Esperanza Aguirre acaba de realizar una jugada maestra. La Presidenta de la Comunidad de Madrid ha obligado a dimitir del Grupo Popular de la Asamblea a los 3 diputados imputados en el caso Gürtel: Alberto López Viejo, Benjamín Martín Vasco y Alfonso Bosch. Pero no dejan su acta, se integran en el Grupo Mixto. De esta forma, siguen siendo tanto diputados como aforados, y el caso se mantiene en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid. Aguirre pasa a ser la única dirigente popular que toma medidas contundentes respecto a la trama de corrupción, dado que también fueron apartados de sus cargos implicados de diversos ayuntamientos. De nuevo marca las diferencias con la inactividad de Mariano Rajoy. Y ya se alaba su actuación.

No importa que el Gobierno de Madrid «troceará» 358 contratos que, según el sumario, otorgó el Gobierno de Madrid a empresas relacionadas con la trama entre los años 2004 y 2008, cuyo importe superaba los tres millones de euros de dinero público, y que la Comunidad considera perfectamente legales. O que nombrara a Martín Vasco, este mismo año, presidente de la Comisión que, supuestamente, investigó el espionaje a miembros del PP de Madrid y que terminaría cerrándose sin encontrar signos de tal práctica, pese a las pruebas físicas existentes. Si algo posee Esperanza Aguirre es habilidad política. Sólo tiene un problema que frene sus aspiraciones: su feudo lo tiene en Madrid, los barones regionales recelan de ella, como quedó demostrado en la solapada crisis desatada tras las elecciones generales. Más aún, varios van a muerte contra Aguirre, aunque alguno de ellos, como Camps, no atraviese, precisamente, sus mejores momentos. De ahí también la dependencia de Rajoy del líder valenciano. Y del gallego.

De cualquier forma, faltan como poco diez años para ver un resultado al caso Gürtel. El Gescartera, por ejemplo, surgió en 2001. De mucha menor envergadura, empezó a juzgarse en 2007 y se dictó sentencia un año después. Es decir 7 años de demora. Una sociedad de gestión de valores que esfumó 120 millones de euros, de más de 2000 afectados, incluyendo mutualidades públicas, fundaciones, ONG, congregaciones religiosas, y empresas públicas de los gobiernos del PP, en cuyo círculo e influencias se movía la empresa. Finalmente, fueron 14 los imputados. El principal, Antonio Camacho Friaza, fue condenado a 11 años de cárcel. Hubo otros cuatro condenados a penas menores.

Filesa fue otro sonado caso de corrupción, vinculado a la financiación ilegal del PSOE. Saltó en 1991, por la denuncia de algunos medios de comunicación. Varios bancos y empresas pagaron cientos de millones de pesetas a pequeñas sociedades, relacionadas con la financiación del PSOE, a cuenta de unos estudios que jamás se realizaron. El juicio se desarrolló en 1997 (6 años después) con 39 imputados, de los que se condenó a 5. a penas mínimas. Y a otros 3, el diputado Carlos Navarro y los responsables de Filesa, Luis Oliveró y Alberto Flores, a 11 años de prisión a cada uno. En diciembre de 2000 el Gobierno de José María Aznar decretó su indulto parcial, de tal forma que se redujeron a la mitad sus condenas que hoy están ya extinguidas. El Gobierno socialista actual no tiene relación alguna con los implicados en aquella trama.

Mario Conde. Presidente de Banesto, a quien el Banco de España detecta un agujero de alrededor de 450 mil millones de pesetas. En marzo de 1997 es condenado a seis años de prisión por apropiación indebida de 600 millones de pesetas y por falsedad en documento mercantil. En 2001 la Audiencia Nacional falla contra Conde y le condena a 14 años por los delitos de estafa y apropiación indebida y le obliga a devolver 7.200 millones de pesetas a Banesto. Las defensas recurren al Supremo, y Conde evita la cárcel con una fianza de 500 millones de pesetas.

Luis Roldán. Ex director de la Guardia Civil con el PSOE. Detenido en 1993. Juzgado por la Audiencia nacional y condenado en 1998 (5 años de demora en un caso simple). 28 años de cárcel es la pena, por malversación de fondos públicos, cohecho, fraude fiscal y estafa. Quedó demostrado que se llevó 435 millones de pesetas de los fondos reservados y 1.800 millones en comisiones. Por ello se le impuso una multa de 1.600 millones de pesetas y una indemnización al Estado de 578,9 millones. Ya está en la calle. Y hasta concede entrevistas en televisión.

En ningún caso se tienen noticias de que hayan devuelto el dinero robado.

La amplitud y envergadura del caso Gürtel, los miles de millones -de euros en este caso- de dinero público, insisto, implicados en la trama aún sin atribución de responsabilidades, el hecho de que todavía esté en 3 tribunales distintos y queden pendientes de resolver los recursos a la decisión exculpatoria del Tribunal Superior de Justicia de Valencia, le auguran un largo camino judicial. Entre tanto, y de no exigirse responsabilidades políticas, seguirán celebrándose elecciones con los mismos candidatos y, cuando llegue el juicio, la frágil memoria española habrá olvidado hasta el nombre del sastre de Milano. Será, es,  instrumento de manipulación política interna. La insistencia de los medios, acabará. Esto es España. Su justicia, su política, su periodismo, su ciudadanía.

Actualización 18,30

No os perdáis: A los diputados imputados de Madrid les van a regalar un grupo mixto, según alerta de piezas en los comentarios.