“Cuatro vocales del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) han pedido la dimisión de su presidente, Carlos Dívar, durante el pleno extraordinario para pedir explicaciones por los 20 viajes de fines de semana de cuatro días o más a Puerto Banús (Marbella) con cenas de dos personas en restaurantes de lujo. El vocal que denunció a Dívar, José Manuel Gómez Benítez, no ha pedido su renuncia en el pleno, pero ya lo había hecho con anterioridad. En la reunión, que ha durado cinco horas y que se ha celebrado en el más completo hermetismo, sin teléfonos móviles ni Internet para evitar filtraciones, otros siete vocales han pedido la dimisión Benítez”. Así comienza una crónica indispensable que firman en El País José Yoldi  y José Antonio Hernández.

Tras una trama que se lee con el vómito a flor de boca, hay un párrafo c lave:

“El caso es que la inmensa mayoría de los vocales saben que los viajes a Marbella no eran oficiales y también con quién cenaba el presidente, pero no quieren hacer sangre. Solo si Dívar en un error de cálculo intenta alguna jugada extraña —el viernes pasado había pedido los gastos de viajes y protocolo de todos los vocales, pues había dicho que si él caía no lo haría solo— o les miente podría provocar que un grupo de vocales —a algunos de los que se han reunido estos días los funcionarios les llaman “los indignados”— se ponga de acuerdo en hacerle caer. De momento, las componendas de poder son más importantes que el repudio a la inmoralidad y a la falta de estética”.

Cuando recibí el texto para Actúa de Baltasar Garzón fui leyendo, atónita su diagnóstico de la Justicia española. Ya destaque la pérdida casi absoluta de relevancia internacional que señala, o la mala calidad técnica que se da comparada con otros países en opinión de Garzón. Pero contaba más cosas y no me resisto a incluir varios párrafos de su capítulo del que he tomado prestado el título para este post:

 “Desgraciadamente, aquellos que se atreven a alzar la voz dentro del ámbito de la Justicia para mostrar su rechazo,  son  los menos, pero también los mejores, porque ante la “amenaza” de la “Corporación” con sus instrumentos organizados, se impone el silencio y la sumisión.

 (…)

 En el sistema judicial español, hay buenos jueces, pero eso no es suficiente cuando el sistema falla por arriba y cuando se percibe muy alejado de lo que una sociedad moderna y democrática, como la española, necesita.

(…)

Resulta necesario abordar una serie de medidas que contribuyan realmente a la limpieza del poder judicial y a alejarlo del ámbito de influencia que existe en la actualidad por parte de otros colectivos del mundo de la empresa, la política y  la abogacía. La confusión que se produce entre estos ámbitos da la impresión que está diseñada para obtener posiciones de ventaja ante quien debe mantener la distancia necesaria con aquellos que pueden estar sometidos a su jurisdicción.

Las participaciones remuneradas de jueces y magistrados en encuentros, cursos y conferencias, seminarios o proyectos dirigidos y financiados por empresas, colegios de abogados o de otros profesionales, entidades de seguros o bufetes de abogados que tan frecuentes son, resulta inaceptable. Es imposible que se guarde la imparcialidad cuando se reciben emolumentos de quienes después tienen que actuar en el juzgado o tribunal defendiendo intereses particulares contrapuestos. En tales casos se produce un conflicto de intereses que, ni siquiera es entre el juez y quien lo  apoya o financia, sino entre aquél y la propia sociedad a la que debe defender y que por esa actitud sufrirá las consecuencias. Lo mismo acontece con la dependencia fáctica de algunos profesionales de la justicia de algún grupo político o económico.

 Resulta inaceptable la imagen de un magistrado en ejercicio y en el más alto tribunal que a la vez desarrolle una función docente como responsable de un área de un lobby dedicado a promocionar cursos y conferencias y que está financiado por bancos y entidades privadas y por bufetes de abogados que tienen casos en la jurisdicción del afectado, y no consta que se abstenga en los casos correspondientes. Pero es que, en todo caso, la imagen que se da resulta inadmisible. Como la que se obtiene con la asistencia masiva de las más altas esferas judiciales a actos, palcos futbolísticos y otros eventos propiciados por particulares o políticos que pueden verse afectados por actuaciones judiciales. No dudo de la honorabilidad de esos funcionarios, pero no está bien. No solamente hay que serlo, sino también parecerlo. En definitiva, lo que se busca es que deje de ser una opción personal y pase a ser una obligación legal”.

Y más…