Asco

De ser cierto lo que publica El mundo, a Diego Pastrana, el joven falsamente acusado de la muerte de su hijastra de 3 años en Tenerife, la policía le enseñó una foto de la niña tras la autopsia ¿alguien imagina cómo es la imagen de un ser humano tras esa práctica?. Plácido Alonso Peña, el abogado de Diego, habría hecho estas declaraciones a Telecinco –y por la hora- al programa de Ana Rosa Quintana. Espero que ello no indique que está ya entrando en el circo.

Diego, a tenor de lo dicho por su letrado, tiene temblores y vómitos, está hundido, y es la causa por la que ha sido ingresado en un centro hospitalario. No parece nada extraño si consideramos que ha perdido a un ser querido y al tratamiento inhumano que él mismo ha recibido.

Fue juzgado de forma sumarísima por quienes no tienen capacidad de hacerlo. Y fue víctima de una cadena de errores imperdonables. Un médico que vio desgarros vaginales y anales donde no los había. El primer facultativo que mandó a casa a la cría porque “los niños son de goma” tras sufrir la caída de un columpio, cuando fue la causa de su muerte. Y la policía que decidió la culpabilidad de Diego sin pararse en barras, aplicándole la tortura de mostrarle la foto  de la pequeña autopsiada, y alimentándole con pan y agua, como en sus mejores sueños represores. Las autoridades sanitarias canarias –como revela este excelente reportaje que El País se ha molestado en elaborar a diferencia de otros medios-. Y el periodismo como veíamos en el post anterior. El director de ABC se disculpa hoy en su vídeo blog, “metimos la pata”, vaya qué mala suerte. También es culpable la sociedad que consume morbo y mentira mediática.

Ya se han empezado a escuchar voces también sobre que, “a lo mejor” no está descartado algún tipo de culpabilidad de Diego, a pesar de la autopsia ha certificado que no hubo malos tratos –remito al mismo reportaje de El País- y que el Juez decretó la libertad sin cargos del injustamente detenido. El daño está hecho. Diego es víctima de una pesadilla kafkiana porque llevó a la niña al hospital cuando, tres días después de la caída fatal, se desvaneció. Y era un hombre. Y joven. Y, quizás, no vestía de Armani.

Asistí como espectadora privilegiada al nacimiento de la basura mediática en el crimen de Puerto Hurraco. Era el estreno de las televisiones privadas. La primera vez que estaban presentes en un suceso. Había más informadores en el pueblo que vecinos y así lo mostré en el reportaje. Luego vendría Alcasser. Y todo lo demás. Había que repartir la tarta, y lograr la mayor porción.

El problema es que no parecemos distinguir entre ficción y realidad. Esto es auténtico. Hay una niña muerta, una familia desolada, un chico que ha sido linchado por todos los flancos. Ha sucedido, no es una película, no una serie de televisión. Todas las víctimas tendrán que afrontar el terrible hecho. Los errores médicos y policiales también son auténticos. Las portadas condenatorias existen. No se ha elaborado para entrenernos. Lo peor es que, si nos guiamos por la experiencia –y es racional hacerlo-, en cuanto esta familia deje de estar de moda, les dejaremos solos con su pena. Sin haber aprendido ninguna lección. A la espera, simplemente, del próximo “error” o “metedura de pata”. Impunes.

Para ello existe la legislación. Y su aplicación. En un reportaje en el que me interesé por los juicios paralelos, Manuel Camas, Decano del Colegio de Abogados de Málaga, aportó muchos datos. “Hoy, tanto la legislación como la jurisprudencia se han volcado en la protección del derecho a la información por encima de otro fundamental con el que colisiona: el de la presunción de inocencia. El sistema jurídico belga considera delito los juicios paralelos de la prensa y Francia promulgó en el año 2.000 una ley para proteger la presunción de inocencia. Por ejemplo se sanciona con una fuerte multa a quien publica fotografias que estan inmersas en una investigación judicial, se obliga a la administración de justicia a tomar todas las medidas para que no haya imágenes de personas esposadas, se puede llegar -ordenado por el juez- a la rectificación de una noticia que no sea exacta y que impute culpabilidad cuando todavía lo que hay es una investigación”.

   Hay salidas a los desmanes. No tanto, parece, a ese limbo en el que viven los consumidores de información basura.

Marta y los jurados populares

Un jurado popular juzgará a los imputados por el asesinato de la joven sevillana Marta del Castillo, uno de los casos más mediáticos que ha conocido España en los últimos tiempos. Una mezcla letal de presunta violencia de género con el descontrol de una parte de la juventud con escasos valores y gran desorientación. El malogrado periodista Javier Ortiz osó escribir una columna bajo el título “Marta no somos todos”, aludiendo a los innumerables casos silenciados que no tienen tanta repercusión. Suele haber una confluencia de factores que focalizan sobre un asunto la atención e, injustamente, no lo hacen en otros. La comprensible lucha de los padres de la víctima en una campaña sin precedentes ha tenido mucho que ver. Han sido muy activos. Hasta recogieron firmas para implantar en nuestro país la cadena perpetua, logrando un gran número de adhesiones. Las voraces fauces del periodismo amarillo les han dado muchas alas. Ellos no saben que las cercenarán en cuanto el caso pierda morbo.

El jurado popular unido al juicio paralelo de la opinión pública fomentado por los medios, ha dado páginas alarmantes. Sin contar, la influencia de prejuicios en el caso estricto del Jurado. Hay varias muestras, por ejemplo,  la absolución del asesino confeso de un doble crimen en Vigo porque las víctimas eran homosexuales, o las absoluciones de presuntos terroristas que se produjeron en el País Vasco por miedo.

Me detendré en otro gran caso mediático: el asesinato de Rocío Wanninkhof . Un jurado popular condena a Dolores Vázquez –amiga y anterior compañera sentimental de la madre de la víctima- a 15 años de prisión de los que cumple 17 meses, en los que su vida y especulaciones sobre ella son aireadas por los medios. La madre habla sin dudas de la culpabilidad de su expareja. Y hasta un Guardia Civil de Mijas, en declaraciones a Informe Semanal, toma incomprensiblemente partido con opiniones sin datos: “El móvil era una rencilla, era mucho cariño unido a odio, y eso ha provocado esa reacción, un odio comprensible tras 15 años de convivencia, esta se acaba, se ha roto por una persona y esa persona va a pagar por todos los demás”.

Pero las pruebas no lo demuestran. Es una cadena que va a infectar a todos los actores del proceso. Dadas las irregularidades detectadas en el juicio, el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía ordena repetirlo. Estima que el jurado popular llegó a las sesiones con la decisión tomada.

Pedro Apalategui, abogado defensor Dolores Vázquez, me cuenta mucho tiempo después: “Influyó no solamente en el jurado, influyó en la defensa que fui yo, en la acusación. Se utilizaron términos increíbles para convencer al jurado por ausencia de razones como el del ministerio fiscal que dijo: “yo estoy convencido señores, y como tengo esa convicción, den Vds. un veredicto de culpabilidad aunque aparentemente las pruebas no sean muy relevantes”. Se confunden los términos, cuando tienes que utilizar el concepto de conjetura utilizas el concepto de indicio y todo eso va calando en la mentalidad de los jurados. En el asunto de Dolores Vázquez llegaron a la conclusión de su culpabilidad porque decían “si quien sabe de esto la mantiene presa durante un año y medio qué vamos a decir nosotros”.

Increpada por una jauría humana en todas sus entradas y salidas de los juzgados, cuando se juzgó a Tony Alexander King –que sería culpable convicto de la muerte de Rocío- hay 140 medios acreditados en la Audiencia de Málaga. Yo he acudido con Informe Semanal para hablar de los juicios paralelos en general. La madre obvia a King y sigue mirando a Dolores, el Juez de la causa prohíbe expresamente hablar de Dolores en la sala. El ministerio de Justicia acabó ofreciendo una indemnización a la víctima… del juicio paralelo y del jurado popular. Y mientras el aparato judicial y social se ocupa de una inocente, el auténtico asesino, viola y mata a otra chica: Sonia Carabantes.

Es difícil confiar en la imparcialidad de un jurado popular cuando ha sido manipulado por los medios. Nunca le darán, por cierto, la misma relevancia a su equivocación que cuando piden la sangre culpable que ellos han señalado.

Los juicios paralelos tienen detrás muchas victimas tras de sí. Carmen Salanueva, directora del Boletín Oficial del Estado a finales de los 80 –en plena época del circo de la corrupción socialista y su tratamiento en los medios- fue acusada de fraude en la adquisición de papel para el organismo. Acribillada, linchada, entonces por ciertos sectores de la prensa –las preguntas y acusaciones que captaron las imágenes ofendían la dignidad humana-, enfermó de cáncer y murió antes de que se conociera la sentencia absolutoria en 2001 a la que no se dio especial relevancia informativa. Ese caso me impactó mucho. Y es informativo utilizar la memoria.

La justicia española tiene muchos defectos, pero son profesionales al menos. La experiencia pone en duda que los jurados populares sean el instrumento democrático para el que fueron creados. Entiendo la posición de los padres de Marta, incluso su huída hacia delante para no preguntarse si supieron las compañías que frecuentaba su hija, pero ni es admisible pedir cadena perpetua en un sistema judicial no vengativo –los que lo son han revelado graves errores e injusticias, incluso inoperancia-, ni confiar en la resolución justa del caso con el criterio de unos ciudadanos que será difícil no estén contaminados. Como en tantos otros terribles casos, la justicia ha de buscar al verdadero culpable valorando pruebas e indicios. Y nada ni nadie va a quitarles su imborrable dolor, con el que -seguro- les dejaron solos pasado un tiempo.

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