo frene políticamente. Aunque sea inconstitucional», escribía el profesor de la materia y antiguo letrado del TC  Joaquín Urías.

Hagamos una salvedad: el Tribunal Constitucional dejó de ser un órgano exclusivamente consultivo desde 2015, cuando el PP le otorgó con su mayoría absoluta poder sancionador, una revolución jurídica, se dijo. Casualmente, puso al frente al magistrado Pérez de los Cobos, el mismo al que quería estos días colocar en el Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo, donde han de verse recursos a actuaciones del gobierno del PP, también desde Catalunya. La jueza homófoba que logró el puesto -mintiendo en el currículo- alegó que este candidato trabajaba para el Gobierno de España. Luego supimos que  el Constitucional elaboró ‘a posteriori’ los fundamentos jurídicos de la decisión sobre Puigdemont. El prestigio de España está con todo esto que da gusto verlo.

Las llamadas del Gobierno al Constitucional, lejos de provocar un clamor de indignación, han sido alabadas por quienes están siempre dispuestos a estos menesteres. Se diría que aplican el principio maquiavélico según el cual «el fin justifica los medios». El fin, aparentemente, es preservar la unidad de España. Sin atenerse a molestos requisitos legales. Sin tener en cuenta los votos obtenidos por la opción independentista en Catalunya. Para un demócrata, la propia democracia es un bien superior en sí misma. Ya no es hora de hablar cuánto se hizo mal en este camino, el fraude que supone que el PP, hoy en el Gobierno, se ponga a recoger firmas para declarar inconstitucional el Estatut aprobado por los ciudadanos. Ese que ahora añoran algunos que ayudaron a hacer crecer esta enorme madeja. Supuestamente ese es el fin, pero permítanme que lo dude.

Al mismo tiempo, y en pleno juicio Gürtel, nos salta la Fiscalía pidiendo que no se juzgue al PP en el caso de los ordenadores de Bárcenas en aplicación de la doctrina Botín. La Fiscalía no ve delito en borrar 35 veces su contenido ni en el contenido que no conoce a través de la investigación por el simple hecho de que lo han hecho desaparecer. El Ministerio Fiscal tiene entre las misiones que lo definen «promover la acción de la Justicia en defensa de la legalidad, de los derechos de los ciudadanos y del interés público». Y tampoco pasa nada. No protesta la gran familia por los daños causados a la imagen de España. A la realidad de España, a su democracia.

Entretanto, el Tribunal Supremo -que también ha de decidir sobre denuncias contra el Gobierno- conoce nuevos nombramientos, entre ellos el número dos de Gallardón y un ex senador del PP.  En la línea de lo que viene siendo la tónica.

La labor que dirige Mariano Rajoy cubre un amplio espectro. Acabo de leer en eldiario.es que la nueva Ley de Contratos del Sector Público para poner coto a prácticas que facilitan la corrupción eleva del 10% al 50% los sobrecostes permitidos en contratos como los de las mordidas de Gürtel. No hay más preguntas, señoría.

El Rey Felipe VI tampoco se ha pronunciado sobre estos graves asuntos. Nos cuentan los cronistas que en Davos saludó al magnate asiático Lim Boon Heng, a quien quería conocer. Es el presidente de Temasek, uno de los fondos soberanos más grandes del mundo que opera desde Singapur y que  declaró a periodistas españoles: «Espero que Catalunya esté bajo control». Bajo control.

Este 30 de enero, en su 50 cumpleaños, Felipe de Borbón ha sido homenajeado efusivamente por los medios afines. El País nos servía la gran frase del día como estímulo para empezar la jornada:

«El Rey no se presenta a las elecciones, pero eso no quiere decir que no esté sometido al escrutinio de los ciudadanos. La Casa del Rey sondea regularmente el estado de la opinión pública».

Tranquiliza mucho. Un escrutinio de uso interno sin consecuencias. Quizás para lanzar o no los vídeos familiares con almuerzos entrañables. Eso sí es que someterse a un escrutinio, no me dirán. A la misma hora sabíamos que laAudiencia Nacional ha condenado a un hombre por llamar corrupto malparido al rey Juan Carlos en Facebook. Se le ha encontrado culpable de injurias a la Corona que pueden atentar contra la paz social.

Casi a la vez Rajoy decía que lo más sensato es proponer un candidato limpio en Catalunya. Predicando con el ejemplo. Y que «por encima de la ley no hay nada». Salvo algunas cosas. Muchas, como vemos.

Donde haya sondeos, que se quiten las urnas. No dan más que problemas a estas buenas gentes que mandan, si a los ciudadanos se les ocurre votar lo que no les gusta. Ciertamente, con el apoyo de partidos muy concretos, corresponsables por tanto. Y de millones de personas a quienes se supone que al menos conocerán la razón de sus prelaciones. En estas circunstancias, a ver qué sociedad es rehén de qué. ¿De Catalunya? ¿De Puigdemont?

Y ahora díganme: ¿de verdad creen que lo que se dilucida de forma prioritaria es la unidad de España?