La letra pequeña

Rosa María Artal

Olvídense por un momento de los “zascas” y los “repasos” que algunos colegas dan a los gobiernos que no les gustan, o los “rifirrafes” con el que resumen la confrontación política. Aparten el foco unos minutos de las portadas. Les propongo fijarnos hoy en la letra pequeña. Los periódicos de papel vienen con la euforia de las noticias que asocian vacuna y bolsa. Las buenas perspectivas –de salud y recuperación económica- que podría ofrecer el hallazgo de las farmacéuticas Pfizer y su socia alemana BioNTech, que parecen alumbrar la luz al final del túnel, o a medio camino en la buena dirección. Dejemos sin embargo siquiera que el ensayo concluya antes de desmenuzar los pormenores de lo que en realidad no se sabe. La vacuna, el optimismo de los mercados, el goteo de víctimas del coronavirus –convertido ya en estadística monótona- y las habituales declaraciones de políticos ocupan la primera plana de una actualidad que viene también con mucha letra pequeña. Y con temas de envergadura que cada medio aúpa y quedan ocultas, total o parcialmente, bajo el marasmo del conjunto.

Este martes ha comenzado por ejemplo el juicio por los atentados del 17-A en Barcelona y Cambrils que parece tratarse, informativamente, como un asunto local y de Catalunya para colmo, pensarán. Es cierto que los miembros de la célula yihadista fueron abatidos por los Mossos o murieron en la explosión de Alcanar, pero son demasiados los interrogantes que quedan. Desde el comienzo fue un asunto intensamente politizado que pasó por encima de un terrible balance que nos dejó sobrecogidos: 16 muertos y más de 130 heridos de distintas nacionalidades. Y quedaron demasiadas sombras en el aire.

Hemos sabido que el dolor de la pandemia fue por barrios. Las empresas del Ibex repartieron más de 9.500 millones de euros entre sus accionistas. Los trabajadores ganaron 121 veces menos que los altos directivos. Son datos del Informe Anual de Oxfam Intermón. Los medios generalistas, sin duda la televisión, nos contarán sus quejas acerca de lo que son o no son avisados por el Gobierno o sobre lo que éste decide. La patronal no está de acuerdo con la subida del sueldo a los funcionarios de 0,9%. Prefieren “premiar” a los sanitarios a costa de otros.

Sabremos profusamente de los llantos de los restauradores y hoteleros por el cierre o recorte de horario de sus negocios. Con toda razón: hay una pandemia que ha matado solo en España a más de 39.000 personas, más de 1.200.000 en el mundo. Pero apenas tendremos noticia de los asalariados despedidos en esos mimos sectores, o en el comercio o los que vivían de actividades informales. Este gobierno se ha ocupado preferentemente de los más vulnerables pero es demasiado amplio el campo de esta tragedia. Porque muchos ciudadanos han pasado “De la economía sumergida y la precariedad al desamparo” como cuenta en Público el periodista Eduardo Bayona. Oenegés y colectivos sociales alertan sobre los nuevos pobres de la pandemia. Los mayores, las familias monoparentales, los jóvenes sin recursos se van sumando al colectivo de invisibles para el periodismo convencional. Son letra pequeña. Que sí, que de vez en cuando hay un lugar para ellos aunque no arrasa en el interés de la audiencia.

Los ancianos. La mitad de las muertes en la segunda ola de la pandemia vuelven a darse en las residencias de mayores. Mónica Zas en ElDiario.es suma, con los datos aportados por las comunidades autónomas, que son 23.125 los ancianos fallecidos en geriátricos. Y ahora mismo hay 137 brotes activos con casi 1.900 contagios. Oímos cosas espeluznantes cuando ya había pasado la ceremonia del horror, pero las investigaciones de la Fiscalía por la gestión en las residencias se desinflan. Dice la de Madrid que la tendencia general es el archivo. Algunas familias han optado por llevar sus denuncias directamente a los tribunales, anotaba Laura Galaup.

Desde luego, no hay un manual de pandemia desconocida que establezca de por vida si es conveniente o no usar mascarilla, pongamos por caso. Pero lo que hemos sabido de la gestión de las residencias en algunas comunidades se pasa largamente de incompetencia. No voy a cansarme de repetir que el gobierno Ayuso no ejecutó ninguna de las tres alternativas que tenía ante el colapso de la red pública de hospitales: ni trasladó a los mayores enfermos al Ifema u otros hospitales (lo prohibió por escrito), ni usó la red hospitalaria privada para atenderlos, ni medicalizó las residencias. Lo vimos entre otras informaciones en las de Manuel Rico con pruebas documentales. ¿No sabían a qué conducían esos protocolos? ¿No oyeron los gritos de los ancianos encerrados? ¿Ni siquiera prestaron atención a lo que vieron y contaron Médicos Sin Fronteras? Miles de ancianos, intensos dolores y angustia, letra pequeña.

Y de adultos. El desastre de la sanidad madrileña desde los tiempos de Esperanza Aguirre desembocó en las manos de un ser como Isabel Díaz Ayuso y su gobierno. El periodista Fernando González “Gonzo”, mostró este domingo la sala de UCI con 16 camas en el hospital Infanta Sofía, en San Sebastián de los Reyes, que permaneció cerrada porque adecuarla era “incompatible con las necesidades inmediatas que marcaba el ritmo de expansión de la pandemia”, dice en la Consejerìa de Sanidad. En su lugar se montó el hospital de campaña de IFEMA para que la presidenta Ayuso saliera en los medios feliz. El programa emitido el domingo en La Sexta, tuvo un récord de audiencia para esta nueva etapa: 1,7 millones de espectadores. Los mismos que “La casa fuerte” en Telecinco. En la 1, 2,3 millones veían a Bruce Willis en El Justiciero.

En este corte pueden oír los gritos del silencio, de 80 enfermos exhaustos y de una de las tres enfermeras que los cuidaban, de su impotencia. Emociona mucho, aviso. Y es real, trágicamente real.

 ¿Y saben que ha dicho el consejero de Sanidad? Vean cómo lo contó un médico.

En la letra gruesa están los bulos incesantes de la prensa. Contra Podemos sobre todo, contra el gobierno progresista en su conjunto. Las quejas de muchos de sus creadores y difusores por la supuesta censura que quiere implantar el gobierno. No importa que sea mandato de la UE, sobre legislación que ya existe y sin capacidad sancionadora. Lo esencial es preservar y consolidar la libertad de calumniar y manipular.

Esteban González Pons, que lo sabe como eurodiputado del PP,  suelta en La Razón: “Solo Rusia tiene un organismo similar al Ministerio de la verdad de Sánchez”. El Gobierno hace una interpretación “inaceptable” de los trabajos europeos, afirma. En la UE inquieta la mala relación del presidente con el Estado de derecho, asegura, y que por ello están en juego los fondos europeos. Es mentira. Todo. En Bruselas no creen que peligre el Estado de Derecho en España y menos por el Gobierno. Lo que preocupa en Bruselas es la deriva de Hungría. Enorme.

Hungría amenaza con vetar el fondo de recuperación europeo porque no quiere que se vinculen las ayudas al respeto al Estado de Derecho que ellos se pasan por el forro. La Vanguardia le dedica artículo y editorial al tema. Gravísimo. Dado lo que el ultraderechista húngaro Viktor Orbán quiere consagrar en Europa. La hipocresía infinita de González Pons, Casado y el PP en su bloque no cuenta con que el periodismo guarda la letra pequeña de sus acciones. En abril, Casado se negó a firmar una carta con 13 partidos del PPE, Partido Popular Europeo, que pidieron expulsar a Orbán de la Unión Europea. Sus medidas autoritarias “diluyen en la práctica el estado de derecho en su país”, argumentan. El PP español lo avala, lo defiende frente a otros y tiene el valor encima de lanzar esas acusaciones contra España que sería víctima de su amigo.  No era la primera vez. En Febrero, como contaba Andrés Gil, el PP de Casado ‘sostuvo’ ya al ultra Orbán mientras se codeaba con los líderes de la extrema derecha europea. En aquella ocasión, lo hicieron otros líderes del PPE que en abril cambiaron de postura.

Publicado en ElDiario.es el 10 de noviembre de 2020

Los comentarios están cerrados.
A %d blogueros les gusta esto: