Vivimos tiempos tan duros en España que se hace preciso buscar la vuelta a las leyes que establece la mayoría absoluta del PP. Es lo que ha hecho con enorme habilidad el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz. Ha decidido «inaplicar» la reforma de la Justicia Universal -que acaba de entrar en vigor- y rechaza tanto el sobreseimiento como el archivo de la causa abierta por la muerte del cámara José Couso, según un auto al que ha tenido acceso 20minutos. 

Pedraz argumenta que los delitos contra las «personas y bienes protegidos en caso de conflicto armado», como el que se persigue en esta causa, estaban contemplados en la ley española antes de la reforma, ya que el tratado que rige para ellos es la IV Convención de Ginebra de 1949, que España «firmó, ratificó y publicó» y «forma parte de nuestro ordenamiento jurídico».

Al suscribir ese tratado, España «se obliga a perseguir el delito sea cual sea la nacionalidad de los autores y estén donde estén», explica el juez, añadiendo que la obligación es «clara y terminante».

Olga Rodríguez escribe en eldiario.es que también ha tenido acceso al auto:  «Además, el magistrado indica en el auto que tampoco es necesario comprobar antes si Estados Unidos está investigando o no lo ocurrido en torno a la muerte del cámara gallego José Couso en Bagdad, ya que EEUU no ha suscrito la IV Convención de Ginebra, «con lo que no es Parte Contratante. No cabe, pues, declinar la jurisdicción a EEUU». El auto señala también que no hay ningún proceso abierto en relación al caso Couso en territorio estadounidense».

Inhabilitados Garzón y Silva -casualmente, tras haberse metido en terrenos no convenientes para los intereses del PP-, Santiago Pedraz ha buscado fundamentos jurídicos de calado para el Caso Couso que, en principio, parecen irreprochables. Esperemos que no repercuta negativamente en el magistrado. Porque, visto lo visto,  son de temer consecuencias indeseables para quien entra en terrenos cenagosos.  Constituye, sin embargo, una gran noticia ver a jueces con tal dignidad y valentía. Todos los citados.

Ahora bien, es asunto grave que una mayoría parlamentaria -como la que tiene el PP- entre en tan seria contradicción con un Tratado de tan vital importancia como es la Convención de Ginebra, tras la Segunda Guerra Mundial. ¿Se está legislando contra derechos fundamentales en España? A la vista de varias leyes arbitradas se diría que sí.  ¿Están los tribunales locales a la altura de esta situación con su composición altamente politizada? ¿Qué esta fallando para que tal cosa ocurra?