Día de trajes nuevos, sonrisas recién estrenadas y viejas retrancas en la sede del Congreso de los Diputados. Celebran 41 años de la Constitución de 1978 que puso fin, formalmente, a la extensa e intensa dictadura franquista. Es el día de las críticas y los tópicos, de los elogios y los vacíos. Una Constitución no debería servir solo para llenarse la boca sino como norma de obligados cumplimientos. Dudo que haya una en el mundo entero que lo haga. Hay algunos textos henchidos de ideales. Incluyen hasta la búsqueda de la felicidad. Nuestros compañeros de historia, los portugueses, apelaron en la suya (1976), tras la correspondiente dictadura, a bases de dignidad en el empeño de construir «una sociedad libre, justa y solidaria».
Nuestra Constitución fue mucho más sobria. Invocó justicia, libertad y seguridad, le dio la forma de monarquía parlamentaria con el candidato a la jefatura del Estado que había designado el propio Franco y fue escrita solo por hombres, como solía pasar en aquellos tiempos. Sin duda, además, fue redactada bajo la presión de los vencedores de la guerra civil, la que habían desatado y de la que salieron por completo impunes. Pero, asombrosamente, al calor de los tiempos, al calor de las inmensas ganas de democracia que muchos españoles tenían, resultó un texto con medidas sociales mucho más progresistas de lo que ahora se incluirían. Desde hace años, desde la hegemonía, abusos y crisis del capitalismo la tendencia va a rebajar derechos. La involución es un hecho que en algunos países intenta revertir tímidamente el centro izquierda. Léase el Reino Unido, Portugal, España; hasta la socialdemocracia alemana se está poniendo las pilas para que no termine de engullirle la ola.
Recordaba este 6 de diciembre en las redes algunas ideas del periodista Ignacio Escolar, todavía sin nacer eldiario.es, en uno de los libros colectivos que escribimos: «Si la Europa arruinada de la posguerra fue capaz de construir el Estado del bienestar, ¿por qué la Europa próspera del siglo XXI va a ser incapaz de mantenerlo?» Y la constatación de que la redistribución de la riqueza que propugna la Constitución ya en 2012 parecía propia de peligrosos antisistema. Y la bola siguió creciendo y hoy nos vemos como nos vemos, con alguna esperanza que hay que trabajarse «para que pueda ser», dicho sea remedando a Labordeta.
Ahora bien, de las peores trágalas del momento actual es escuchar que son «constitucionalistas» gentes que solo creen en menos de media docena de sus artículos. A saber: el 2, que afirma la «indisoluble unidad de la Patria», los que se refieren a las fuerzas del orden para mantenerla, el 155 para coartar la libertad de los catalanes independentistas o no, y el 135, que fue el único que se modificó en este periodo –a salvo de una pequeña corrección en otro momento–. Para cortar derechos ya. En 2010, cuando, tras el derrumbe financiero, nos hicieron pagar sus platos rotos a los ciudadanos. Con aval constitucional, se estableció la prioridad del pago a los acreedores sobre cualquier necesidad de los ciudadanos. ¿Y no saben? Sí saben, la deuda, ya con Mariano Rajoy al frente del Gobierno, se disparó a niveles de récord histórico.
Mariano Rajoy es un gran «constitucionalista». Ha vuelto dando lecciones y ha sido muy aplaudido por los desmemoriados. Aquí, en las nuevas evaluaciones del rescate bancario (66.577 millones de euros) que les dieron casi a fondo perdido encontrarán unos cuantos pilares más de los «constitucionalistas».
El PP está lleno de ellos. De estos, del 2 y el 155 y el garrote, y del 135. De Argentina se vino su portavoz, Cayetana Alvárez de Toledo, que rezuma democracia en cada una de sus intervenciones. Y en Madrid nos plantaron a Martínez Almeida en el Ayuntamiento y a Díaz Ayuso en la Comunidad. Muy elogiada por medios como TVE en sus telediarios, por haber tosido a la ultraderechista Monasterio antes de no firmar, al igual que ella, una declaración de condena al lanzamiento de una granada contra el centro de menores migrantes de la calle Hortaleza en Madrid. De no firmarla.
Begoña Villacís e Inés Arrimadas van de airosas «constitucionalistas» por el escaso recorrido de la representación política en la que ha quedado su partido, Ciudadanos. Desde esa convicción patriótica, los votos reales no cuentan, se pisa fuerte y ya está. Se es «constitucionalista» de palo y recortes y no se hable más.
Se ha llegado a la osadía de llamar «constitucionalistas» a los miembros del partido ultraderechista Vox. Una formación que arrasa con numerosos preceptos constitucionales, partiendo de los que explicitan que no se admite «discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social». Hoy, su líder, Santiago Abascal, según nos cuentan, no ha estado en la recepción del Congreso porque se ha ido «a defender la Constitución» en una manifestación en Barcelona. Ahí los tienen, un ultra «constitucionalista». Claro que quiere reformarla para suprimir las autonomías. Hoy en Barcelona han exhibido una pancarta pidiendo la derogación de la Ley de Violencia de Género. Su España y su «constitucionalismo» son así.
Pablo Casado en cambio no quiere ni tocar la Constitución. El precedente de su partido, Alianza Popular, votó en contra aquel 1978, pasados 40 años ya les gusta. Las constituciones se reforman para la convivencia, no para desecarlas como Vox. La Primera Enmienda de la norteamericana fue en 1791, a los 4 años de promulgarse.
Lo realmente espectacular es la elevada autoestima de la que alardean gran parte de quienes se autodenominan «constitucionalistas». Con la soberbia que caracteriza esa sensación irreal de superioridad, creen que todos desprecian como ellos a cualquiera que valore el potencial perfeccionamiento o cambios en la Constitución. Incluso el texto completo con tanta literatura accesoria.
Gentes como Aznar y la mayoría de los citados se sienten elegidos por la gloria de lo que llaman ser «constitucionalistas» sin defender los valores que la norma básica incluye. De su aprecio por la Constitución, de su lucha por lograrlos, quedarían fuera más de un centenar de artículos de los 169 que tiene, siendo generosos con ese cómputo. Esperanza Aguirre, por ejemplo, cree que el PP debe hacer un esfuerzo, para evitar que «el Gobierno caiga en manos de independentistas y comunistas bolivarianos». Ellos son mucho mejores.
Unidos a ese coro político, numerosos periodistas y medios de este camino perdido defienden ese peculiar «constitucionalismo». Todo cuanto quede al margen de este estereotipo les parece condenable. Con ese plantel y su historial, pasado hasta por los tribunales, el hoy presidente del PP acusa a Pedro Sánchez de haber elegido «a los enemigos de la Constitución». De lo que todos ellos interpretan es su Constitución, la que se deja fuera un buen número de derechos y servicios que afectan a la vida diaria de los ciudadanos.
Y así nos vemos con un Pablo Iglesias, consciente de que de nuevo van a por él y todos ellos, abrazado al Mal Menor y proclamando hasta la buena salud de la monarquía. Mucho parece pesar el rey que solo reina, sin gobernar, según dicen. El legítimo pragmatismo de lo que se puede hacer desde un gobierno progresista y el peligro de lo que, sin él, nos vendría encima, quizás no debería aparcar, al menos, los desajustes mostrados por esa institución.
Singular España y variopinta sociedad que celebra este puente, luchando por el clima, de vacaciones o abarrotando a niveles de colapso las tiendas, el símbolo de un descomunal contrasentido. La Constitución española y la Inmaculada Concepción de la Virgen elevada a fiesta nacional. No es de extrañar que los «constitucionalistas» del séptimo día se hagan notar tanto.
El Periscopio 