Cuarta Página de El País de Ignacio Sánchez-Cuenca,  profesor de Sociología en la Universidad Complutense de Madrid.

Corrupción, boicoteo al Estatuto catalán, a la renovación del CGPJ o a la Ley de Dependencia. El PP se siente más cómodo con el ‘Estado de derecha’ que con el imperio de las leyes. ¿Dónde están sus liberales?

   Entresaco párrafos:

La utilización de la idea de Estado de derecho por el Partido Popular ha llegado a ser agobiante. Se ha recurrido al Estado de derecho para rechazar el Estatuto catalán y el proceso de paz con ETA, para exigir la dimisión de cargos socialistas, y obsesivamente en la lucha antiterrorista, incluso de forma antropomórfica («confío en que el Estado de derecho mande a los terroristas a veranear a la cárcel», dijo hace poco un dirigente popular).

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Los acontecimientos de los últimos años han mostrado que nuestro Estado de derecho no sólo está excesivamente manoseado, sino que además ha quedado vapuleado por sus más aguerridos defensores.

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Últimamente la atención se centra en los escándalos de corrupción, que son abundantes y algo pintorescos. Quizá el más llamativo de todos sea el de Carlos Fabra, el presidente de la Diputación de Castellón. Ha habido Fabras al frente de esa Diputación desde 1875, cuando la ocupó su tío-tatarabuelo Victorino Fabra, conocido como el Agüelo Pantorrilles. El actual Fabra está acusado de falsificar documentos oficiales, de cobrar cuantiosas comisiones, de fraude fiscal, y de manipulación del censo electoral de diversos municipios. Por si todo esto no fuera suficiente, Fabra se jacta de sus prácticas caciquiles: «Porque el que gana las elecciones coloca a un sinfín de gente. Y toda esa gente es un voto cautivo. Supone mucho poder en un Ayuntamiento, en una Diputación. Yo no sé la cantidad de gente que habré colocado en 12 años, no lo sé». Son palabras suyas que quedaron grabadas y que darán mucho juego a los historiadores del futuro que quieran establecer paralelismos con la época de la Restauración.

El juzgado de Nules (Castellón) que lleva su caso es una especie de triángulo de las Bermudas en el que los jueces van desapareciendo misteriosamente uno tras otro. Hasta ocho jueces han pasado por allí desde el año 2004. La gran esperanza de Fabra se llama Jacobo Pin, un juez que se ha presentado voluntario al puesto y cuyo padre es un abogado muy próximo al PP (fue cabeza de lista al Congreso en las elecciones de 1977). Seguro que este nuevo juez sobrevive a los extraños torbellinos que se llevaron a sus predecesores.

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Esta llamémosla «afinidad» entre algunos acusados de corrupción y los jueces que les juzgan resulta extremadamente inquietante. Francisco Camps se siente feliz de tener una relación con el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Valencia, Juan Luis de la Rúa, que, en sus propias palabras, va más allá de la amistad. El vínculo de De la Rúa con Camps no se limita a la esfera personal, pues el juez intervino en un acto preelectoral del PP valenciano en 2007. Camps cuenta también con la ayuda y el apoyo del vicepresidente del Consejo General del Poder Judicial, Fernando De Rosa, quien se reunió con el presidente de la Generalitat Valenciana para ayudarle a perfilar una estrategia un día después de que la prensa se enterara de que Camps estaba implicado en la trama de corrupción y financiación ilegal del PP. De Rosa, que ha sido consejero de Justicia en el Gobierno valenciano, insinuó que Garzón estaba prevaricando al no abstenerse de instruir la causa.

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Quizá estas «afinidades» entre políticos y jueces contribuyan a explicar el descaro de Esperanza Aguirre, quien, en un pleno parlamentario, ante las acusaciones de corrupción que le lanzaba la oposición, extendió los brazos y las manos diciendo «¡Mirad cómo tiemblo!». En ese gesto se resume la gran incógnita de la democracia española: si estamos verdaderamente en el Estado de derecho tan anhelado por nuestros liberales o si nos encontramos más bien en un Estado de derecha. Creo que a la derecha, en el fondo, le convendría, por su bien, que en España hubiera un Estado de derecho. A los socialistas, en su momento, les costó reconocerlo y estuvieron a punto de deshacerse por ello. El Partido Popular parece de momento sentirse más cómodo con el Estado de derecha, aunque suponga acabar definitivamente con sus credenciales «liberales».